Nuestra Firma

Fundado en 1931, MORENO BALDIVIESO es el estudio jurídico boliviano con mayor reconocimiento internacional, en virtud a la calidad en el asesoramiento especializado que provee en las distintas áreas del derecho empresarial a clientes nacionales y extranjeros. Actualmente, MORENO BALDIVIESO cuenta con oficinas en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. 

Nuestra prioridad por excelencia, es otorgar un servicio integral, con soluciones efectivas, creativas y responsables acorde a las necesidades de cada cliente. Nos enfocamos en mantener una relación de largo plazo y de trabajo en equipo con nuestros clientes, brindando una atención personalizada.

Contamos con un equipo multidisciplinario de 43 abogados reconocidos en nuestro país, con formación nacional e internacional y estudios de postgrado en las más prestigiosas universidades alrededor del mundo. Nuestros profesionales tienen fluidez en los idiomas español, inglés, francés, alemán y portugués.

Nuestro conocimiento especializado, nos ha generado la oportunidad de ser parte de las operaciones de negocios más complejas e importantes realizadas en el mercado boliviano. Estamos orgullosos de representar a empresas multinacionales, organismos internacionales y empresas locales en el desarrollo exitoso de sus proyectos. Los diferentes rankings legales avalan nuestra trayectoria y han reconocido ampliamente nuestro liderazgo en el sector legal del país.

Equipo

Socios
Directores Asociados
Asociados Senior
Asociados
Asociados Junior
X

Ramiro Moreno Baldivieso

Socio

Email morenob@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Es el socio senior de Moreno Baldivieso. Admitido en Bolivia y Argentina, cuenta con un LLM de Harvard Law School y con más de 35 años de experiencia en el ámbito del derecho. Es reconocido internacionalmente como uno de los mejores abogados corporativos de Bolivia, ex conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Cónsul Honorario de la República de Estonia y durante su carrera ha prestado sus servicios a varias de las más importantes empresas multinacionales y organizaciones internacionales, tales como, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), International Finance Corporation (IFC) y otros. El Dr. Moreno se encuentra altamente ponderado en Chambers & Partners, The Legal 500 y Latin Lawyer 250.

Áreas de práctica

Derecho Corporativo
Fusiones y Adquisiciones M&A
Arbitraje Internacional
Seguros
Minería
Telecomunicaciones
Propiedad Intelectual
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Minero y de Hidrocarburos
Derecho de Seguros
Derecho Regulatorio
Financiamiento Internacional
Inversión Extranjera

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz, Bolivia 1974, “Licenciado en Derecho”

Harvard Law School, Boston Massachusets, 2002, “LLM - Master en Leyes”

Harvard Law School, Boston Massachusets, 1992, “Program of Instruction for Lawyers”

Universidad Complutense Madrid,1989, “Especialización en Derecho Comparado”

X

Andrés Moreno Gutierrez

Socio

Email amorenog@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Es socio de Moreno Baldivieso. Admitido en Bolivia, con más de 15 años de experiencia en derecho corporativo y la estructuración de transacciones internacionales. El Sr. Moreno cuenta con un LLM de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) en España y post grados de Harvard Law School y Oxford University. El Dr. Moreno se encuentra altamente ponderado en Chambers & Partners, The Legal 500 y Latin Lawyer 250.

Áreas de práctica

Arbitraje Internacional
Derecho Corporativo
Fusiones y Adquisiciones M&A
Seguros
Minería
Telecomunicaciones
Propiedad Intelectual

Formación académica

Universidad Católica Boliviana 2000, La Paz, Bolivia, Licenciado en Derecho.

Harvard Law School 2002, “Postgrado en Derecho Corporativo, Boston USA.

Universidad Pontificia Comillas (ICADE) – Madrid, España “Master en Asesoria Jurídica de Empresas”.

Oxford University, “Postgrado en Derecho Financiero Internacional 2006, Oxford, Inglaterra.

X

Luis F. Moreno Gutierrez

Socio

Email lmorenog@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Es socio de Moreno Baldivieso y managing partner de la oficina en Santa Cruz. Admitido en Bolivia y España, cuenta con más de 14 años de experiencia en las aéreas del derecho corporativo, transacciones internacionales, tributarias y laborales. El Dr. Moreno cuenta con un máster en asesoría jurídica de empresas del Instituto de Empresa (IE) en España y un máster en finanzas de la Universidad Católica Boliviana. El Dr. Moreno se encuentra altamente ponderado en Chambers & Partners, The Legal 500 y Latin Lawyer 250.

Áreas de práctica

Fusiones y Adquisiciones M&A
Corporativo
Agrario
Arbitraje
Seguros
Propiedad Intelectual
Tributario

Formación académica

Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España, Letrado Asesor de Empresas

Harvard Law School, Boston, Massachusetts, “Negotiation”

Harvard Law School, Boston, Massachusetts, “Program Instruction for Lawyers (PIL)”

Universidad Austral, Buenos Aires Argentina, “Especialización en Derecho Tributario Internacional”

Universidad Mayor de San Andres, La Paz, Bolivia, “Licenciado en Derecho”

Instituto de Empresa IE. Madrid, España, “Master en Asesoría Jurídica de Empresas”

Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivia, “Master en Finanzas Empresariales”

X

Delfor Zapata Avendaño

Socio

Email dzapata@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Contratación Mercantil
Derecho Societario
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Minero y de Hidrocarburos
Derecho de Seguros
Derecho Laboral
Derecho Regulatorio
Derecho Tributario
Ingeniería y Construcción
Arbitraje Nacional e Internacional

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia, 1992: “Licenciado en Derecho”

Universidad Andina Simón Bolívar, 1996 “Especialista en Derecho Tributario”

Universidad Andina Simón Bolívar, 1997, La Paz Bolivia “Especialista en Derecho Empresarial"

Universidad Andina Simón Bolívar, 2000 “Maestría en Derecho Económico –Derecho Tributario"

Universidad de Chile, 2003, “Diseño de Políticas Públicas para enfrentar el delito en Democracia”

Universidad Mayor de San Andrés, 2009 “Diplomado en Educación Superior, “Organización, Administración Pedagógica del Aula”

X

Miguel Angel Jemio M.

Socio

Email majemio@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés, Francés

Áreas de práctica

Derecho Corporativo
Fusiones y Adquisiciones M&A
Arbitraje Internacional
Seguros
Minería
Telecomunicaciones
Derecho de Seguros
Derecho Regulatorio

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia, 1994: “Licenciado en Derecho”

X

José Paul Aramayo Salinas

Socio

Email paramayo@emba.com.bo

idiomas Español

Es socio de Moreno Baldivieso y Director de la oficina en Santa Cruz, cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en Moreno Baldivieso, tanto en las oficinas de La Paz y Santa Cruz en las aéreas del derecho laboral, corporativo, administrativo y civil.

Áreas de práctica

Derecho Laboral
Derecho Administrativo
Derecho Comercial
Derecho Civil

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, : “Licenciado en Derecho”

Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz – Bolivia “Diplomado en Derecho Administrativo”

Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz – Bolivia “Maestría en Derecho Administrativo”.

X

Daniel Arredondo Zelada

Socio

Email darredondo@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Fusiones y Adquisiciones
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Minero y de Hidrocarburos
Derecho de Seguros
Derecho de Telecomunicaciones
Financiamiento Internacional
Inversión Extranjera
Transacciones Internacionales
Arbitraje Nacional e Internacional (Ad-hoc/CIADI/CCI)

Formación académica

Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz - Bolivia, 2003: Licenciatura en Derecho.

Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz - Bolivia, 2003: Postgrado: Práctica Jurídica en Regulación Sectorial.

Universidad de Barcelona, Barcelona - España, 2004-2005: Máster en Derecho Empresarial.

American University, Washington College of Law – Center on International Commercial Arbitration, Washington DC - USA, 2013: Diploma en Arbitraje Comercial Internacional.

