Nuestra Firma

Fundado en 1931, MORENO BALDIVIESO es el estudio jurídico boliviano con mayor reconocimiento internacional, en virtud a la calidad en el asesoramiento especializado que provee en las distintas áreas del derecho empresarial a clientes nacionales y extranjeros. Actualmente, MORENO BALDIVIESO cuenta con oficinas en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. 

Nuestra prioridad por excelencia, es otorgar un servicio integral, con soluciones efectivas, creativas y responsables acorde a las necesidades de cada cliente. Nos enfocamos en mantener una relación de largo plazo y de trabajo en equipo con nuestros clientes, brindando una atención personalizada.

Contamos con un equipo multidisciplinario de 40 abogados reconocidos en nuestro país, con formación nacional e internacional y estudios de postgrado en las más prestigiosas universidades alrededor del mundo. Nuestros profesionales tienen fluidez en los idiomas español, inglés, francés, alemán y portugués.

Nuestro conocimiento especializado, nos ha generado la oportunidad de ser parte de las operaciones de negocios más complejas e importantes realizadas en el mercado boliviano. Estamos orgullosos de representar a empresas multinacionales, organismos internacionales y empresas locales en el desarrollo exitoso de sus proyectos. Los diferentes rankings legales avalan nuestra trayectoria y han reconocido ampliamente nuestro liderazgo en el sector legal del país.

Equipo

Socios
Directores Asociados
Asociados Senior
Asociados
Asociados Junior
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Ramiro Moreno Baldivieso

Socio

Email morenob@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Es el socio senior de Moreno Baldivieso. Admitido en Bolivia y Argentina, cuenta con un LLM de Harvard Law School y con más de 35 años de experiencia en el ámbito del derecho. Es reconocido internacionalmente como uno de los mejores abogados corporativos de Bolivia, ex conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Cónsul Honorario de la República de Estonia y durante su carrera ha prestado sus servicios a varias de las más importantes empresas multinacionales y organizaciones internacionales, tales como, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), International Finance Corporation (IFC) y otros. El Dr. Moreno se encuentra altamente ponderado en Chambers & Partners, The Legal 500 y Latin Lawyer 250.

Áreas de práctica

Derecho Corporativo
Fusiones y Adquisiciones M&A
Arbitraje Internacional
Seguros
Minería
Telecomunicaciones
Propiedad Intelectual
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Minero y de Hidrocarburos
Derecho de Seguros
Derecho Regulatorio
Financiamiento Internacional
Inversión Extranjera

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz, Bolivia 1974, “Licenciado en Derecho”

Harvard Law School, Boston Massachusets, 2002, “LLM - Master en Leyes”

Harvard Law School, Boston Massachusets, 1992, “Program of Instruction for Lawyers”

Universidad Complutense Madrid,1989, “Especialización en Derecho Comparado”

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Andrés Moreno Gutierrez

Socio

Email amorenog@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Es socio de Moreno Baldivieso. Admitido en Bolivia, con más de 15 años de experiencia en derecho corporativo y la estructuración de transacciones internacionales. El Sr. Moreno cuenta con un LLM de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) en España y post grados de Harvard Law School y Oxford University. El Dr. Moreno se encuentra altamente ponderado en Chambers & Partners, The Legal 500 y Latin Lawyer 250.

Áreas de práctica

Arbitraje Internacional
Derecho Corporativo
Fusiones y Adquisiciones M&A
Seguros
Minería
Telecomunicaciones
Propiedad Intelectual

Formación académica

Universidad Católica Boliviana 2000, La Paz, Bolivia, Licenciado en Derecho.

Harvard Law School 2002, “Postgrado en Derecho Corporativo, Boston USA.

Universidad Pontificia Comillas (ICADE) – Madrid, España “Master en Asesoria Jurídica de Empresas”.

Oxford University, “Postgrado en Derecho Financiero Internacional 2006, Oxford, Inglaterra.

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Luis F. Moreno Gutierrez

Socio

Email lmorenog@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Es socio de Moreno Baldivieso y managing partner de la oficina en Santa Cruz. Admitido en Bolivia y España, cuenta con más de 14 años de experiencia en las aéreas del derecho corporativo, transacciones internacionales, tributarias y laborales. El Dr. Moreno cuenta con un máster en asesoría jurídica de empresas del Instituto de Empresa (IE) en España y un máster en finanzas de la Universidad Católica Boliviana. El Dr. Moreno se encuentra altamente ponderado en Chambers & Partners, The Legal 500 y Latin Lawyer 250.

Áreas de práctica

Fusiones y Adquisiciones M&A
Corporativo
Agrario
Arbitraje
Seguros
Propiedad Intelectual
Tributario

Formación académica

Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España, Letrado Asesor de Empresas

Harvard Law School, Boston, Massachusetts, “Negotiation”

Harvard Law School, Boston, Massachusetts, “Program Instruction for Lawyers (PIL)”

Universidad Austral, Buenos Aires Argentina, “Especialización en Derecho Tributario Internacional”

Universidad Mayor de San Andres, La Paz, Bolivia, “Licenciado en Derecho”

Instituto de Empresa IE. Madrid, España, “Master en Asesoría Jurídica de Empresas”

Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivia, “Master en Finanzas Empresariales”

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Delfor Zapata Avendaño

Socio

Email dzapata@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Contratación Mercantil
Derecho Societario
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Minero y de Hidrocarburos
Derecho de Seguros
Derecho Laboral
Derecho Regulatorio
Derecho Tributario
Ingeniería y Construcción
Arbitraje Nacional e Internacional

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia, 1992: “Licenciado en Derecho”

Universidad Andina Simón Bolívar, 1996 “Especialista en Derecho Tributario”

Universidad Andina Simón Bolívar, 1997, La Paz Bolivia “Especialista en Derecho Empresarial"

Universidad Andina Simón Bolívar, 2000 “Maestría en Derecho Económico –Derecho Tributario"

Universidad de Chile, 2003, “Diseño de Políticas Públicas para enfrentar el delito en Democracia”

Universidad Mayor de San Andrés, 2009 “Diplomado en Educación Superior, “Organización, Administración Pedagógica del Aula”

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Miguel Angel Jemio M.

Socio

Email majemio@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés, Francés

Áreas de práctica

Derecho Corporativo
Fusiones y Adquisiciones M&A
Arbitraje Internacional
Seguros
Minería
Telecomunicaciones
Derecho de Seguros
Derecho Regulatorio

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia, 1994: “Licenciado en Derecho”

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José Paul Aramayo Salinas

Socio

Email paramayo@emba.com.bo

idiomas Español

Es socio de Moreno Baldivieso y Director de la oficina en Santa Cruz, cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en Moreno Baldivieso, tanto en las oficinas de La Paz y Santa Cruz en las aéreas del derecho laboral, corporativo, administrativo y civil.

Áreas de práctica

Derecho Laboral
Derecho Administrativo
Derecho Comercial
Derecho Civil

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, : “Licenciado en Derecho”

Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz – Bolivia “Diplomado en Derecho Administrativo”

Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz – Bolivia “Maestría en Derecho Administrativo”.

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Daniel Arredondo Zelada

Socio

Email darredondo@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Fusiones y Adquisiciones
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Minero y de Hidrocarburos
Derecho de Seguros
Derecho de Telecomunicaciones
Financiamiento Internacional
Inversión Extranjera
Transacciones Internacionales
Arbitraje Nacional e Internacional (Ad-hoc/CIADI/CCI)

Formación académica

Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz - Bolivia, 2003: Licenciatura en Derecho.

Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz - Bolivia, 2003: Postgrado: Práctica Jurídica en Regulación Sectorial.

Universidad de Barcelona, Barcelona - España, 2004-2005: Máster en Derecho Empresarial.

American University, Washington College of Law – Center on International Commercial Arbitration, Washington DC - USA, 2013: Diploma en Arbitraje Comercial Internacional.

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René Claure Veizaga

Socio

Email rclaure@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Es socio de Moreno Baldivieso, con más de 11 años de experiencia en el ámbito del derecho. Graduado con honores, se inició y ha desarrollado toda su actividad profesional en Moreno Baldivieso, contando actualmente con amplia experiencia en las áreas de derecho corporativo, laboral y seguridad social, construcción e ingeniería y agroindustria.

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Comercial
Derecho Bancario y Financiero
Derecho de Seguros
Derecho Regulatorio
Ingeniería y Construcción
Derecho Procesal
Arbitraje Nacional e Internacional (Ad-hoc/CIADI/CCI)

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2006: Licenciado en Derecho (Graduado por Excelencia Académica).

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2007: Diplomado en Educación Superior e Investigación.

Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz - Bolivia, 2011: Máster en Derecho del Mercado Financiero.

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René Cuellar Miranda

Socio

Email rcuellar@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Corporativo
Derecho Constitucional
Derecho Laboral
Derecho Regulatorio

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés - UMSA, La Paz – Bolivia, 2006: Licenciado en Derecho (Graduado con Excelencia Académica).

Universidad Andina Simón Bolívar, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, 2009: Maestría en Derecho Constitucional.

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, 2013: Maestría en Derecho Empresarial.

Ramiro Moreno Baldivieso

Socio

Andrés Moreno Gutierrez

Socio

Luis F. Moreno Gutierrez

Socio

Delfor Zapata Avendaño

Socio

Miguel Angel Jemio M.

Socio

José Paul Aramayo Salinas

Socio

Daniel Arredondo Zelada

Socio

René Claure Veizaga

Socio

René Cuellar Miranda

Socio
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Rodrigo Moreno Gutierrez

Director Asociado

Email rmoreno@gabrielip.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Propiedad Intelectual

Formación académica

Lynn University; Licenciado en Administración de Negocios.