X

René Claure Veizaga

Socio

Email rclaure@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Es socio de Moreno Baldivieso, con más de 11 años de experiencia en el ámbito del derecho. Graduado con honores, se inició y ha desarrollado toda su actividad profesional en Moreno Baldivieso, contando actualmente con amplia experiencia en las áreas de derecho corporativo, laboral y seguridad social, construcción e ingeniería y agroindustria.

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Comercial
Derecho Bancario y Financiero
Derecho de Seguros
Derecho Regulatorio
Ingeniería y Construcción
Derecho Procesal
Arbitraje Nacional e Internacional (Ad-hoc/CIADI/CCI)

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2006: Licenciado en Derecho (Graduado por Excelencia Académica).

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2007: Diplomado en Educación Superior e Investigación.

Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz - Bolivia, 2011: Máster en Derecho del Mercado Financiero.

X

René Cuellar Miranda

Socio

Email rcuellar@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Corporativo
Derecho Constitucional
Derecho Laboral
Derecho Regulatorio

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés - UMSA, La Paz – Bolivia, 2006: Licenciado en Derecho (Graduado con Excelencia Académica).

Universidad Andina Simón Bolívar, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, 2009: Maestría en Derecho Constitucional.

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, 2013: Maestría en Derecho Empresarial.

Ramiro Moreno Baldivieso

Socio

Andrés Moreno Gutierrez

Socio

Luis F. Moreno Gutierrez

Socio

Delfor Zapata Avendaño

Socio

Miguel Angel Jemio M.

Socio

José Paul Aramayo Salinas

Socio

Daniel Arredondo Zelada

Socio

René Claure Veizaga

Socio

René Cuellar Miranda

Socio
X

Rodrigo Moreno Gutierrez

Director Asociado

Email rmoreno@gabrielip.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Propiedad Intelectual

Formación académica

Lynn University; Licenciado en Administración de Negocios.

European Business School, London; Master en Negocios Internacionales.

University of New Hampshire School of Law – Franklin Pierce Center for Intellectual Property: Master en Propiedad Intelectual.


X

Natalio Eduardo Zegarra Ribera

Director Asociado

Email nezegarra@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Bancario
Derecho Laboral

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia: “Licenciado en Derecho”

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia: Diplomado en Derecho Laboral

Universidad Católica San Pablo, La Paz – Bolivia: Diplomado en Derecho Bancario

X

Carlos Merino Troche

Director Asociado

Email cmerino@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Fusiones y Adquisiciones
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Administrativo
Derecho de Seguros
Derecho Registral e inmobiliario
Bienes raíces
Asesoramiento Fundaciones, ONG, Asociaciones sin fines de lucro

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia “Licenciado en Derecho”

Universidad Simón Bolivar : “Diplomado en Derecho Empresarial”

Universidad – Simón Bolivar “ Maestria en Derecho Económico

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia, “Diplomado en Procedimiento Civil ”

X

Yamila Droguett de Mattos

Director Asociado

Email ydroguett@gabrielip.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Propiedad Intelectual e Industrial
Marcas
Patentes
Copyright
Infracciones
Derecho Comercial
Derecho Civil

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz –Bolivia, 1999: Licenciada en Derecho.

WIPO. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Curso General de Propiedad Intelectual I OMPI- WIPO
Curso Especializado sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos DL 201 OMPI-WIPO.
Curso General de Propiedad Intelectual II OMPI – WIPO.
Curso Internet Derecho Comercio Electrónico OMPI – WIPO.

X

Hugo Roberto Suárez Calbimonte

Director Asociado

Email hsuarez@emba.com.bo

idiomas

CONALAB: 13710
Ministerio de Justicia 1665811HRSC

Áreas de práctica

Derecho Constitucional
Derecho Comercial
Derecho Laboral

Formación académica

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas
Magister en Administración de Empresas

Rodrigo Moreno Gutierrez

Director Asociado

Natalio Eduardo Zegarra Ribera

Director Asociado

Carlos Merino Troche

Director Asociado

Yamila Droguett de Mattos

Director Asociado

Hugo Roberto Suárez Calbimonte

Director Asociado
X

Juan José Cuevas Simons

Asociado Senior

Email jcuevas@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Minero y de Hidrocarburos
Derecho Corporativo
Fundaciones, Asociaciones y ONG´s
Derecho Laboral
Arbitraje
Derecho Tributario

Formación académica

Universidad Católica Boliviana, La Paz- Bolivia, 2000: Licenciatura en Derecho.

Universidad de Barcelona, Escuela de Estudios Empresariales, Barcelona-España, 2002: Máster en Derecho Empresarial.

Universidad Católica del Brasilia- Universidad Salesiana, La Paz-Bolivia, 2005: Diplomado en Educación Superior.

X

Teddy Mercado Carrión

Asociado Senior

Email tmercado@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés, Francés

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Fusiones y Adquisiciones
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Minero y de Hidrocarburos
Derecho de Seguros
Derecho Regulatorio
Financiamiento Internacional
Inversión Extranjera
Ingeniería y Construcción
Arbitraje Nacional e Internacional (Ad-hoc/CIADI/CCI)

Formación académica

Universidad Privada Boliviana, La Paz – Bolivia, 2008: Licenciado en Derecho.

Georgetown University Law Center, Washington D.C., 2009 : “Diplomado en Fusiones y Adquisiciones”.

Université Panthéon – Assas Paris 2, Paris – France, 2010: LL.M. Derecho Internacional de los Negocios (Graduado con Honores).

Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, La Paz – Bolivia, 2011: Diplomado en Negociación, Conciliación y Arbitraje.

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia, 2014: Diplomado en Educación Superior.

X

Oscar Armando Olmos Medina

Asociado Senior

Email oolmos@emba.com.bo

idiomas Español, Portugués, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Societario
Derecho Comercial
Derecho Laboral
Derecho Tributario
Derecho Administrativo

Formación académica

Universidad del Valle, Cochabamba – Bolivia, 2011: Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas.

Universidad Privada de Santa Cruz – Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 2013: Maestría en Derecho Empresarial.

X

Freddy Paredes

Asociado Senior

Email fparedes@gabrielip.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Intellectual Property

Formación académica

X

Fernando Sanchez Peña Von Nagy

Asociado Senior

Email fsanchez@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Fusiones y Adquisiciones
Derecho Procesal
Derecho Laboral y Seguridad Social
Derecho de Seguros
Derecho Regulatorio

Formación académica

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, La Paz – Bolivia, 2003: Licenciado en Derecho (Graduado con Honores).

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA. Santa Cruz, 2001: Diplomado en Comercio Exterior.

Servicio de Asesoramiento Informativo, Tributario, Económico, Laboral y Social “SAITELS”, La Paz-Bolivia, 2007: Diplomado en Legislación Laboral.

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, La Paz – Bolivia, 2006: Diplomado en Educación Superior.

X

Daniel Virreira Méndez

Asociado Senior

Email dvirreira@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Societario
Derecho Comercial
Derecho Laboral
Derecho Regulatorio
Derecho Civil
Derecho Penal

Formación académica

Universidad Privada Boliviana, La Paz – Bolivia, 2005: Licenciado en Derecho.

X

Juan Pablo Zegada Arteaga

Asociado Senior

Email jpzegada@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Comercial
Derecho Laboral
Negociación, conciliación y Arbitraje Nacional

Formación académica

Universidad Católica Boliviana, Cochabamba – Bolivia, 1999: Licenciado en Derecho.

Universidad Privada Boliviana y Universidad de los Andes Colombia, Cochabamba – Bolivia, 2006: Máster en Derecho Empresarial.

Juan José Cuevas Simons

Asociado Senior

Teddy Mercado Carrión

Asociado Senior

Oscar Armando Olmos Medina

Asociado Senior

Freddy Paredes

Asociado Senior

Fernando Sanchez Peña Von Nagy

Asociado Senior

Daniel Virreira Méndez

Asociado Senior

Juan Pablo Zegada Arteaga

Asociado Senior
X

Natalie Cortez Quiroz

Asociado

Email ncortezq@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Ambiental
Derecho Corporativo
Derecho Laboral
Derecho Comercial
Derecho Administrativo

Formación académica

UPSA- Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 2008: Licenciada en Derecho.