European Business School, London; Master en Negocios Internacionales.

University of New Hampshire School of Law – Franklin Pierce Center for Intellectual Property: Master en Propiedad Intelectual.


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Natalio Eduardo Zegarra Ribera

Director Asociado

Email nezegarra@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Bancario
Derecho Laboral

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia: “Licenciado en Derecho”

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia: Diplomado en Derecho Laboral

Universidad Católica San Pablo, La Paz – Bolivia: Diplomado en Derecho Bancario

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Carlos Merino Troche

Director Asociado

Email cmerino@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Fusiones y Adquisiciones
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Administrativo
Derecho de Seguros
Derecho Registral e inmobiliario
Bienes raíces
Asesoramiento Fundaciones, ONG, Asociaciones sin fines de lucro

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia “Licenciado en Derecho”

Universidad Simón Bolivar : “Diplomado en Derecho Empresarial”

Universidad – Simón Bolivar “ Maestria en Derecho Económico

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia, “Diplomado en Procedimiento Civil ”

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Yamila Droguett de Mattos

Director Asociado

Email ydroguett@gabrielip.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Propiedad Intelectual e Industrial
Marcas
Patentes
Copyright
Infracciones
Derecho Comercial
Derecho Civil

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz –Bolivia, 1999: Licenciada en Derecho.

WIPO. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Curso General de Propiedad Intelectual I OMPI- WIPO
Curso Especializado sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos DL 201 OMPI-WIPO.
Curso General de Propiedad Intelectual II OMPI – WIPO.
Curso Internet Derecho Comercio Electrónico OMPI – WIPO.

Rodrigo Moreno Gutierrez

Director Asociado

Natalio Eduardo Zegarra Ribera

Director Asociado

Carlos Merino Troche

Director Asociado

Yamila Droguett de Mattos

Director Asociado
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Juan José Cuevas Simons

Asociado Senior

Email jcuevas@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Minero y de Hidrocarburos
Derecho Corporativo
Fundaciones, Asociaciones y ONG´s
Derecho Laboral
Arbitraje
Derecho Tributario

Formación académica

Universidad Católica Boliviana, La Paz- Bolivia, 2000: Licenciatura en Derecho.

Universidad de Barcelona, Escuela de Estudios Empresariales, Barcelona-España, 2002: Máster en Derecho Empresarial.

Universidad Católica del Brasilia- Universidad Salesiana, La Paz-Bolivia, 2005: Diplomado en Educación Superior.

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Teddy Mercado Carrión

Asociado Senior

Email tmercado@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés, Francés

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Fusiones y Adquisiciones
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Minero y de Hidrocarburos
Derecho de Seguros
Derecho Regulatorio
Financiamiento Internacional
Inversión Extranjera
Ingeniería y Construcción
Arbitraje Nacional e Internacional (Ad-hoc/CIADI/CCI)

Formación académica

Universidad Privada Boliviana, La Paz – Bolivia, 2008: Licenciado en Derecho.

Georgetown University Law Center, Washington D.C., 2009 : “Diplomado en Fusiones y Adquisiciones”.

Université Panthéon – Assas Paris 2, Paris – France, 2010: LL.M. Derecho Internacional de los Negocios (Graduado con Honores).

Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, La Paz – Bolivia, 2011: Diplomado en Negociación, Conciliación y Arbitraje.

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia, 2014: Diplomado en Educación Superior.

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Freddy Paredes

Asociado Senior

Email fparedes@gabrielip.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Intellectual Property

Formación académica

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Fernando Sanchez Peña Von Nagy

Asociado Senior

Email fsanchez@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Fusiones y Adquisiciones
Derecho Procesal
Derecho Laboral y Seguridad Social
Derecho de Seguros
Derecho Regulatorio

Formación académica

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, La Paz – Bolivia, 2003: Licenciado en Derecho (Graduado con Honores).

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA. Santa Cruz, 2001: Diplomado en Comercio Exterior.

Servicio de Asesoramiento Informativo, Tributario, Económico, Laboral y Social “SAITELS”, La Paz-Bolivia, 2007: Diplomado en Legislación Laboral.

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, La Paz – Bolivia, 2006: Diplomado en Educación Superior.

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Daniel Virreira Méndez

Asociado Senior

Email dvirreira@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Societario
Derecho Comercial
Derecho Laboral
Derecho Regulatorio
Derecho Civil
Derecho Penal

Formación académica

Universidad Privada Boliviana, La Paz – Bolivia, 2005: Licenciado en Derecho.

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Juan Pablo Zegada Arteaga

Asociado Senior

Email jpzegada@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Comercial
Derecho Laboral
Negociación, conciliación y Arbitraje Nacional

Formación académica

Universidad Católica Boliviana, Cochabamba – Bolivia, 1999: Licenciado en Derecho.

Universidad Privada Boliviana y Universidad de los Andes Colombia, Cochabamba – Bolivia, 2006: Máster en Derecho Empresarial.

Juan José Cuevas Simons

Asociado Senior

Teddy Mercado Carrión

Asociado Senior

Freddy Paredes

Asociado Senior

Fernando Sanchez Peña Von Nagy

Asociado Senior

Daniel Virreira Méndez

Asociado Senior

Juan Pablo Zegada Arteaga

Asociado Senior
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Natalie Cortez Quiroz

Asociado

Email ncortezq@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Ambiental
Derecho Corporativo
Derecho Laboral
Derecho Comercial
Derecho Administrativo

Formación académica

UPSA- Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 2008: Licenciada en Derecho.

UAGRM - Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz – Bolivia, 2012: Maestría en Tecnología del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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David Cuellar Franco

Asociado

Email dcuellarf@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Administrativo
Derecho Inmobiliario.

Formación académica

Universidad Autónoma “Gabriel Rene Moreno” – Bolivia, 2014: “Licenciado en Ciencia Jurídica.

Diplomado en Derecho Procesal Civil.

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José Javier Galeb Claure

Asociado

Email javierg@emba.com.bo

idiomas Español, Portugués

Áreas de práctica

Derecho Administrativo y Regulatorio
Derecho Mercantil y Societario
Contratación Civil y Comercial
Derecho Bancario

Formación académica

Universidad Católica Boliviana, La Paz – Bolivia, 2006: “Licenciado en Derecho”.

X

Gregorio Huaranca Mamani

Asociado

Email ghuaranca@emba.com.bo

idiomas Español, Aymara

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Laboral
Derecho Familiar
Derecho Agrario
Derecho Administrativo
Derecho Comercial

Formación académica

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Tarija – Bolivia, 2007: Licenciado en Derecho.

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Ronald Lazarte Zeballos

Asociado

Email rlazarte@gabrielip.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Propiedad Intelectual e Industrial
Derecho civil
Procesal Civil
Derecho Administrativo
Derecho Comercial

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2013: Licenciado en Derecho.

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2015: Diplomado en Derecho Procesal Civil.

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Sara Mendoza

Asociado

Email smedonza@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Formación académica

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Andrea Nemer Sabag

Asociado

Email anemer@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Derecho Comercial

Formación académica

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, Santa Cruz – Bolivia, 2008: Licenciada en Derecho

Universidad San Francisco de Asis, La Paz – Bolivia 2007: Diplomado en Educación Superior y docencia Universitaria.

Universidad Privada Cumbre, Santa Cruz – Bolivia 2009: Contabilidad General.

Universidad Privada Boliviana, La Paz – Bolivia 2015: Diplomado en Arbitraje Internacional.

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Oscar Armando Olmos Medina

Asociado

Email oolmos@emba.com.bo

idiomas Español, Portugués, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Societario
Derecho Comercial
Derecho Laboral
Derecho Tributario
Derecho Administrativo

Formación académica

Universidad del Valle, Cochabamba – Bolivia, 2011: Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas.

Universidad Privada de Santa Cruz – Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 2013: Maestría en Derecho Empresarial.

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Jorge Angel Oporto Navajas

Asociado

Email joporto@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Procesal Civil
Derecho Penal
Derecho Procesal Penal
Derecho Familiar
Derecho Notarial

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2004: Licenciado en Derecho.

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2007: Diplomado en Educación Superior.

Universidad Salesiana, La Paz – Bolivia, 2015: Diplomado en Derecho Notarial.

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Erika Pando Irahola

Asociada

Email epando@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés, Francés

Áreas de práctica

Derecho Societario
Derecho Comercial
Derecho Bancario y Financiero
Project Finance
Corporate Finance

Formación académica

Universidad Privada Boliviana, La Paz – Bolivia, 2008: Licenciada en Derecho (Graduada con mención en Derecho Corporativo).

Boston University, Boston-Massachussetts, 2011: LL.M. Derecho Bancario y Financiero (Becaria Fulbright).

Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz-Bolivia, 2010: Maestría en Derecho Empresarial y Corporativo.

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Nilton Fernando Pinto Ledezma

Asociado

Email fpinto@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Procesal Civil
Derecho Laboral

Formación académica

Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba – Bolivia, 2012: Licenciado en Derecho.

Universidad del Valle, Cochabamba – Bolivia, 2016: Diplomado en Derecho Procesal Civil.

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Pablo Ricardo Sevilla Encinas

Asociado

Email psevilla@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho comercial
Derecho laboral
Arbitraje comercial

Formación académica

Maestría en Derecho Contratación Internacional y Comparada, Universidad de Chile.

Graduate Certificate in International Business Law , American University, Washington College of Law.

Diplomado Superior en Comercio Exterior y Aduanero ante la Universidad Privada Boliviana.

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Christian Ariel Triveño Cossio

Asociado

Email arielt@emba.com.bo

idiomas Español, Portugués

Áreas de práctica

Derecho Penal
Derecho Procesal Penal
Derecho Migratorio especializado en Leyes Migratorias en Bolivia
Derecho Procesal Civil
Derecho Civil

Formación académica

Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz – Bolivia, 2005: “Licenciado en Derecho” (Graduado con Honores).

Diplomado “Gestión de proyectos para el desarrollo”, Banco Interamericano de Desarrollo BID-EDX. Online, año 2015.

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Francisco Vela Pocoma

Asociado

Email fvela@gabrielip.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Propiedad Intelectual
Procedimiento Civil
Procedimiento Migratorio
Derecho comercial

Formación académica

Universidad Univalle, La Paz – Bolivia, 2005: Licenciado en Derecho.

Natalie Cortez Quiroz

Asociado

David Cuellar Franco

Asociado

José Javier Galeb Claure

Asociado

Gregorio Huaranca Mamani

Asociado

Ronald Lazarte Zeballos

Asociado

Sara Mendoza

Asociado

Andrea Nemer Sabag

Asociado

Oscar Armando Olmos Medina

Asociado

Jorge Angel Oporto Navajas

Asociado

Erika Pando Irahola

Asociada

Nilton Fernando Pinto Ledezma

Asociado

Pablo Ricardo Sevilla Encinas

Asociado

Christian Ariel Triveño Cossio

Asociado

Francisco Vela Pocoma

Asociado
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Juan Pablo Cruz Barrios

Asociado Junior

Email

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Procesal Civil
Derecho Procesal Penal
Derecho de Familia
Derecho Administrativo
Derecho Laboral

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2012: Licenciado en Derecho.

Universidad Salesiana de Bolivia, 2014: Diplomado en Derecho Administrativo y Ciencia Administrativa.

Ilustre Colegio de Abogados de La Ciudad de la Paz, 2015: Diplomado en Derecho Procesal Civil.

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Ariel Zeballos Alaby

Asociado Junior

Email azeballos@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Laboral
Derecho de Familia y del Menor
Derecho Comercial

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia, 2013: Licenciado en Derecho (Graduado con Excelencia Académica).

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2015: Diplomado sobre el Nuevo Código Procesal Civil.

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Magali Condori

Asociado Junior

Email

idiomas

Áreas de práctica

Formación académica

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Rosalia Rios Soliz

Asociado Junior

Email

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Laboral
Derecho Civil
Derecho Familia

Formación académica

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra-Bolivia,2015: Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas.

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Luis Gutierrez Antelo

Asociado Junior

Email

idiomas Español e Inglés

Áreas de práctica

Derecho Migratorio
Derecho Agrario

Formación académica

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Licenciado en Derecho

Juan Pablo Cruz Barrios

Asociado Junior

Ariel Zeballos Alaby

Asociado Junior

Magali Condori

Asociado Junior

Rosalia Rios Soliz

Asociado Junior

Luis Gutierrez Antelo

Asociado Junior

Áreas de práctica

Administrativo y Regulatorio

Asesoramiento integral en todos los sectores regulados.

Brindamos asesoramiento integral en todos los sectores regulados. Tenemos amplia experiencia en contratación con el sector público, licitaciones, obtención de licencias, competencia, fiscalizaciones administrativas, impugnaciones, procedimientos administrativos y contenciosos-administrativos.

Agroindustria

Amplia experiencia en derecho agrario, derechos reales, adquisiciones y saneamiento.

Contamos con amplia experiencia en derecho agrario, derechos reales, adquisición y saneamiento de tierras, derechos de agua, servidumbres, autorizaciones administrativas, sanitarias, aduaneras y ambientales.

Arbitraje

Reconocidos por la prestigiosa publicación Global Arbitration Review 100 (GAR 100).

Hemos sido reconocidos por la prestigiosa publicación Global Arbitration Review 100 (GAR 100), como una de las 100 firmas más importantes del mundo en el arbitraje internacional. Tenemos vasta experiencia en arbitraje comercial local e internacional (ICC, AAA, ICDR) y una amplia trayectoria defendiendo a inversionistas en arbitrajes de inversión (CIADI, UNCITRAL).

Bancario y Financiero

Representamos a bancos y organismos multilaterales en operaciones de financiamiento.

Representamos a bancos nacionales, extranjeros y organismos multilaterales en operaciones de financiamiento con el Estado o empresas privadas. También asistimos a nuestros clientes en operaciones de préstamo, financiamiento de proyectos, estructuración de garantías, restructuración de deuda y recuperación de créditos.

Comercio Internacional

Cubrimos todas las áreas del comercio internacional, tratados comerciales y regulaciones de aduana.

Otorgamos servicio legal en la redacción de contratos de comercio internacional, exportación e importación de bienes y servicios, impuestos de importación y exportación, aplicación de convenios bilaterales y multilaterales.

Construcción e Ingeniería

Nuestra práctica, cubre todo el ciclo de la construcción, desde el proceso de licitación hasta la resolución de disputas.

Representamos a clientes que están desarrollando los más importantes proyectos de ingeniería y construcción en Bolivia. Prestamos servicios en la fase de licitación, negociación de contratos y resolución de controversias. Tenemos amplia experiencia en contratos llave en mano (EPC y  EPCM) y servicios en general.

Corporativo y M&A

Asesoramos transacciones complejas de fusiones y adquisiciones en todas las industrias.

Asesoramos de forma integral a empresas nacionales y multinacionales. Nuestro equipo asesora principalmente en operaciones relativas a constitución de sociedades, modificaciones corporativas, fusiones y adquisiciones (M&A), auditorias legales corporativas (Due Diligence), transformaciones, escisiones y restructuraciones societarias.

Energía

Nuestra práctica incluye petróleo y gas, minería, energías renovables, así como nuevas tecnologías.

Ofrecemos un asesoramiento integral en el sector energético: Electricidad, Gas Natural, Hidrocarburos Líquidos y Energías Renovables. Moreno Baldivieso ha asesorado exitosamente en temas contractuales, regulatorios y de arbitraje a las empresas más importantes de hidrocarburos y electricidad durante el proceso de nacionalización de los recursos naturales llevado adelante en Bolivia en los últimos años.

Laboral y Seguridad Social

Asesoramos en el cumplimiento de las leyes laborales, migración y problemas emergentes en transacciones corporativas complejas.

Nuestros servicios incluyen la elaboración de contratos de trabajo, contratación de personal local y extranjero, procedimientos migratorios, conclusión de la relación laboral, negociación colectiva, reestructuración empresarial y representación judicial en todas las instancias procesales.

Medio Ambiente

Asesoramos a clientes en todos los aspectos del derecho ambiental, incluyendo licencias y procedimientos administrativos.

Otorgamos asesoramiento en el cumplimiento de las normas ambientales, procedimientos administrativos, obtención de licencias ambientales, diseño de estrategias de mitigación y  disminución de impacto ambiental, manejo de incidentes ambientales y contingencias ambientales.

Mercado de Valores

Asesoramos en todo tipo de transacciones en el Mercado de Valores.

Contamos con vasta experiencia y conocimientos técnicos de los distintos productos de financiación. Prestamos asesoramiento en la emisión de valores, ofertas públicas, salidas en bolsa, venta en bloque de acciones cotizadas y emisión de todo tipo obligaciones.

Minería

Nuestra práctica cubre la integralidad de los proyectos mineros.

Asesoramos a empresas de prestigio mundial en este sector y contamos con amplia experiencia en el diseño y administración de contratos de riesgo compartido, asociaciones accidentales, compraventa de activos mineros, fusiones y adquisiciones, financiamientos de proyectos y contratos de servicios.

Propiedad Industrial e Intelectual

Pioneros en el desarrollo de la protección de Propiedad Industrial e Intelectual en Bolivia.

Somos los pioneros en el desarrollo de la protección de Propiedad Industrial e Intelectual en Bolivia. Prestamos un asesoramiento integral a clientes locales y extranjeros con un departamento especializado y multidisciplinario. Contamos con una importante base de datos propia, sistemas informáticos de última generación y una red internacional de contactos que permiten ofrecer al cliente un servicio eficiente y garantizado.

Seguros

Brindamos nuestros servicios a las más importantes empresas aseguradoras nacionales e internacionales.

Brindamos nuestros servicios a las más importantes empresas aseguradoras nacionales e internacionales. Tenemos amplia experiencia en la constitución y funcionamiento de empresas de seguros y reaseguros, sistema regulatorio, procedimientos administrativos, reclamos y resolución de controversias.

Telecomunicaciones

Hemos participado activamente en los cambios normativos que han afectado este sector en los últimos años.

Hemos participado activamente en los cambios normativos que han afectado este sector en los últimos años. Nuestro equipo ha participado en operaciones de adquisiciones y escisiones de empresas, cambios de control efectivo, procedimientos de obtención, renovación y transferencia de licencias, licitaciones y procedimientos administrativos.

Tributario

Asesoramos en la aplicación de tributos, planificación tributaria y procedimientos de fiscalización.

Tenemos una sólida formación jurídica y contable. Asesoramos en la aplicación de tributos, planificación tributaria, procedimientos de fiscalización, procedimientos administrativos y judiciales, precios de transferencia y tratados internacionales para evitar la doble imposición de tributos.

Administrativo y Regulatorio

Asesoramiento integral en todos los sectores regulados.