UAGRM - Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz – Bolivia, 2012: Maestría en Tecnología del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

X

David Cuellar Franco

Asociado

Email dcuellarf@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Administrativo
Derecho Inmobiliario.

Formación académica

Universidad Autónoma “Gabriel Rene Moreno” – Bolivia, 2014: “Licenciado en Ciencia Jurídica.

Diplomado en Derecho Procesal Civil.

X

José Javier Galeb Claure

Asociado

Email javierg@emba.com.bo

idiomas Español, Portugués

Áreas de práctica

Derecho Administrativo y Regulatorio
Derecho Mercantil y Societario
Contratación Civil y Comercial
Derecho Bancario

Formación académica

Universidad Católica Boliviana, La Paz – Bolivia, 2006: “Licenciado en Derecho”.

X

Gregorio Huaranca Mamani

Asociado

Email ghuaranca@emba.com.bo

idiomas Español, Aymara

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Laboral
Derecho Familiar
Derecho Agrario
Derecho Administrativo
Derecho Comercial

Formación académica

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Tarija – Bolivia, 2007: Licenciado en Derecho.

X

Ronald Lazarte Zeballos

Asociado

Email rlazarte@gabrielip.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Propiedad Intelectual e Industrial
Derecho civil
Procesal Civil
Derecho Administrativo
Derecho Comercial

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2013: Licenciado en Derecho.

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2015: Diplomado en Derecho Procesal Civil.

X

Sara Mendoza

Asociado

Email smedonza@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Formación académica

X

Andrea Nemer Sabag

Asociado

Email anemer@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Derecho Comercial

Formación académica

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, Santa Cruz – Bolivia, 2008: Licenciada en Derecho

Universidad San Francisco de Asis, La Paz – Bolivia 2007: Diplomado en Educación Superior y docencia Universitaria.

Universidad Privada Cumbre, Santa Cruz – Bolivia 2009: Contabilidad General.

Universidad Privada Boliviana, La Paz – Bolivia 2015: Diplomado en Arbitraje Internacional.

X

Jorge Angel Oporto Navajas

Asociado

Email joporto@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Procesal Civil
Derecho Penal
Derecho Procesal Penal
Derecho Familiar
Derecho Notarial

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2004: Licenciado en Derecho.

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2007: Diplomado en Educación Superior.

Universidad Salesiana, La Paz – Bolivia, 2015: Diplomado en Derecho Notarial.

X

Erika Pando Irahola

Asociada

Email epando@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés, Francés

Áreas de práctica

Derecho Societario
Derecho Comercial
Derecho Bancario y Financiero
Project Finance
Corporate Finance

Formación académica

Universidad Privada Boliviana, La Paz – Bolivia, 2008: Licenciada en Derecho (Graduada con mención en Derecho Corporativo).

Boston University, Boston-Massachussetts, 2011: LL.M. Derecho Bancario y Financiero (Becaria Fulbright).

Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz-Bolivia, 2010: Maestría en Derecho Empresarial y Corporativo.

X

Nilton Fernando Pinto Ledezma

Asociado

Email fpinto@emba.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Procesal Civil
Derecho Laboral

Formación académica

Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba – Bolivia, 2012: Licenciado en Derecho.

Universidad del Valle, Cochabamba – Bolivia, 2016: Diplomado en Derecho Procesal Civil.

X

Lilliam Quint Rios

Asociado

Email lquint@gabrielip.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Administrativo

Formación académica

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas ( Universidad Mayor de San Andrés UMSA)
Diplomado en Estudios Superiores sobre la Oralidad en el Código de Procedimiento Civil ( Universidad Loyola)
Diplomado Estudios Superiores e Interculturalidad (Universidad Mayor de San Andrés UMSA)
Diplomado en Derecho Administrativo y Regulatorio (Universidad Privada de Valle UNIVALLE)
Certificado de Paralegal George Mason Virginia Estados Unidos
Bachillerato Americano (Rincon High School Tucson Arizona)
Proficiency in English en el English Language Institute
Proficiency in the English Language en el Centro Boliviano Americano (CBA

X

Pablo Ricardo Sevilla Encinas

Asociado

Email psevilla@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho comercial
Derecho laboral
Arbitraje comercial

Formación académica

Maestría en Derecho Contratación Internacional y Comparada, Universidad de Chile.

Graduate Certificate in International Business Law , American University, Washington College of Law.

Diplomado Superior en Comercio Exterior y Aduanero ante la Universidad Privada Boliviana.

X

Christian Ariel Triveño Cossio

Asociado

Email arielt@emba.com.bo

idiomas Español, Portugués

Áreas de práctica

Derecho Penal
Derecho Procesal Penal
Derecho Migratorio especializado en Leyes Migratorias en Bolivia
Derecho Procesal Civil
Derecho Civil

Formación académica

Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz – Bolivia, 2005: “Licenciado en Derecho” (Graduado con Honores).

Diplomado “Gestión de proyectos para el desarrollo”, Banco Interamericano de Desarrollo BID-EDX. Online, año 2015.

X

Francisco Vela Pocoma

Asociado

Email fvela@gabrielip.com.bo

idiomas Español

Áreas de práctica

Propiedad Intelectual
Procedimiento Civil
Procedimiento Migratorio
Derecho comercial

Formación académica

Universidad Univalle, La Paz – Bolivia, 2005: Licenciado en Derecho.

Natalie Cortez Quiroz

Asociado

David Cuellar Franco

Asociado

José Javier Galeb Claure

Asociado

Gregorio Huaranca Mamani

Asociado

Ronald Lazarte Zeballos

Asociado

Sara Mendoza

Asociado

Andrea Nemer Sabag

Asociado

Jorge Angel Oporto Navajas

Asociado

Erika Pando Irahola

Asociada

Nilton Fernando Pinto Ledezma

Asociado

Lilliam Quint Rios

Asociado

Pablo Ricardo Sevilla Encinas

Asociado

Christian Ariel Triveño Cossio

Asociado

Francisco Vela Pocoma

Asociado
X

Juan Pablo Cruz Barrios

Asociado Junior

Email

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Procesal Civil
Derecho Procesal Penal
Derecho de Familia
Derecho Administrativo
Derecho Laboral

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2012: Licenciado en Derecho.

Universidad Salesiana de Bolivia, 2014: Diplomado en Derecho Administrativo y Ciencia Administrativa.

Ilustre Colegio de Abogados de La Ciudad de la Paz, 2015: Diplomado en Derecho Procesal Civil.

X

Ariel Zeballos Alaby

Asociado Junior

Email azeballos@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Civil
Derecho Laboral
Derecho de Familia y del Menor
Derecho Comercial

Formación académica

Universidad Mayor de San Andres, La Paz – Bolivia, 2013: Licenciado en Derecho (Graduado con Excelencia Académica).

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2015: Diplomado sobre el Nuevo Código Procesal Civil.

X

Laura González Mercado

Asociados Junior

Email lgonzalez@emba.com.bo

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Societario
Derecho Comercial
Derecho Laboral
Derecho Administrativo

Formación académica

Universidad Privada Domingo Savio, Licenciada en Derecho

X

Fernando Landa Alejandro

Asociados Junior

Email

idiomas Inglés, Frances, Italiano

Áreas de práctica

Investigación jurídica
Propiedad intelectual
Derecho penal
Derecho civil
Derecho comercial

Formación académica

Licenciado en derecho
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

X

Pamela Minaya Jallasi

Asociados Junior

Email

idiomas Español, Inglés

Áreas de práctica

Derecho Administrativo

Formación académica

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2016: Licenciada en Derecho (Graduado por Excelencia Académica).

X

Magali Condori

Asociado Junior

Email

idiomas

Áreas de práctica

Formación académica

X

Rosalia Rios Soliz

Asociado Junior

Email

idiomas Español

Áreas de práctica

Derecho Laboral
Derecho Civil
Derecho Familia

Formación académica

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra-Bolivia,2015: Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas.