Agroindustria

Amplia experiencia en derecho agrario, derechos reales, adquisiciones y saneamiento.

Arbitraje

Reconocidos por la prestigiosa publicación Global Arbitration Review 100 (GAR 100).

Bancario y Financiero

Representamos a bancos y organismos multilaterales en operaciones de financiamiento.

Comercio Internacional

Cubrimos todas las áreas del comercio internacional, tratados comerciales y regulaciones de aduana.

Construcción e Ingeniería

Nuestra práctica, cubre todo el ciclo de la construcción, desde el proceso de licitación hasta la resolución de disputas.

Corporativo y M&A

Asesoramos transacciones complejas de fusiones y adquisiciones en todas las industrias.

Energía

Nuestra práctica incluye petróleo y gas, minería, energías renovables, así como nuevas tecnologías.

Laboral y Seguridad Social

Asesoramos en el cumplimiento de las leyes laborales, migración y problemas emergentes en transacciones corporativas complejas.

Medio Ambiente

Asesoramos a clientes en todos los aspectos del derecho ambiental, incluyendo licencias y procedimientos administrativos.

Mercado de Valores

Asesoramos en todo tipo de transacciones en el Mercado de Valores.

Minería

Nuestra práctica cubre la integralidad de los proyectos mineros.

Propiedad Industrial e Intelectual

Pioneros en el desarrollo de la protección de Propiedad Industrial e Intelectual en Bolivia.

Seguros

Brindamos nuestros servicios a las más importantes empresas aseguradoras nacionales e internacionales.

Telecomunicaciones

Hemos participado activamente en los cambios normativos que han afectado este sector en los últimos años.

Tributario

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Legislación Boliviana del Sector Vitivinícola.

Legislación Boliviana del Sector Vitivinícola.

La legislación Boliviana ha sido remozada con la Ley No. 774, que complementa a todas las anteriores sobre la materia, introduciendo conceptos actuales y de gran importancia. Uno de los aspectos más relevantes es la creación CEMVIT, encargado de controlar el uso de la Denominación de Origen para Singanis, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, en coordinación con el SENAPI.

17 Noviembre, 2017

17 Noviembre, 2017 Nueva Reglamentación sobre Consultas Tributarias.

17 Noviembre, 2017 Medidas Cautelares en el Arbitraje: La Verosimilitud del Derecho.

17 Noviembre, 2017 ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FIGURA DEL COMPLIANCE EN BOLIVIA.

17 Noviembre, 2017 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, LA EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO.

17 Noviembre, 2017 Tratados Bilaterales de Inversión en Bolivia.

8 Noviembre, 2017 Enriquecedor intercambio de experiencias en arbitrajes relacionados a la industria de la construcción.

9 Octubre, 2017 Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.

9 Octubre, 2017 Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.

13 Septiembre, 2017 Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.

13 Septiembre, 2017 Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.

14 Agosto, 2017 La Autoridad de Fiscalización de Empresas aprobó un Nuevo Reglamento de Sanciones

14 Agosto, 2017 Bolivia avanza hacia la Convención de la Apostilla

5 Julio, 2017 “STARTUPS”: EL ASESORAMIENTO LEGAL, UN ESLABÓN IMPRESCINDIBLE.

5 Julio, 2017 Chambers and Partners nomina nuevamente a Moreno Baldivieso

28 Abril, 2017 EFICACIA Y VALIDEZ DE LA FIRMA DIGITAL EN BOLIVIA

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Legislación Boliviana del Sector Vitivinícola.

Legislación Boliviana del Sector Vitivinícola.

La legislación Boliviana ha sido remozada con la Ley No. 774, que complementa a todas las anteriores sobre la materia, introduciendo conceptos actuales y de gran importancia. Uno de los aspectos más relevantes es la creación CEMVIT, encargado de controlar el uso de la Denominación de Origen para Singanis, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, en coordinación con el SENAPI.

17 Noviembre, 2017

Ramiro Moreno Baldivieso

El sector de la industria vitivinícola boliviana, ha tenido un desarrollo importante a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, gracias al impulso de normas que en principio estaban más referidas a regular los sectores de bebidas alcohólicas, surgiendo la necesidad de contar con legislación acorde a dicho desarrollo. Es así que con el soporte de estas normas, se empezó a configurar y estructurar lo que vendría a denominarse la legislación boliviana del sector vitivinícola, la cual, según algunos informes divulgados, tiene un movimiento económico bastante significativo para los Departamentos productores, principalmente Tarija y Chuquisaca.  El sector vitivinícola, ha adquirido notoriedad por la caracterización especial de referirse de manera a legislar de manera conjunta el vino y el singani, los cuales constituyen componentes económicos que tienen alta incidencia en el empleo, tanto directo como indirecto.

Se puede afirmar que,  el sector vitivinícola cuenta con una legislación adecuada a través de normas contenidas en sendas Leyes y Decretos Supremos que de manera directa, regulan tanto la producción de los derivados de la vid como aquellos aspectos técnicos, promocionales, de investigación, de ejecución, de innovación a través de instituciones creadas especialmente como el Centro Nacional Vitivinícola – CENAVIT, cuyo funcionamiento data de 1999, sobre la base de la cooperación de organismos internacionales como la ONUDI y Cooperación Española.

Un aporte importante es el constituido por la promulgación de la Ley No. 774, de 4 de enero de 2016, que complementa con las restantes normas de la legislación vitivinícola boliviana, tales como el Decreto Supremo No. 25569, la Ley No. 1334, en lo referente a legislación nacional y las normas contenidas sobre denominación de origen en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, coincidentes con el artículo 7-f) y artículo 14-c) de la referida Ley No. 774.

Bolivia, al no ser todavía parte signataria del Arreglo de Lisboa, no tiene reconocimiento internacional de las denominaciones de origen, tanto para el vino como para el singani; sin embargo, la Ley No. 774 ha facultado al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se adhiera a los convenios internacionales que existen en el sector vitivinícola y no dudamos que en el futuro cercano Bolivia proceda a ratificar el Acuerdo de Lisboa sobre Denominaciones de  Origen.

También es importante remarcar que, la Ley No. 774, ha dispuesto la creación del Centro Multipropósito de Innovación Vitivinícola, dependiente del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal- INIAF, el cual realizará funciones de investigación científica, desarrollo de tecnologías, transferencia de tecnología, asistencia técnica, fortalecimiento de las capacidades de producción para incrementar los niveles de productividad de los derivados de la uva, promoviendo la comercialización y mejorar las condiciones prácticas de los procesos de comercialización de la Uva, Singani, Uvas de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos.

Como norma articuladora, en lo que viene a denominarse Complejo Productivo de la Uva, Singani, Uvas de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, establece la promoción y apoyo, la temporada de vendimia como destino turístico de prioridad nacional, la recuperación y difusión de aspectos históricos tradicionales y culturales de los Vinos y Singanis nacionales, como así también su difusión del Complejo Productivo en el extranjero con el importante soporte del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En el plano comercial, la Ley No. 774 dispone el acceso al mercado interno a través del impulso a la comercialización de productos en el mercado nacional, la promoción de servicios de capacidad y asistencia técnica, también para el acceso del mercado nacional, la promoción geográfica de la denominación de origen o Marca País y, la promoción del mercado interno relacionado con el Complejo Productivo.

Como no podía ser de otra manera, establece el diseño de estrategias y ejecución de acciones, para la apertura de mercados de exportación, para el Complejo Productivo de la Uva, Singani, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos.

Finalmente, dentro de la actividad turística que no existía conectividad con este sector, establece que se realizaran el diseño e implementación de circuitos o productos turísticos priorizados para el Complejo Productivo, como también establece la promoción, y fortalecimiento  de las rutas productivas del Vino, Singani y del enoturismo.

Como podemos apreciar, la legislación Boliviana ha sido remozada con una norma que complementa a todas las anteriores sobre la materia, introduciendo conceptos actuales y de gran importancia desde mi punto de vista. Considero que uno de los aspectos más relevantes es la creación de una entidad como el Comité Plurinacional de Innovación de Uva, Singani y  Vinos, a través del Centro Multipropósito de Innovación Vitivinícola, encargado de controlar el uso de la Denominación de Origen para Singanis, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, en coordinación con el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual  - SENAPI.  Asimismo, con el objeto de proyectar la imagen e identidad de Bolivia a nivel nacional e internacional, mediante Decreto Supremo No. 3357 de 11 de Octubre de 2017, se ha creado la Marca País y constituido el Comité de Gestión de la  Marca País, como una herramienta necesaria para mostrar las diversidades de Bolivia ante el mundo.

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Nueva Reglamentación sobre Consultas Tributarias.

Nueva Reglamentación sobre Consultas Tributarias.

El Servicio de Impuestos Nacionales aprobó recientemente una nueva Resolución Normativa de Directorio, por la cual reglamenta los procedimientos para la realización de las consultas tributarias y las consultas con carácter informativo.

17 Noviembre, 2017

Paul Aramayo

Los artículos 115 al 120 del Código Tributario Boliviano, facultan al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a responder consultas de manera vinculante, sobre casos concretos consultados, en tanto y en cuanto quien la realice tenga interés directo y personal sobre la aplicación y el alcance de una disposición normativa tributaria confusa y/o controvertible, enfocada a situaciones de hecho particulares. 

En este contexto, el SIN en fecha 29 de septiembre de 2017 aprobó la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 101700000019, norma que tiene por objeto principal establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para la atención de consultas tributarias formuladas en sujeción al Código Tributario Boliviano, abrogando la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0002-04 de 16 de enero de 2004, que se encargaba de reglamentar este tema anteriormente.

La citada nueva RND, define los términos “controvertible” y “confuso” a efectos de aplicación de la misma, de la siguiente manera:

  • Controvertible, referente a la casuística originada cuando subsisten dos normas de igual jerarquía que regulan un mismo aspecto tributario con criterios contrarios o incoherentes entre sí.
  • Confuso, haciendo referencia a la falta de orden o claridad en la norma, o vacíos normativos en los cuales no es posible la aplicación del artículo 8 del Código Tributario Boliviano.

 Asimismo, la RND establece la diferencia entre los siguientes dos tipos de consultas:

  • Consulta Tributaria, la cual, de ser admitida, en cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la RND, tienen efecto vinculante.
  • Consultas con Carácter Informativo, las cuales no tienen efecto vinculante para la Administración Tributaria, siendo únicamente criterios orientadores o informativos, cuando no se cumpla con los requisitos de los artículos mencionados con anterioridad; además de las consultas presentadas por colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales y empresariales, sindicales o de carácter gremial, que conciernan a la generalidad de sus miembros o asociados.

En este sentido, los hechos y situaciones a ser consultadas mediante el procedimiento de Consulta Tributaria, no deben ser parte de procesos de verificación o fiscalización, ni deben estar cursando impugnación en la vía administrativa o judicial, ni encontrarse en plazo para la interposición de dichos recursos. Su admisibilidad o inadmisibilidad deberá darse a conocer en un plazo de 10 días hábiles, a partir del cual correrá el plazo de 30 días prorrogables para su respuesta, la misma que deberá ser emitida mediante Resolución Administrativa expresa.

Para las Consultas con Carácter Informativo, el plazo de respuesta es de 30 días prorrogable a partir de la recepción de la misma.

Ambas clases de consultas deben ser presentadas ante la Oficina Nacional de Impuestos Nacionales, la Gerencia de GRACO, Gerencia Distrital, o Agencia de la Jurisdicción de la Consultante. Asimismo, la notificación de la respuesta de ambas puede ser realizada a través del Buzón Tributario de la Oficina Virtual del SIN, o siguiendo el procedimiento del Código Tributario.

Con esta nueva norma -a criterio del SIN- estarían reglamentados los requisitos para la admisión de consultas tributarias presentadas por los contribuyentes, así como aclarado el procedimiento aplicable a las mismas, quedando en manos de los contribuyentes la utilización de esta eficaz herramienta legal en los casos confusos o contro

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Medidas Cautelares en el Arbitraje: La Verosimilitud del Derecho.

Medidas Cautelares en el Arbitraje: La Verosimilitud del Derecho.

La eventual ejecución de una decisión arbitral puede ser resguardada a través de la adopción de medidas cautelares. Para su procedencia, es indispensable demostrar la verosimilitud del derecho.

17 Noviembre, 2017

René Claure Veizaga

Uno de los requisitos esenciales que apunta la doctrina para la procedencia de una medida cautelar, es la apariencia del derecho, también conocida como verosimilitud del derecho o credibilidad del derecho.

Desde el punto de vista teórico, la verosimilitud o apariencia se podría encarar a partir de una doble perspectiva.

Primero, como un mero juicio sobre la apariencia de verdad de los hechos alegados, de algo que se presenta como un hecho o relato que ocurre normalmente en la realidad o con un grado de frecuencia relativamente alto.

En resumen, una situación que a los ojos y experiencia de los árbitros, se podría calificar como creíble, aunque eventualmente resulte no ser cierta. Verdad y apariencia no son palabras sinónimas.

En segundo lugar, la verosimilitud o apariencia del derecho puede enfocarse como un juicio o evaluación de probabilidad. Esta evaluación de probabilidad incluiría un análisis de la probabilidad que los hechos alegados sean ciertos (apariencia), que el derecho invocado sea atendible y finalmente, que la propia demanda tenga chances de éxito.

Bajo este segundo enfoque de la apariencia o verosimilitud del derecho, nos encontramos frente a un potencial conflicto de altísima relevancia en el arbitraje; en razón a que cuando un árbitro emite una opinión previa sobre el fondo del caso, prejuzgándolo, se coloca en riesgo de ser apartado del caso, al carecer de imparcialidad para dictar el futuro laudo.

Ahora bien, en la práctica, desde el punto de vista del abogado, la demostración de este requisito a los árbitros es una cuestión de persuasión. Se construye con un buen relato, creíble, pero también con buena prueba, primordialmente documental.

Asimismo, desde la óptica de los árbitros, la emisión de una decisión sobre la verosimilitud del derecho, debe contener una fundamentación suficiente, al igual que cualquier otra decisión de esta naturaleza; pero teniendo el cuidado necesario de no exteriorizar una opinión anticipada que ponga su imparcialidad en tela de juicio.

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ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FIGURA DEL COMPLIANCE EN BOLIVIA.

ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FIGURA DEL COMPLIANCE EN BOLIVIA.

Aquellas empresas que aún no tienen previstas en sus estructuras programas o planes como el Compliance, se encuentran en una carrera contra el tiempo, para desarrollar políticas de diseño de mapas o inventarios de riesgos de cumplimiento

17 Noviembre, 2017

Juan José Cuevas Simons

Con el debate en curso que se tiene sobre el denominado Código del Sistema Penal en Bolivia, uno de los temas que se habría abordado entre legisladores y empresarios, viene a ser el denominado Compliance (cumplimiento normativo), que emerge de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país.

Pero, este término que parece novedoso en nuestro país, tiene sus orígenes en EEUU en la década de los 70 y 80, emergente de los grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a connotadas compañías, como el caso WATERGATE. Este hecho, implicó que se dicte la Foreign Corrupt Practices Act o sus siglas FCPA el año 1977.

¿Cuál es la situación de nuestras empresas frente a la implementación del Compliance?

El abordar la temática el Compliance resulta un reto para gran parte de nuestras empresas en Bolivia, es por ello que:

1.- Para aquellas que aún no tienen previstas en sus estructuras programas o planes como el Compliance, será una carrera contra el tiempo, para que se pongan manos a la obra, para buscar despachos de abogados o profesionales con experiencia en el desarrollo de este tipo de políticas que traten al menos, de diseñar mapas o inventarios de riesgos de cumplimiento, elementos de control interno, tales como los Códigos Éticos o de Conducta, el cumplimiento contractual, registros o licencias y en suma los riesgos que enfrenta la empresa, sus ejecutivos y las posibles sanciones a las que pueden ser pasibles. 

2.- De igual modo, para las empresas que ya cuentan con estos programas, la vigencia de una norma específica, será un llamado de atención para revisarlos y actualizarlos, para que no sean como en muchos casos un tema de simple cumplimiento de nomas o solo por formalidad, cabe recordar los últimos hechos delictivos acaecidos en el sistema financiero boliviano que son de conocimiento público.

¿Quíén es el Compliance officer?

Seguramente y como avanzan las cosas, muchas empresas que puedan cubrir los costos, podrán contar en breve con el denominado Compliance officer (Director de Cumplimiento Normativo), persona que deberá ejercer sus funciones con plena independencia, contar con los recursos suficientes y también tener la autoridad necesaria para desarrollar su actividad previsora de riesgos dentro de la empresa.

¿Las normas ISO y el Compliance?

En la misma línea del camino que empieza y nos queda por recorrer en cuanto al Compliance en Bolivia, no podemos dejar de lado, mencionar que otro reto a trazarse por muchas de nuestras empresas, será el poder contar con las certificaciones que según las actividades que realicen, ya fueron abordadas por la Organización Internacional de Normalización, con la publicación de normas como la ISO 19600 (Normas de Compliance) y también con la ISO 37001 (Normas Anti-Soborno).

Para concluir, esperamos que estas consideraciones puedan aportar y convertirse en un punto de partida, para que se siga ahondando sobre esta temática, que seguramente tomará mayor relevancia una vez que se apruebe y publique el Código del Sistema Penal en Bolivia, que nos permitirá emitir otros criterios emergentes de la redacción de los artículos que estén vinculados con el Compliance.

 

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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, LA EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, LA EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO.

Javier Galeb Claure: La actualización jurídico normativa tendiente a establecer condiciones que resulten atractivas para la inversión extranjera resulta primordial, respetando las políticas de desarrollo económico y social del país.

17 Noviembre, 2017

Javier Galeb Claure

En fecha 13 de octubre del presente año, se celebró el Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia organizado por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), desarrollándose dicho evento en la ciudad de Santa Cruz. En el marco del indicado Encuentro, se contó con la participación expositiva del Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera quien destacó que de un tiempo a esta parte, el Estado ha venido a constituirse en la principal fuente de inversiones, llegando a alcanzar hasta un ochenta por ciento (80%) del Producto Interno Bruto (PIB) inclusive.

A pesar de resaltar que Bolivia es el país que estaría teniendo el mayor crecimiento en la región y que el Estado financia hasta un setenta y ocho por ciento (78%) de sus proyectos productivos, así como proyectos en educación y salud con recursos propios, comunicó acto seguido, la merma de la inversión extranjera directa de USD. 2.122 M registrada el año 2014 hasta la cifra de USD. 1.180 M registrada en 2016, aspecto que si bien no significó la disminución de la capacidad de consumo de los bolivianos, impide o cuando menos perjudica el desarrollo de la producción de valor agregado.