X

Luis Gutierrez Antelo

Asociado Junior

Email

idiomas Español e Inglés

Áreas de práctica

Derecho Migratorio
Derecho Agrario

Formación académica

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Licenciado en Derecho

X

Paula Daniela Rocabado Resamano

Asociados Junior

Email Paula Daniela Rocabado Resamano

idiomas Español

Áreas de práctica

Formación académica

Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba-Bolivia, 2016: Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas

Juan Pablo Cruz Barrios

Asociado Junior

Ariel Zeballos Alaby

Asociado Junior

Laura González Mercado

Asociados Junior

Fernando Landa Alejandro

Asociados Junior

Pamela Minaya Jallasi

Asociados Junior

Magali Condori

Asociado Junior

Rosalia Rios Soliz

Asociado Junior

Luis Gutierrez Antelo

Asociado Junior

Paula Daniela Rocabado Resamano

Asociados Junior

Áreas de práctica

Administrativo y Regulatorio

Asesoramiento integral en todos los sectores regulados.

Brindamos asesoramiento integral en todos los sectores regulados. Tenemos amplia experiencia en contratación con el sector público, licitaciones, obtención de licencias, competencia, fiscalizaciones administrativas, impugnaciones, procedimientos administrativos y contenciosos-administrativos.

Agroindustria

Amplia experiencia en derecho agrario, derechos reales, adquisiciones y saneamiento.

Contamos con amplia experiencia en derecho agrario, derechos reales, adquisición y saneamiento de tierras, derechos de agua, servidumbres, autorizaciones administrativas, sanitarias, aduaneras y ambientales.

Arbitraje

Reconocidos por la prestigiosa publicación Global Arbitration Review 100 (GAR 100).

Hemos sido reconocidos por la prestigiosa publicación Global Arbitration Review 100 (GAR 100), como una de las 100 firmas más importantes del mundo en el arbitraje internacional. Tenemos vasta experiencia en arbitraje comercial local e internacional (ICC, AAA, ICDR) y una amplia trayectoria defendiendo a inversionistas en arbitrajes de inversión (CIADI, UNCITRAL).

Bancario y Financiero

Representamos a bancos y organismos multilaterales en operaciones de financiamiento.

Representamos a bancos nacionales, extranjeros y organismos multilaterales en operaciones de financiamiento con el Estado o empresas privadas. También asistimos a nuestros clientes en operaciones de préstamo, financiamiento de proyectos, estructuración de garantías, restructuración de deuda y recuperación de créditos.

Comercio Internacional

Cubrimos todas las áreas del comercio internacional, tratados comerciales y regulaciones de aduana.

Otorgamos servicio legal en la redacción de contratos de comercio internacional, exportación e importación de bienes y servicios, impuestos de importación y exportación, aplicación de convenios bilaterales y multilaterales.

Construcción e Ingeniería

Nuestra práctica, cubre todo el ciclo de la construcción, desde el proceso de licitación hasta la resolución de disputas.

Representamos a clientes que están desarrollando los más importantes proyectos de ingeniería y construcción en Bolivia. Prestamos servicios en la fase de licitación, negociación de contratos y resolución de controversias. Tenemos amplia experiencia en contratos llave en mano (EPC y  EPCM) y servicios en general.

Corporativo y M&A

Asesoramos transacciones complejas de fusiones y adquisiciones en todas las industrias.

Asesoramos de forma integral a empresas nacionales y multinacionales. Nuestro equipo asesora principalmente en operaciones relativas a constitución de sociedades, modificaciones corporativas, fusiones y adquisiciones (M&A), auditorias legales corporativas (Due Diligence), transformaciones, escisiones y restructuraciones societarias.

Energía

Nuestra práctica incluye petróleo y gas, minería, energías renovables, así como nuevas tecnologías.

Ofrecemos un asesoramiento integral en el sector energético: Electricidad, Gas Natural, Hidrocarburos Líquidos y Energías Renovables. Moreno Baldivieso ha asesorado exitosamente en temas contractuales, regulatorios y de arbitraje a las empresas más importantes de hidrocarburos y electricidad durante el proceso de nacionalización de los recursos naturales llevado adelante en Bolivia en los últimos años.

Laboral y Seguridad Social

Asesoramos en el cumplimiento de las leyes laborales, migración y problemas emergentes en transacciones corporativas complejas.

Nuestros servicios incluyen la elaboración de contratos de trabajo, contratación de personal local y extranjero, procedimientos migratorios, conclusión de la relación laboral, negociación colectiva, reestructuración empresarial y representación judicial en todas las instancias procesales.

Medio Ambiente

Asesoramos a clientes en todos los aspectos del derecho ambiental, incluyendo licencias y procedimientos administrativos.

Otorgamos asesoramiento en el cumplimiento de las normas ambientales, procedimientos administrativos, obtención de licencias ambientales, diseño de estrategias de mitigación y  disminución de impacto ambiental, manejo de incidentes ambientales y contingencias ambientales.

Mercado de Valores

Asesoramos en todo tipo de transacciones en el Mercado de Valores.

Contamos con vasta experiencia y conocimientos técnicos de los distintos productos de financiación. Prestamos asesoramiento en la emisión de valores, ofertas públicas, salidas en bolsa, venta en bloque de acciones cotizadas y emisión de todo tipo obligaciones.

Minería

Nuestra práctica cubre la integralidad de los proyectos mineros.

Asesoramos a empresas de prestigio mundial en este sector y contamos con amplia experiencia en el diseño y administración de contratos de riesgo compartido, asociaciones accidentales, compraventa de activos mineros, fusiones y adquisiciones, financiamientos de proyectos y contratos de servicios.

Propiedad Industrial e Intelectual

Pioneros en el desarrollo de la protección de Propiedad Industrial e Intelectual en Bolivia.

Somos los pioneros en el desarrollo de la protección de Propiedad Industrial e Intelectual en Bolivia. Prestamos un asesoramiento integral a clientes locales y extranjeros con un departamento especializado y multidisciplinario. Contamos con una importante base de datos propia, sistemas informáticos de última generación y una red internacional de contactos que permiten ofrecer al cliente un servicio eficiente y garantizado.

Seguros

Brindamos nuestros servicios a las más importantes empresas aseguradoras nacionales e internacionales.

Brindamos nuestros servicios a las más importantes empresas aseguradoras nacionales e internacionales. Tenemos amplia experiencia en la constitución y funcionamiento de empresas de seguros y reaseguros, sistema regulatorio, procedimientos administrativos, reclamos y resolución de controversias.

Telecomunicaciones

Hemos participado activamente en los cambios normativos que han afectado este sector en los últimos años.

Hemos participado activamente en los cambios normativos que han afectado este sector en los últimos años. Nuestro equipo ha participado en operaciones de adquisiciones y escisiones de empresas, cambios de control efectivo, procedimientos de obtención, renovación y transferencia de licencias, licitaciones y procedimientos administrativos.

Tributario

Asesoramos en la aplicación de tributos, planificación tributaria y procedimientos de fiscalización.

Tenemos una sólida formación jurídica y contable. Asesoramos en la aplicación de tributos, planificación tributaria, procedimientos de fiscalización, procedimientos administrativos y judiciales, precios de transferencia y tratados internacionales para evitar la doble imposición de tributos.

Administrativo y Regulatorio

Asesoramiento integral en todos los sectores regulados.

Agroindustria

Amplia experiencia en derecho agrario, derechos reales, adquisiciones y saneamiento.

Arbitraje

Reconocidos por la prestigiosa publicación Global Arbitration Review 100 (GAR 100).

Bancario y Financiero

Representamos a bancos y organismos multilaterales en operaciones de financiamiento.

Comercio Internacional

Cubrimos todas las áreas del comercio internacional, tratados comerciales y regulaciones de aduana.

Construcción e Ingeniería

Nuestra práctica, cubre todo el ciclo de la construcción, desde el proceso de licitación hasta la resolución de disputas.