Es evidente que dentro de un modelo económico primario como es el que caracteriza al modelo vigente en Bolivia, si bien se fomenta el consumo, es por demás importante contar con inversión extranjera, en especial en sectores dinámicos, como el agropecuario y el de la ganadería, más aun tratándose de economías en desarrollo como la boliviana. De importancia resulta destacar también, que si bien hay interés de parte del Estado en procurar inversión extranjera directa, tal como se refleja en la Ley de Promoción de Inversiones, promulgada en fecha 4 de abril de 2014, en apariencia, no se estaría haciendo lo suficiente para lograr dicho cometido y se hace imperiosa una nueva respuesta jurídica que se adecúe a la realidad actual de la economía.

El Estado Boliviano viene normando la relación entre los inversionistas y el Estado, de tal manera que esta se caracterice por la independencia, respeto mutuo y equidad, en el marco de la soberanía y dignidad del país, en un contexto de seguridad jurídica, conforme al principio de Respeto Mutuo y Equidad previsto en el artículo 3, inciso c de la Ley de Promoción de Inversiones, no obstante, dentro de ese equilibrio, se hace necesaria la modificación, o en su defecto la actualización de las medidas destinadas a incentivar la inversión, aspecto que exige una respuesta jurídica, que se traduzca en normativa complementaria a la Ley de Promoción de Inversiones, o en una nueva disposición de fomento a la inversión de acuerdo al contexto económico actual.

En opinión del investigador en ciencias económicas Germán Molina, la inversión extranjera es fundamental para permitir a los países obtener capitales frescos, así como el acceso a la tecnología, en este sentido, es primordial la actualización jurídico normativa tendiente a establecer condiciones que resulten atractivas para la inversión extranjera, respetando las políticas de desarrollo económico y social del país.

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Tratados Bilaterales de Inversión en Bolivia.

Tratados Bilaterales de Inversión en Bolivia.

La denuncia de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversión por parte de Bolivia, genera la necesidad de encontrar mecanismos efectivos que resguarden las inversiones extranjeras, revitalizando los incentivos actualmente existentes.

17 Noviembre, 2017

Andrea Nemer Sabag

Con el transcurso del tiempo y la evolución de las Leyes y Normas de Derecho Privado y Derecho Internacional Privado en el mundo, el tratamiento de las inversiones extranjeras se ha visto favorecido, toda vez que muchos años atrás dichas inversiones no contaban con protección especial de ningún tipo, en desmedro de su resguardo legal efectivo.

Posteriormente, se establece que los inversores extranjeros podrían llevar sus reclamos ante tribunales nacionales, que en su mayoría mostraban reservas en el trato frente a una inversión extranjera, lo que significaba que los procesos en su mayoría, resultaran negativos para los intereses de los inversores.

Por esta razón, en un primer momento, los Estados deciden establecer un método que sea más efectivo en cuanto a la protección de sus inversiones en otros Estados, y como consecuencia se implementa la protección de carácter diplomático.

Dicha protección diplomática implicaba ponerla en práctica de forma pacífica y voluntaria, o mediante el empleo de la fuerza militar. Sin embargo, con la intención de preservar las buenas relaciones entre los Estados, estos optan por la forma pacífica, y, después de numerosos intentos de establecer reglas específicas para el tratamiento de las inversiones en Estados extranjeros, finalmente los Estados comienzan a suscribir Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI’s).

¿Por qué se suscriben Tratados Bilaterales de Inversión?

Los TBI’s se firman entre dos Estados, con el fin de promover y proteger las inversiones de nacionales de un Estado en el territorio del otro Estado. En este sentido, el motivo principal que impulsaría la firma de los TBI’s, obedece a que los inversores extranjeros requieren protección sobre sus inversiones en Estados ajenos, y en los cuales las leyes son diferentes a las de su propio país.

Ahora bien, al mencionar que el inversor extranjero necesita protección nos referimos a acciones o conductas específicas que lo respalden frente a actos que el Estado donde se encuentre su inversión pueda desplegar en perjuicio de sus intereses, y a su vez a condiciones y medios adecuados para la resolución de controversias, medios imparciales que le permitan tener seguridad al momento de decidir realizar una inversión en un Estado extranjero.

Asimismo, cada Estado, como persona de derecho público, busca generar un ambiente apropiado para atraer inversiones extranjeras, que tienen incidencia en el desarrollo económico, extremo que lleva a los Estados a garantizar la seguridad para las inversiones a través de los TBI’s, incentivando a aquellos inversores extranjeros con el fin de promover su propia economía.

Bolivia y los TBI’s:

La protección de las inversiones extranjeras, pactada en los TBI’s firmados por Bolivia, establece obligaciones de dar, hacer y no hacer. Asimismo, incluían cláusulas de resolución de controversias que constituyen un compromiso válido para ambos Estados suscribientes, el cual solo puede quedar sin efecto mediante la denuncia del TBI y el cumplimiento de las condiciones previstas en el mismo.

Dicho esto, se entiende que para que ambos Estados estén conformes, se debe suscribir un acuerdo equilibrado, que no permita que el Estado receptor tome medias abusivas en contra del inversor extranjero.

A la fecha, los veintidós TBI’s suscritos por Bolivia, se encuentran denunciados en virtud a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (“CPE”), Disposición Transitoria Novena, que establecía un plazo de 4 años (ya vencido) para renegociar estos acuerdos, con el fin de que los mismos se adecuaran a la Ley de Promoción de Inversiones.

El objeto de la Disposición Transitoria Novena de la CPE sería claro, y su propósito consistiría en que los acuerdos de protección de inversión se encuadren dentro de los alcances y lineamientos de la Ley de Promoción de Inversiones; sin embargo, en el fondo, su finalidad no sería eliminar del todo la protección a la inversión extranjera.

Bajo ese entendimiento, una medida que podría resultar potencialmente adecuada para cumplir lo establecido por la CPE, sería la elaboración de un modelo de acuerdo, basado en dicha ley, que permita modificar o negociar nuevos TBI’; sin llegar al extremo de eliminar la protección a los inversores extranjeros; por cuanto además cabe resaltar que los TBI’s denunciados también protegerían a los inversores nacionales en el extranjero.

Modificar un TBI, vale decir, renegociarlo, debiera implicar que Bolivia establezca términos y condiciones que se adecuen a nuestras Leyes, y que determinen claramente cuestiones básicas como por ejemplo: ¿Qué se entiende por inversión?, ¿a quiénes se considera inversores extranjeros?, ¿a qué y a quiénes se les otorga la protección en virtud a un TBI? Asimismo, delimitar conceptos que prevengan posibles prácticas irregulares por parte del inversor dentro de territorio boliviano; delimitar adecuadamente el elemento subjetivo de protección y asegurarse de que la inversión realmente provenga del Estado con el que se ha suscrito el TBI.

Por otra parte también debiera ser necesario, al momento de redactar un TBI a ser suscrito por Bolivia, especificar que las inversiones que sean realizadas en el territorio boliviano deberán contribuir al desarrollo económico del país. Es más, en algunos casos y dependiendo de las particularidades de la inversión, se podría considerar incluir plazos de duración determinados, que posteriormente podrían ser ampliados de acuerdo al análisis realizado.

En base a lo expuesto, se puede concluir que Bolivia debiera buscar la forma de adecuar o suscribir nuevos TBI’s, de manera que los mismos sean consistentes con la CPE y la legislación local. Sin embargo, a efectos de promover y atraer inversiones extranjeras, que revitalizan el movimiento económico de nuestro país, resulta imprescindible evaluar y reflexionar sobre el modelo de protección que se brindará a los inversionistas extranjeros, sin descartar la idea de conceder protección individualizada a cada caso, con base en términos contractuales diseñados específicamente.

 

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Enriquecedor intercambio de experiencias en arbitrajes relacionados a la industria de la construcción.

Enriquecedor intercambio de experiencias en arbitrajes relacionados a la industria de la construcción.

El 27 de octubre en Santa Cruz, Moreno Baldivieso, Mayer Brown y el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO compartieron sus experiencias en arbitrajes nacionales e internacionales, relacionados a la industria de la construcción.

8 Noviembre, 2017

El pasado 27 de octubre, Moreno Baldivieso, Mayer Brown y el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO compartieron sus experiencias en arbitrajes nacionales e internacionales, relacionados específicamente a la industria de la construcción. Este evento exclusivo se realizó en el rooftop lounge del Hotel Hampton de Santa Cruz de la Sierra y contó con la participación de veinte de las más renombradas empresas constructoras que operan actualmente en Bolivia. Desde Moreno Baldivieso, agradecemos sinceramente a Mayer Brown, el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO así como a todos y cada uno de los asistentes que hicieron posible que tengamos un intercambio tan enriquecedor y práctico.

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Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.

Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.

La Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica a Personas con Discapacidad, promueve y garantiza fuentes de trabajo a favor de personas que tengan alguna discapacidad y que tengan familiares con discapacidad grave y muy grave.

9 Octubre, 2017


La Ley 977, promulgada en fecha 26 de septiembre de 2017, tiene como objeto establecer la inserción laboral en los sectores públicos y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave.

De igual manera, mediante esta norma legal se crea un Bono Mensual  para las personas con discapacidad grave y muy grave, del cual se favorecerían únicamente aquellas personas que no se encuentren beneficiadas con la inserción laboral determinada en la norma. El pago de este bono será de responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Municipales.

La inserción laboral obligatoria significa que todas las instituciones del sector público que comprenden los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al 4% de su personal.
Asimismo, implica que todas las empresas o establecimientos laborales del sector privado que desarrollan cualquier actividad en el territorio nacional, tienen la misma obligación precedentemente señalada, con la única diferencia que el porcentaje debe ser no menor al 2% de su personal.

Por otro lado, se dispone que las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que inserten laboralmente en porcentajes superiores a los establecidos en la norma, obtendrán distinciones y reconocimientos a establecerse en la norma reglamentaria.

De igual manera, el Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan las causales que justifiquen su desvinculación.

Finalmente, es obligación de las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, brindar accesibilidad al personal con discapacidad y realizar los reportes trimestrales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social conforme a reglamentación.

 

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Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.

La Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica a Personas con Discapacidad, promueve y garantiza fuentes de trabajo a favor de personas que tengan alguna discapacidad y que tengan familiares con discapacidad grave y muy grave.

9 Octubre, 2017


La Ley 977, promulgada en fecha 26 de septiembre de 2017, tiene como objeto establecer la inserción laboral en los sectores públicos y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave.

De igual manera, mediante esta norma legal se crea un Bono Mensual  para las personas con discapacidad grave y muy grave, del cual se favorecerían únicamente aquellas personas que no se encuentren beneficiadas con la inserción laboral determinada en la norma. El pago de este bono será de responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Municipales.

La inserción laboral obligatoria significa que todas las instituciones del sector público que comprenden los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al 4% de su personal.
Asimismo, implica que todas las empresas o establecimientos laborales del sector privado que desarrollan cualquier actividad en el territorio nacional, tienen la misma obligación precedentemente señalada, con la única diferencia que el porcentaje debe ser no menor al 2% de su personal.

Por otro lado, se dispone que las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que inserten laboralmente en porcentajes superiores a los establecidos en la norma, obtendrán distinciones y reconocimientos a establecerse en la norma reglamentaria.

De igual manera, el Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan las causales que justifiquen su desvinculación.

Finalmente, es obligación de las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, brindar accesibilidad al personal con discapacidad y realizar los reportes trimestrales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social conforme a reglamentación.

 

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Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.

Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.

The Legal 500, directorio de abogados internacional, distinguió a Moreno Baldivieso como la firma líder del mercado legal Boliviano.

13 Septiembre, 2017

Moreno Baldivieso ha sido recientemente rankeada por octavo año consecutivo como la firma líder del mercado legal boliviano.

Con ocasión de este reconocimiento, agradecemos sinceramente a nuestro equipo, colegas, clientes y a todos quienes nos han brindado su continua confianza, haciendo posible que la prestigiosa publicación de The Legal 500 sitúe a Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia.

Hoy por hoy, The Legal 500 es en uno de los directorios internacionales de abogados más reconocidos a nivel mundial. Su trabajo consiste en investigar y evaluar de manera independiente la práctica y desempeño de firmas de abogados en más de 100 jurisdicciones. Durante sus 29 años de trayectoria, The Legal 500 ha logrado construir una sólida reputación que le permite preciarse de ser una guía para contactar a los mejores abogados.

En el caso particular de Bolivia, la edición 2017 de The Legal 500 coloca a Moreno Baldivieso en la cúspide de las siguientes áreas de práctica sujetas a calificación: 

 

  • Banca y Finanzas: Banda 1.
  • Corporativo, Fusiones y Adquisiciones: Banda 1.
  • Resolución de Disputas: Banda 1.
  • Energía y Recursos Naturales: Banda 1.
  • Propiedad Intelectual: Banda 1.
  • Laboral y Empleo: Banda 1.
  • Inmobiliario: Banda 1.

En términos comparativos, Moreno Baldivieso es la única firma legal de Bolivia que ha alcanzado una ponderación tan alta en las distintas categorías evaluadas por The Legal 500.

Este nuevo reconocimiento nos anima a seguir comprometidos con la excelencia y calidad en la prestación de nuestros servicios legales. Desde Moreno Baldivieso, hacemos extensiva nuestra gratitud a todos nuestros clientes, sin quienes todo nuestro esfuerzo no tendría sentido.

Para mayor referencia sobre el ranking de Moreno Baldivieso en The Legal 500, favor visitar el siguiente enlace: http://www.legal500.com/firms/50861/offices/51754

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Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.

The Legal 500, directorio de abogados internacional, distinguió a Moreno Baldivieso como la firma líder del mercado legal Boliviano.

13 Septiembre, 2017

Moreno Baldivieso ha sido recientemente rankeada por octavo año consecutivo como la firma líder del mercado legal boliviano.

Con ocasión de este reconocimiento, agradecemos sinceramente a nuestro equipo, colegas, clientes y a todos quienes nos han brindado su continua confianza, haciendo posible que la prestigiosa publicación de The Legal 500 sitúe a Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia.

Hoy por hoy, The Legal 500 es en uno de los directorios internacionales de abogados más reconocidos a nivel mundial. Su trabajo consiste en investigar y evaluar de manera independiente la práctica y desempeño de firmas de abogados en más de 100 jurisdicciones. Durante sus 29 años de trayectoria, The Legal 500 ha logrado construir una sólida reputación que le permite preciarse de ser una guía para contactar a los mejores abogados.

En el caso particular de Bolivia, la edición 2017 de The Legal 500 coloca a Moreno Baldivieso en la cúspide de las siguientes áreas de práctica sujetas a calificación: 

  • Banca y Finanzas: Banda 1.
  • Corporativo, Fusiones y Adquisiciones: Banda 1.
  • Resolución de Disputas: Banda 1.
  • Energía y Recursos Naturales: Banda 1.
  • Propiedad Intelectual: Banda 1.
  • Laboral y Empleo: Banda 1.
  • Inmobiliario: Banda 1.

En términos comparativos, Moreno Baldivieso es la única firma legal de Bolivia que ha alcanzado una ponderación tan alta en las distintas categorías evaluadas por The Legal 500.

Este nuevo reconocimiento nos anima a seguir comprometidos con la excelencia y calidad en la prestación de nuestros servicios legales. Desde Moreno Baldivieso, hacemos extensiva nuestra gratitud a todos nuestros clientes, sin quienes todo nuestro esfuerzo no tendría sentido.

Para mayor referencia sobre el ranking de Moreno Baldivieso en The Legal 500, favor visitar el siguiente enlace: http://www.legal500.com/firms/50861/offices/51754

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La Autoridad de Fiscalización de Empresas aprobó un Nuevo Reglamento de Sanciones

La Autoridad de Fiscalización de Empresas aprobó un Nuevo Reglamento de Sanciones

El pasado 19 de julio de 2017, la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP aprobó un nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables.

14 Agosto, 2017

El pasado 19 de julio de 2017, la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP aprobó un nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables. En sus 63 artículos, se establecen principios generales, procedimientos, se detallan requisitos y conductas que deben ser cumplidas así como actos y prácticas que las empresas deben evitar.

Bajo el nuevo Reglamento, las acciones y omisiones que podrían ser consideradas como infracciones son múltiples, en tanto que las potenciales sanciones que se impondrían podrían llegar a ser una carga pesada para el sector empresarial, ya que dichas sanciones se encuentran asociadas primordialmente a la utilidad bruta de la empresa o, ante la ausencia de utilidad, al capital de la misma.

La vigencia del Reglamento citado, representa una clara alerta que convoca a las empresas a atender de manera diligente y preventiva las diversas formalidades comerciales y contables que les son aplicables bajo la normativa en actual vigor.

El Reglamento comentado puede ser consultado en: http://www.autoridadempresas.gob.bo/direccion-tecnica-de-fiscalizacion-y-verificacion-de-cumplimiento-de-obligaciones-comerciales/resoluciones

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Bolivia avanza hacia la Convención de la Apostilla

Bolivia avanza hacia la Convención de la Apostilla

Con la Ley No. 967, Bolivia autorizó su adhesión a la Convención de la Apostilla que suprime la Exigencia de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

14 Agosto, 2017

Bolivia ha dado un paso trascendental que se hizo esperar por más de 52 años. Con la promulgación de la Ley No. 967, de 2 de agosto de 2017, Bolivia autorizó su adhesión a la Convención de la Apostilla de 5 de octubre de 1961 que Suprime la Exigencia de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

El propósito central de dicha Convención es eliminar los morosos y costosos requisitos de legalización consular o diplomática de documentos públicos emitidos en un país, para su ulterior validez y eficacia en un Estado extranjero. La tediosa exigencia de legalización es sustituida por un mecanismo mucho más expedito consistente en la fijación de una Apostilla en el documento público que surtirá efectos en el extranjero.

Sin embargo, la supresión de la exigencia de la legalización consular o diplomática, recién dejará sentir sus beneficios en Bolivia dentro de un lapso aproximado de ocho (8) meses, en razón a que los restantes 113 Estados que forman parte de la Convención de la Apostilla, tienen un plazo de seis (6) meses para oponerse a la adhesión de Bolivia, luego de cuyo vencimiento existe un plazo adicional de dos (2) meses para que la Convención de la Apostilla entre en vigor para Bolivia y para los Estados que no se hubiesen opuesto a su adhesión.

Para mayor referencia, del status de la Convención de la Apostilla y los Estados miembros de dicha Convención puede consultar: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Asimismo, el texto de la Convención puede ser encontrado en: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=41

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“STARTUPS”: EL ASESORAMIENTO LEGAL, UN ESLABÓN IMPRESCINDIBLE.

Cuando hacemos referencia a una “Startup”, se viene a la mente empresas exitosas nacidas en el Silicon Valley como Facebook, UBER, AIRBNB o PINTEREST, que en la actualidad son empresas globales valuadas en miles de millones de dólares.