Corporativo y M&A

Asesoramos transacciones complejas de fusiones y adquisiciones en todas las industrias.

Energía

Nuestra práctica incluye petróleo y gas, minería, energías renovables, así como nuevas tecnologías.

Laboral y Seguridad Social

Asesoramos en el cumplimiento de las leyes laborales, migración y problemas emergentes en transacciones corporativas complejas.

Medio Ambiente

Asesoramos a clientes en todos los aspectos del derecho ambiental, incluyendo licencias y procedimientos administrativos.

Mercado de Valores

Asesoramos en todo tipo de transacciones en el Mercado de Valores.

Minería

Nuestra práctica cubre la integralidad de los proyectos mineros.

Propiedad Industrial e Intelectual

Pioneros en el desarrollo de la protección de Propiedad Industrial e Intelectual en Bolivia.

Seguros

Brindamos nuestros servicios a las más importantes empresas aseguradoras nacionales e internacionales.

Telecomunicaciones

Hemos participado activamente en los cambios normativos que han afectado este sector en los últimos años.

Tributario

Asesoramos en la aplicación de tributos, planificación tributaria y procedimientos de fiscalización.

Reconocimientos

Chambers and Partners

Bolivian Law Firm of the Year

2016 / 2015 / 2013 / 2011 / 2010

Corporativo/Comercial (Banda 1)
Banca y Finanzas (Banda 1)
Laboral (Banda 1)
Resolución de Controversias (arbitraje nacional e internacional) (Banda 1)
Bienes Raíces (Banda 1)
Propiedad Intelectual (Banda 1)
Energía y Recursos Naturales (Banda 1)
Tributario (Banda 2)

Legal 500

Despacho Legal con mejor ranking de Bolivia

2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Corporativo/Comercial (Banda 1)
Banca y Finanzas (Banda 1)
Laboral (Banda 1)
Resolución de Controversias (arbitraje nacional e internacional) (Banda 1)
Bienes Raíces (Banda 1)
Propiedad Intelectual (Banda 1)
Recursos Naturales (Banda 1)
Tributario (Banda 2)

GAR 100

Entre las 100 firmas más importantes del mundo en arbitraje internacional

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Latin Lawyer 250

Despacho legal con mejor ranking de Bolivia

2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Ranked as Leading Corporate Bolivian Law Firm

Noticias

¿Cómo obtener un Registro Sanitario y/o Notificación Sanitaria Obligatoria en Bolivia?

¿Cómo obtener un Registro Sanitario y/o Notificación Sanitaria Obligatoria en Bolivia?

Si su empresa desea comercializar un producto farmacéutico, cosmético o regulado en Bolivia, a continuación detallamos cuál es el procedimiento administrativo a seguir para la obtención de un Registro Sanitario y/o Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud – AGEMED.

6 Junio, 2018

9 Mayo, 2018 LO QUE NECESITA SABER SOBRE EL DECRETO SUPREMO DE INCREMENTO SALARIAL

3 Mayo, 2018 Bolivia Avanza Hacia La Consolidación de La Apostilla

27 Abril, 2018 Ley de empresa social: ¿Herramienta de protección laboral o potencial riesgo empresarial?

7 Febrero, 2018 Bolivia aprueba un nuevo instrumento de inversión de naturaleza contractual

7 Febrero, 2018 Aplicación de convenios para evitar la doble imposición

7 Febrero, 2018 Cuentas corrientes fiscales

6 Febrero, 2018 NUEVA OFICINA VIRTUAL DE TRÁMITES PROCESARÁ SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS AL REGISTRO OBLIGATORIO DEL EMPLEADOR DESDE LA WEB

20 Enero, 2018 Inserción laboral obligatoria de personas con discapacidad

23 Noviembre, 2017 Moreno Baldivieso nuevamente premiados por Chambers and Partners.

17 Noviembre, 2017 Nueva Reglamentación sobre Consultas Tributarias.

17 Noviembre, 2017 Medidas Cautelares en el Arbitraje: La Verosimilitud del Derecho.

17 Noviembre, 2017 ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FIGURA DEL COMPLIANCE EN BOLIVIA.

17 Noviembre, 2017 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, LA EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO.

17 Noviembre, 2017 Tratados Bilaterales de Inversión en Bolivia.

8 Noviembre, 2017 Enriquecedor intercambio de experiencias en arbitrajes relacionados a la industria de la construcción.

9 Octubre, 2017 Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.

9 Octubre, 2017 Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.

13 Septiembre, 2017 Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.

13 Septiembre, 2017 Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.

14 Agosto, 2017 La Autoridad de Fiscalización de Empresas aprobó un Nuevo Reglamento de Sanciones

14 Agosto, 2017 Bolivia avanza hacia la Convención de la Apostilla

5 Julio, 2017 “STARTUPS”: EL ASESORAMIENTO LEGAL, UN ESLABÓN IMPRESCINDIBLE.

5 Julio, 2017 Chambers and Partners nomina nuevamente a Moreno Baldivieso

28 Abril, 2017 EFICACIA Y VALIDEZ DE LA FIRMA DIGITAL EN BOLIVIA

X
¿Cómo obtener un Registro Sanitario y/o Notificación Sanitaria Obligatoria en Bolivia?

¿Cómo obtener un Registro Sanitario y/o Notificación Sanitaria Obligatoria en Bolivia?

Si su empresa desea comercializar un producto farmacéutico, cosmético o regulado en Bolivia, a continuación detallamos cuál es el procedimiento administrativo a seguir para la obtención de un Registro Sanitario y/o Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud – AGEMED.

6 Junio, 2018

En Bolivia, la importación y comercialización legal de medicamentos, cosméticos y otros productos sujetos a regulación, requiere de la tramitación previa de Registros Sanitarios o Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO).

La agencia autorizada para emitir los Registros Sanitarios y/o Notificaciones Sanitarias Obligatorias es AGEMED, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes. Esta entidad fue creada mediante Decreto Supremo No. 2905, de 21 de Septiembre de 2016.

AGEMED tiene como una de sus principales funciones la emisión de autorizaciones de comercialización, con base en la presentación de información y documentación de carácter técnico – legal de conformidad con el trámite que se pretenda realizar.

Bolivia es parte de la Comunidad Andina de Naciones y en ese mérito, la normativa comunitaria sobre medicamentos, cosméticos y otros productos, goza de aplicación directa y preferenteó.

De manera general, AGEMED gestiona los siguientes procedimientos de inscripción o reinscripción:

  • Asignación de Notificación Sanitaria Obligatoria;
  • Solicitud de Renovación del Código de Identificación de la Notificación Sanitaria Obligatoria;
  • Solicitud de Reconocimiento del Código de Identificación de la Notificación Sanitaria Obligatoria emitida en otro país;
  • Información de Cambios de Producto.

Una vez que se cuenta con el expediente o dosier con la información y documentación pertinente, AGEMED recibe los trámites y los evalúa.

Si el trámite es aprobado, se procede a la asignación del código de Notificación  Sanitaria Obligatoria.

Si el expediente es observado por falta de alguno de los requisitos o error en los formularios, la subsanación debe producirse en un plazo de 30 días calendario para fines de reingreso.

Por último, el rechazo procede por observaciones mayores, incumplimiento de normas o falta de alguno de los requisitos esenciales.

En conclusión, los  Registros Sanitarios son documentos de importancia mayor, sin los cuales las empresas no podrían comercializar lícitamente sus productos, toda vez que estos  certificados no solo avalan la calidad de los productos y la procedencia de los mismos, sino también determinan que estos no son nocivos para la salud; por tanto, si algún producto no contara con registro, sería susceptible de decomiso por incumplimiento de la normativa vigente.

 

X
LO QUE NECESITA SABER SOBRE EL DECRETO SUPREMO DE INCREMENTO SALARIAL

LO QUE NECESITA SABER SOBRE EL DECRETO SUPREMO DE INCREMENTO SALARIAL

Entre otras medidas, el pasado 1 de mayo fue promulgado el Decreto Supremo N°3544 que establece el incremento salarial de 5.5% para determinados sectores públicos y para la generalidad del sector privado como así también 3% al salario mínimo nacional.