5 Julio, 2017

Cuando hacemos referencia a una “Startup”, se viene a la mente empresas exitosas nacidas en el Silicon Valley como Facebook, UBER, AIRBNB o PINTEREST, que en la actualidad son empresas globales valuadas en miles de millones de dólares. Aunque su definición es aun imprecisa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su último informe relacionado a este tema, hace referencia a empresas emergentes (creación no mayor a dos años), con un alto potencial de crecimiento y necesidad de financiamiento, cuyo objetivo es desarrollar productos o servicios con carácter innovador y tecnológico orientados a un mercado global.

En los últimos años, Latinoamérica ha visto un crecimiento acelerado en la creación y desarrollo de este tipo de emprendimientos. De acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y Capital Privado, solo en el año 2015 y el primer semestre del 2016, se habría invertido 812 millones de dólares y la proyección para los próximos años sería alentadora, para un modelo de negocio que hasta hace poco era desconocido en la región. La importancia de este fenómeno, ha impulsado a los gobiernos a desarrollar cambios a su normativa legal para facilitar la constitución de sociedades comerciales, dinamizar el acceso a financiamiento en etapas iniciales, y regular las diferentes modalidades de inversión en estos emprendimientos.

El sector legal no ha sido inerte a este fenómeno. Los despachos de abogados, estamos adaptando nuestros servicios para atender a una demanda creciente, en un sector globalizado que comprende etapas complejas y una pluralidad de actores. Empero, un error común entre los emprendedores, es relegar la inversión en asesoramiento legal a las etapas finales o ante el inevitable surgimiento de un problema. La experiencia nos demuestra, que invertir en este servicio en etapas iniciales, reporta la mayor creación de valor para un emprendimiento, previendo la protección de los socios e intangibles, determinando la viabilidad del negocio desde un punto de vista impositivo y regulatorio, mitigando los riesgos en el ámbito contractual, y facilitando el acceso financiamiento, la inclusión de nuevos socios capitalistas o la posterior venta de la empresa.

En la etapa inicial, una Startup reagrupa usualmente a varias personas con un objetivo común. En esta lógica, el primer paso natural una vez consolidado el producto o servicio, será la elección de un tipo societario flexible, que delimite el objeto del emprendimiento y la responsabilidad de los socios, así como sus derechos y obligaciones en los Estatutos. Adicionalmente, los acuerdos privados denominados como “Acuerdo de Socios”, podrán regular la entrada y salida de los socios fundacionales y los futuros socios inversionistas (fondos de capital de riesgo o inversionistas ángeles), el control en la toma de decisiones, las medidas para evitar la dilución de los socios y las participaciones máximas (“lock-up”), la utilización de dividendos, cláusulas de no competencia y confidencialidad en caso de salidas de la sociedad y el derecho de arrastre (“drag along”) o de acompañamientos (“tag along”) para la protección de los socios en caso de venta del proyecto.

De forma paralela, un elemento relevante para la creación de un Startup, es sin duda la planificación tributaria. Para determinar la viabilidad del negocio, es necesario conocer con antelación las características fiscales del país donde se producirá el producto o servicio: ¿Cuáles son los impuestos aplicables?, ¿Rige el principio de renta mundial o el de fuente?, ¿Ha suscrito este país tratados para evitar doble tributación? ¿Existe libre circulación
y convertibilidad de divisas? ¿Cómo se regulan los precios de transferencia? ¿Cuál es la tasa aplicable a la repatriación de dividendos o envío de remesas al extranjero? En la misma lógica, el ámbito regulatorio es un aspecto importante para determinar la viabilidad del negocio. Los sectores donde la innovación emerge, son en general sectores regulados. En consecuencia, la comercialización de determinados productos o servicios,
podría estar condicionado a la aprobación de una autoridad regulatoria, la obtención de una licencia específica e incluso a la nacionalidad de los socios. El caso de UBER o AIRBNB ilustra de manera elocuente esta temática. Mientras que en algunos países sus servicios son legales, en otros, estos son consideradores ilegales.
Del mismo modo, otro elemento legal a tomar en cuenta, es la protección de los intangibles. La creación de una Startup conlleva explícitamente una innovación, por lo tanto, la protección de los secretos industriales y comerciales (“know-how”), propiedad industrial e intelectual, resulta un elemento esencial en la creación de valor de una empresa.

La misma, debe realizarse desde una óptica interna (suscripción de contratos de trabajo con clausulas de confidencialidad y no competencia) y externa (suscripción de acuerdos de confidencialidad (“NDA”) con potenciales inversionistas, registro del nombre de dominio y de los derechos de propiedad industrial e intelectual en los registros públicos correspondientes).

Por otro lado, un aspecto no menos relevante, es el tema contractual. Las reglas claras y por escrito, son la manera idónea de mitigar riesgos legales para una empresa incipiente.

Para este fin, es posible estandarizar contratos de trabajos y de consultoría así como contratos comerciales con clientes y proveedores. Si la Startup ofrece sus productos o servicios vía internet, el asesoramiento legal implicará también la redacción del aviso legal sobre políticas de privacidad, uso y protección de datos personales y los términos y condiciones para la contratación del producto o servicio.

Finalmente, es imprescindible regular contractualmente las relaciones comerciales que emergen entre los actores que intervienen en las diferentes etapas de vida de una Startup. Los términos “crowfunding”, inversionistas ángeles, fondos de capital de riesgo, “private equity”, incubadoras y aceleradoras, que hasta hace poco eran desconocidos, hacen alusión a los diferentes actores de este negocio. En este sentido, una Startup debe asesorarse adecuadamente, para suscribir contratos que le beneficien y que permitan no sólo su consolidación en el mercado, sino también la monetización de las inversiones en beneficio de los socios.

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Chambers and Partners nomina nuevamente a Moreno Baldivieso

Chambers and Partners nomina nuevamente a Moreno Baldivieso

La prestigiosa guía de Abogados Chambers and Partners, nominó por 9na vez consecutiva a Moreno Baldivieso como candidato a ser nombrado como "Bolivian Law Firm of the Year".

5 Julio, 2017
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EFICACIA Y VALIDEZ DE LA FIRMA DIGITAL EN BOLIVIA

Bolivia avanza hacia la denominada era digital. En virtud de la Ley 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, promulgada el 8 de agosto de 2011, se reconoce la validez legal de la firma digital, promoviendo su utilización.

28 Abril, 2017

La firma digital se conceptualiza como el conjunto de datos electrónicos ligados a un documento digital, que identifica únicamente a su titular, es susceptible de verificación, y está vinculada a los datos de dicho documento, de manera que cualquier modificación de los mismos pondría en evidencia su alteración. El objetivo principal de la firma digital es otorgar plena validez jurídica a cualquier tipo de documento que se envíe o acto que se celebre por medios electrónicos; en procura de agilizar el procesamiento de trámites, ya sea en instituciones públicas o privadas.

El uso de la firma digital se sujeta a las siguientes características principales:
a. Autenticidad: Se puede verificar la identidad del emisor de un documento digital; es decir, se tiene la certeza de que tanto el documento digital como la firma corresponden al signatario.
b. Integridad: Garantiza que el documento digital que cuenta con una firma digital no ha sido modificado durante el transcurso de envío del emisor al destinatario.
c. No repudio: Garantiza que el signatario no podrá negar la autoría y el contenido de un documento o correo electrónico firmados digitalmente.

En nuestro país, la “Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia – ADSIB”, creada en virtud al Decreto Supremo No. 26553, de 19 de marzo de 2002, es la Entidad Certificadora Pública en Bolivia, vale decir, es la entidad a través de la cual se obtiene el Certificado para el uso de la firma digital. El certificado digital otorgado por la ADSIB faculta al propietario para firmar documentos digitalmente y autentica su identidad dotándole de plena validez legal; garantizando a su vez la integridad del documento firmado de esa manera. Dicha certificación es otorgada a su titular por un periodo de un año, durante el cual puede firmar digitalmente la cantidad de documentos que desee.

Un certificado digital serviría para respaldar los siguientes actos en el ámbito de la normativa vigente:
a. El acto jurídico realizado por personas naturales o jurídicas, en documento digital y aprobado por las partes a través de firma digital, celebrado por medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico.
b. El mensaje electrónico de datos.
c. La firma digital.

Los tipos de certificado digital, de acuerdo a la persona que requiera el uso de la firma digital son los siguientes:
a. Persona natural: Firma de documentos, protección de correo electrónico, autenticación en sitio web, firma de código informático.
b. Persona jurídica: En representación de una persona jurídica: firma de documentos, protección de correo electrónico, autenticación en sitio web, firma de código informático.
c. Cargo público: Como servidor público: firma de documentos, protección de correo electrónico, autenticación en sitio web, firma de código informático.

A continuación puntualizamos las principales funciones y ventajas que bridaría el uso de la firma digital, tanto para Sociedades Comerciales, como para personas naturales:
• Firmar contratos con empresas o personas, sin la necesidad de desplazarse o estar presente físicamente.
• Realizar trámites con la administración pública de manera más eficaz.
• Contar con una mayor capacidad de seguimiento del usuario sobre el estado de sus trámites.
• Agilizar la gestión de procesos y asegurar la gestión documental.
• Permitir el proceso de firma de múltiples documentos de forma más eficiente y rápida.

A manera de conclusión, señalamos que actualmente la Aduana Nacional de Bolivia es la única institución en Bolivia que cuenta con la certificación para el uso de la firma digital; sin embargo, diversas instituciones tanto públicas como privadas, ya se encuentran realizando las gestiones para obtener la certificación e ingresar a la era digital en sus procedimientos o trámites más comunes, siempre y cuando éstos no requieran la presencia física del usuario.

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