9 Mayo, 2018

¿Quiénes son los beneficiarios del sector público?

De acuerdo a lo señalado el incremento del 5.5% alcanza a los siguientes trabajadores:

  • Sector salud: centros de atención medica bajo dependencia SEDES, INLASA, CENETROP, INSO, SEDEGES y los Programas Nacionales administrados por el Ministerio de Salud. También se beneficiarán, hasta el 5.5% (podría ser menos) y de acuerdo a disponibilidad financiera según lo generado por su propia actividad, los trabajadores de AGEMED, las Cajas de Salud y entidades de la Seguridad Social.
  • Magisterio Fiscal: personal docente y administrativo de Unidades Educativas, Escuelas Superiores de Formación de Maestros e Institutos Técnicos y Comerciales.
  • Fuerzas armadas (incluyendo personal civil) y Policía Boliviana. En el caso de los Batallones de seguridad física dependientes de la Policía el costo será financiado con los recursos generados por su actividad.
  • Otros sectores: las Universidades Públicas podrán fijar incrementos de hasta el 5.5% precautelando su capacidad financiera.

¿Cómo será financiado el incremento salarial?

El costo y su incidencia en la previsión social serán cubiertos con recursos del Tesoro General de la Nación. Se exceptúan AGEMED, las Cajas de Salud, Entidades de Seguridad Social y Batallones de Seguridad Física dependientes de la Policía.

¿Quiénes son los beneficiarios del sector privado y cómo se regula el incremento?

El incremento salarial del sector privado no fue regulado por el mismo Decreto Supremo, sino por la Resolución Ministerial N°413/18 de 03 de mayo del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social. Al respecto establece que:

  • Alcanzara a todos los trabajadores del sector privado cuya relación sea en condiciones de subordinación, dependencia y trabajo por cuenta ajena. Se exceptúan los cargos de presidente, vicepresidente, miembros de directorio, gerentes y subgerentes, directores y subdirectores.
  • El incremento salarial será obligatorio de 5.5% y pueden acordarse incrementos superiores a este porcentaje. Para el cálculo debe aplicarse la remuneración percibida en 2017.
  • Para oficializar el incremento salarial los trabajadores y el empleador deben suscribir un Convenio Colectivo que deberá ser presentada por el empleador junto a una Declaración de Jurada de incremento salarial hasta el día 15 de junio y hasta el 30 de julio para el sector minero, bajo alternativa de sanción.

¿Desde cuándo se hará efectivo el incremento salarial?

Para todos los sectores alcanzados, públicos y privados, el incremento salarial se hará efectivo con efecto retroactivo desde el 1 enero de 2018. El empleador debe realizar el pago retroactivo hasta el próximo 31 de mayo.

¿A cuánto asciende el salario mínimo?

Se establece como mínimo nacional el monto de Bs. 2.060.- equivalente a un incremento de 3%.

X
Bolivia Avanza Hacia La Consolidación de La Apostilla

Bolivia Avanza Hacia La Consolidación de La Apostilla

Bolivia emitió el Decreto Supremo Nº 3541, reglamentando la implementación del Convenio de la Haya, que Suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, eliminando trámites morosos y costosos. El contenido central de este documento se resume a continuación.

3 Mayo, 2018

El 25 de abril de este año, el gobierno de Bolivia emitió el Decreto Supremo Nº 3541, cuyo objeto es reglamentar la implementación del Convenio de la Haya de fecha 5 de octubre de 1961, que Suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, eliminando el exceso de trámites morosos y costosos. El contenido central de este documento puede resumirse en los siguientes puntos:

 

Autoridad Competente

La facultad de “apostillar” documentos en Bolivia, recaerá en servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Procedimiento de apostillado

  • El apostillado de documentos públicos podrá ser solicitado a través de medios físicos o digitales ante la Entidad Emisora.
  • La Entidad Emisora deberá verificar la autenticidad del documento de forma inmediata (sin exceder los cinco días hábiles). Una vez verificada la autenticidad del mencionado documento, este será incorporado al Sistema Integrado de la Apostilla.
  • En el caso de que el documento ya hubiera sido incorporado al Sistema Integrado de la Apostilla, se podrá recurrir directamente a la Autoridad Competente para apostillar.
  • La procedencia o no del apostillado del documento será determinado por la Autoridad Competente.
  • Cuando exista alguna observación, la Autoridad Competente requerirá el pronunciamiento de la Entidad Emisora (sin exceder los 5 días hábiles).
  • Cuando el trámite sea viable, se requerirá el pago único del arancel correspondiente para proceder al apostillado del documento.
  • Para concluir, el documento con la apostilla será entregado de forma física o digital.

 

Documentos públicos a los que se aplica el convenio sobre Apostilla

Por un lado, los Documentos públicos que podrán ser Apostillados son: actas de nacimiento, matrimonio y defunción; documentos provenientes de una autoridad o funcionario vinculado a una corte, tribunal o juzgado; constancias de registros comerciales y otros registros; patentes; actas y certificaciones notariales de firmas; Títulos y diplomas académicos expedidos por colegios y universidades.

Por otro lado, el convenio sobre apostilla no se aplicará a documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares. El convenio además excluye de su ámbito de aplicación determinados documentos administrativos relacionados con operaciones mercantiles o aduanera.

 

Documentos extranjeros apostillados

Asimismo, los documentos de origen extranjero debidamente apostillados surtirán plenos efectos legales dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, siempre y cuando sean expedidos por países que son parte del Convenio sobre Apostilla.

Finalmente, cabe destacar que las Apostillas electrónicas en los documentos (e-Apostillas), aportan un plus importante en cuanto a la seguridad jurídica de circulación internacional de documentos públicos, ya que los ciudadanos y autoridades podrán acceder al registro electrónico de Apostillas (e-Registros), y conocer si el documento ha sido debidamente apostillado.

X
Ley de empresa social: ¿Herramienta de protección laboral o potencial riesgo empresarial?

Ley de empresa social: ¿Herramienta de protección laboral o potencial riesgo empresarial?

La Ley de Empresa Social fue recientemente aprobada en grande. Aunque aún no se ha publicado una versión oficial, el proyecto de ley que circula por internet da la impresión de ser una normativa que podría ser problemática para la ya delicada situación de la competitividad empresarial. Por: Fernando Landa Alejandro, Asociado Moreno Baldivieso

27 Abril, 2018

Alrededor de las diez de la noche del día veinticinco de abril, circuló por medios de prensa digital la noticia de la reciente aprobación en grande de la denominada Ley de empresa social. Los días anteriores empezó a circular el rumor de su promulgación durante el acostumbrado discurso presidencial durante la celebración del Día del trabajo, el próximo primero de mayo. Indudablemente, el contenido de este recién aprobado proyecto de ley ha generado un escenario de franca contradicción y discusión en la sociedad. Por un lado, autoridades oficialistas han exaltado los aspectos positivos respecto a la estabilidad laboral; en contra, desde la postura del empresario privado, Jorge Arias, presidente de la CAINCO, expresó los riesgos que supone esta norma y el desincentivo a la inversión que podría ocasionar.

Por cuanto puede corroborarse, no existe disponible una versión oficial final del texto recién aprobado, situación que imposibilita conocer verazmente su contenido sino hasta su publicación en la Gaceta; sin embargo, se encuentra disponible en línea una digitalización del proyecto. En este se detalla que el objeto de la ley es la constitución de Empresas Sociales. Estas pueden constituirse a partir de empresas privadas que se encuentren en una de dos situaciones: en proceso quiebra, concurso o liquidación o, alternativamente, en situación de abandono injustificado. Para esto, los trabajadores, de manera organizada y voluntaria, deberán requerir a la autoridad judicial que, en su calidad de acreedores privilegiados, se les transfiera la empresa para su constitución como una Empresa Social. Conviene aclarar que esta transferencia, supondría absolutamente todo el patrimonio físico (muebles e inmuebles) e inmaterial de la empresa (propiedad intelectual, nombre, secretos industriales).

Como resulta evidente, el contenido de esta norma resulta polémico y profundamente complejo puesto que deriva en significativas controversias. A decir un ejemplo, la figura del abandono injustificado supone únicamente el incumplimiento por tres meses de obligaciones pecuniarias de la empresa. En este aspecto el proyecto de ley es escueto e insuficiente para establecer más detalles de medular importancia; empero tal redacción da paso a considerar la afectación al derecho de propiedad y a la libre administración de la empresa en el marco de la economía plural y su principio de seguridad jurídica. Tampoco se regula la situación en que exista un diferencial entre el valor a transferir de la empresa y la deuda con los trabajadores.

Por otra parte, es oportuno considerar si cabe utilidad en transferir una empresa en proceso de quiebra, es decir, una empresa probadamente no rentable en evidencia de sus circunstancias. Salvo que la quiebra se haya producido por culpa o dolo por parte de la administración, resulta improbable pensar en su ulterior viabilidad como Empresa Social. También conviene indagar sobre las posibilidades que se deja a los trabajadores que, posibilitados a obrar de mala fe, al amparo de una norma pueden emplear ciertos medios para ocasionar el derrumbe de una empresa. La huelga, por ejemplo, puede constituirse en la herramienta más eficaz para la adquisición dolosa de una empresa por parte de los trabajadores, situación que resultaría en un indudable abuso de derecho respaldado por la norma. Adicionalmente es oportuno imponer severos cuestionamientos al proyecto político expresado en la actividad legislativa. Bolivia, a nivel empresarial, es uno de los países menos competitivos del mundo. El Foro Mundial Económico, en su último reporte sobre la competitividad ubica a Bolivia en el puesto 121 de 137, resultado de numerosos factores entre los que destacan los elevados impuestos (83.7% de los ingresos brutos de las empresas son destinados a impuestos), además, la tercera causa más problemática para realizar negocios en Bolivia es la restrictiva regulación laboral.

Parece una posible conclusión que dentro del proyecto político legislativo, es más sencillo transferir empresas cuya insostenibilidad es consecuencia de las altísimas barreras impuestas por la propia legislación, antes que mejorar las circunstancias empresariales para lograr una redistribución más equitativa de los ingresos. Encumbrando los valores del derecho laboral da la impresión de que se pone en riesgo la libertad y la seguridad empresarial.

 

X
Bolivia aprueba un nuevo instrumento de inversión de naturaleza contractual

Bolivia aprueba un nuevo instrumento de inversión de naturaleza contractual

Bolivia da luz verde a la suscripción de Contratos de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta, entre empresas públicas bolivianas y empresas públicas o privadas constituidas en el país o en el extranjero.

7 Febrero, 2018

El 24 de enero de este año, el Gobierno de Bolivia aprobó el Decreto Supremo No. 3469, cuyo objeto es establecer los preceptos y contenidos mínimos aplicables a los denominados “Contratos de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta”, en el marco de la Ley de la Empresa Pública y la Ley de Promoción de Inversiones.

En cierta medida, el Decreto Supremo referido sienta las bases normativas para la implementación de un nuevo instrumento de inversión de naturaleza preponderantemente contractual y asociativa, el cual permitiría que esfuerzos públicos y privados confluyan en un mismo sentido.

Anticipamos que este nuevo mecanismo para la estructuración de proyectos, podría ser el elegido por el Estado para dinamizar sectores estratégicos de la economía y hasta cierto punto atraer inversiones, dentro de los límites constitucionales y legales actualmente existentes.

X
Aplicación de convenios para evitar la doble imposición

Aplicación de convenios para evitar la doble imposición

Con una nueva Resolución Normativa de Directorio, el Servicio de Impuestos Nacionales establece las obligaciones, procedimiento y requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que apliquen las disposiciones contenidas en los Convenios para evitar la Doble Imposición suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia

7 Febrero, 2018

Oscar Olmos Medina

En la aplicación de los diferentes principios que utilizan los estados para gravar y recaudar impuestos, nace el problema de la Doble Imposición, definida como la situación en la cual el contribuyente se encuentra obligado a tributar en dos o más estados sobre un mismo ingreso, renta o bien.

Esta situación problemática ha suscitado que, desde el siglo pasado, los países se hayan preocupado en mayor o menor medida de establecer Convenios bilaterales o multilaterales para evitar la doble imposición.

Bolivia en la actualidad tiene suscritos este tipo de convenios con diversos estados, y de acuerdo a nuestro Código Tributario, estas normas tienen aplicación preferente a las demás leyes bolivianas (con excepción de la Constitución Política del Estado).

Por ende, era necesario, a criterio del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), establecer un procedimiento para la adecuada aplicación de las disposiciones pactadas en los citados instrumentos internacionales.

Bajo este razonamiento, el SIN emitió el pasado 29 de diciembre de 2017, la Resolución Normativa de Directorio No. 10170000030, la cual tiene como objeto establecer las obligaciones, procedimiento y requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que apliquen las disposiciones contenidas en los Convenios para evitar la Doble Imposición suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia.

La obligación principal que establece la anteriormente citada norma para las sucursales de empresas residentes de otro Estado contratante con el que el Estado Plurinacional de Bolivia tenga un Convenio para evitar la doble imposición, sería la de acreditar la condición de residencia o domicilio de la empresa o su sede de dirección efectiva en el citado Estado, ante la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción.

Por su parte, los agentes de retención por rentas pagadas o acreditadas en operaciones o transacciones con personas naturales o jurídicas residentes de otro Estado contratante con el que el Estado Plurinacional de Bolivia tenga un Convenio para evitar la doble imposición, deberán sustentar a partir del 01 de enero de 2018 la aplicación del Convenio con el Certificado de Residencia o Domicilio Fiscal vigente de la empresa a la que se le realiza la retención.   

En caso de que no se cuente con dicho certificado, los agentes de retención deberán proceder a la retención de fondos sin considerar los beneficios contemplados en el Convenio para evitar la doble imposición.

Visto lo anterior, esta normativa es sumamente importante para las sucursales de empresas constituidas en el extranjero y a las empresas que tienen relaciones comerciales con éstas, pues además de que se impone obligaciones adicionales para que las primeras puedan beneficiarse con algún Convenio para evitar la doble imposición, la nueva Resolución Normativa de Directorio establece sanciones de hasta UFV’s 5.000 en caso de incumplir con deberes de información. 

 

X
Cuentas corrientes fiscales

Cuentas corrientes fiscales

Nueva Resolución Administrativa emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que establece el carácter intransferible de cheques girados por instituciones públicas contra cuentas corrientes fiscales, lo cual supondría un perjuicio para los personas jurídicas extranjeras que no cuentan con presencia física en Bolivia, que proveen bienes y prestan servicios a las entidades estatales

7 Febrero, 2018

Javier Galeb Claure

En fecha 10 de septiembre de 2009, implementando una política adoptada por el Gobierno de Bolivia, que está a su vez vigente en países varios del orbe y particularmente de Latinoamérica, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aprobó la “Guía de Procedimientos Operativos de Cuentas Corrientes Fiscales” mediante la Resolución Administrativa Nº 186, estableciendo así una clara y marcada distinción en la operativa y el procedimiento de operaciones financieras y manejo entre cuentas corrientes por las cuales personas naturales o jurídicas, entregan a Entidades de Intermediación Financiera, cantidades sucesivas de dinero, cheques u otros valores, para su devolución total o parcial, y entre cuentas corrientes de entidades públicas habilitadas en un administrador delegado, es decir, cuentas corrientes fiscales.

A diferencia de las cuentas corrientes de titularidad de particulares, las cuentas corrientes fiscales, son abiertas por instituciones públicas estatales, y en Bolivia, su administración es ejercida por un administrador delegado; en mérito a la apertura de estas cuentas, la Entidad de Intermediación Financiera en la que está aperturada la cuenta corriente fiscal, está obligada a cumplir las órdenes de pago de la institución estatal, de acuerdo a la cantidad de dinero que haya depositado la entidad pública. Dentro de este marco, en ejercicio de las modalidades de contratación previstas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 181 de 28 de junio de 2009, las instituciones estatales suscriben contratos con particulares para proveerse de bienes, así como para contratar servicios, no obstante, los pagos que las entidades públicas deben realizar por la adquisición de dichos bienes y servicios, entrañan dificultades específicas, no tanto para los entes estatales que realizan los pagos, sino para los particulares que fueron contratados por dichas instituciones.

La Guía de Procedimientos Operativos de Cuentas Corrientes Fiscales, establece en su inciso A, numeral 3, el carácter intransferible de los cheques de cuentas corrientes fiscales. Esta característica de intransferibilidad, implica que los cheques emitidos por instituciones públicas, contra las cuentas corrientes cuya titularidad ostentan, no pueden ser objeto de endoso; sin embargo, las disposiciones de la Guía de Procedimientos Operativos de Cuentas Corrientes Fiscales, que fueron por cierto, aprobadas mediante Resolución Administrativa, no consideran que en circunstancias varias, las instituciones estatales contratan servicios, pero sobre todo, adquieren bienes de personas jurídicas extranjeras, domiciliadas en el exterior, que no cuentan necesariamente con domicilio establecido en Bolivia ni se hallan constituidas en el país.

El dinamismo que caracteriza al comercio y sus relaciones, desde luego no es igual, cuando vincula a particulares con entes estatales o públicos, sin embargo, uno de los aspectos básicos en relaciones de carácter civil y comercial, cual es el cumplimiento de la obligación de pago, no debería verse obstaculizado cuando se trata de personas jurídicas extranjeras, que no cuentan con presencia física en Bolivia.

X
NUEVA OFICINA VIRTUAL DE TRÁMITES PROCESARÁ SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS AL REGISTRO OBLIGATORIO DEL EMPLEADOR DESDE LA WEB

NUEVA OFICINA VIRTUAL DE TRÁMITES PROCESARÁ SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS AL REGISTRO OBLIGATORIO DEL EMPLEADOR DESDE LA WEB

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con el objeto de simplificar trámites en tiempo y costo a través del uso de la tecnología, ha emitido la Resolución Ministerial No.105/18 de 19 de enero de 2018, a objeto de reglamentar la implementación del Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) que toda empresa del sector privado y diversas instituciones del sector público, deben realizar, a través de uso de la Oficina Virtual de Trámites (OVT), prevista por el Decreto Supremo N°3433 de 13 de diciembre de 2017, estableciendo plazos y requisitos, así como la emisión de sanciones en caso de incumplimiento.

6 Febrero, 2018

La Resolución Ministerial No.105/18 de 19 de enero de 2018, implementa la obligatoria inscripción y actualización de datos en el Registro Obligatorio del Empleador (ROE) a través de la página web ovt.mintrabajo.gob.bo; trámite que debe ser realizado por toda empresa y establecimiento laboral del sector privado, así como por los Órganos del Estado, Entidades Autónomas, Universidades Públicas, Empresas Públicas, Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias, Instituciones Públicas de Seguridad Social, Personas Naturales y Jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana respecto a su personal administrativo, previa obtención de los datos de acceso otorgados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o activación de Cuenta de Acceso para quienes ya se encuentren inscritos y cuenten con el Certificado ROE, a fin de acceder a la Oficina Virtual de Trámites (OVT).

Con relación a la inscripción y actualización de datos en el ROE, los solicitantes deberán acceder a la Oficina Virtual de Trámites OVT,  ingresando su información como nombre o Razón Social, NIT, sucursales, dependientes, actividad, domicilio y otros, obteniendo a su conclusión, el Certificado Digital; documento público extendido por el Ministerio  de Trabajo, Empleo y Previsión Social que acreditará el ROE, el cual será exigido como requisito para efectuar trámites de registro ante los Entes Gestores del Seguro Social de Corto y Largo Plazo, así como también por el Registro de Comercio de Bolivia a momento de actualizar su matrícula.

En cuanto a los plazos fijados para la inscripción y actualización de datos a través de la OVT, se establece que los mismos, serán computables desde la puesta en vigencia de la presente Resolución, es decir, desde el 1ro de febrero de 2018:

  • 30 días hábiles para todas las empresas privadas e instituciones públicas que cuenten con un número igual o superior a 50 dependientes.
  • 60 días hábiles para las empresas e instituciones que tengan 49, menos o ningún dependiente.
  • 120 días hábiles para personas naturales que administren recursos públicos.

Sobre este último punto, cabe señalar que las empresas o instituciones que se constituyan a partir del 1ro de febrero de 2018, tengan o no dependientes, deberán proceder con su inscripción en el ROE a través de la OVT, en el plazo de 30 días hábiles computables a partir de la emisión de su NIT por parte del SIN.

Finalmente, la Resolución Ministerial comentada, determina que  el incumplimiento de  registro y actualización de datos en el ROE a través de la OVT en los plazos establecidos, será sancionado con multas que oscilan entre los Bs.1000.- y 10.000.-  dependiendo del número de dependientes; monto que será cancelado de forma directa en cuentas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a momento de  recabar el Certificado digital, quedando exentas de multas las Instituciones Públicas, Diplomáticas, Consulares y de Organismos Internacionales acreditados en territorio nacional.

X
Inserción laboral obligatoria de personas con discapacidad

Inserción laboral obligatoria de personas con discapacidad

Obligación de las empresas privadas de incorporar en sus planillas laborales a personas con discapacidad, o, a personas que tengan bajo su cargo un discapacitado menor de 18 años, tales como madre, padre, cónyuge o tutores

20 Enero, 2018

En fecha 20 de diciembre de 2017 el Gobierno de Bolivia emitió el Decreto Supremo No. 3437, por medio del cual reglamenta la Ley No. 977 de inserción laboral obligatoria a personas con discapacidad.

Recordemos que la Constitución Política del Estado dispone que toda persona con discapacidad goza del derecho a ser protegido por su familia y por el Estado; y a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

En este contexto, la citada Ley No. 977 en su Art. 1º estableció como obligación del empleador la de proceder a la inserción laboral de personas con discapacidad, o, a personas que tengan bajo su cargo un discapacitado menor de 18 años, tales como madre, padre, cónyuge o tutores.

Por su parte, el Reglamento contenido en el Decreto Supremo No. 3437, establece las siguientes obligaciones principales para el sector privado:

  1. Ratifica la obligatoriedad de inserción laboral del 2% para empresas o establecimientos que cuenten con 50 o más trabajadores.
  2. Reportar al Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) la planilla del total de sus dependientes, incluyendo información detallada de las personas con discapacidad, así como de la madre, padre o cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menor de 18 años o con discapacidad grave y muy grave.

Ahora bien, entre los requisitos establecidos para identificar a los beneficiarios para la inserción laboral obligatoria se encuentran los siguientes:

  • Requisitos generales:
  1. Cédula de identidad vigente.
  2. Carnet de discapacidad vigente registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Personal de Personas con Discapacidad – SIPRUNCD o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera –IBC, del beneficiario, hijos, tutelado, y cónyuge, según corresponda.
  • Requisitos específicos:
  1. Para personas con discapacidad: Sólo los requisitos generales.
  2. Para madre o padre: Certificado original de nacimiento de hijo con discapacidad.
  3. Para tutor: Copia legalizada de resolución judicial de nombramiento.
  4. Para cónyuge: Certificado de Matrimonio o copia legalizada de resolución judicial de reconocimiento de unión libre.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es la entidad encargada de la verificación mensual del cumplimiento de dichas obligaciones por parte de las empresas privadas. Asimismo, el Ministerio de Trabajo, en base al “reporte trimestral consolidado” que presenten las empresas, conminará, en caso de incumplimiento, a las empresas o establecimientos laborales privados para que procedan a la inserción laboral en el porcentaje de 2% antes señalado, bajo posibilidad de sanción en caso de incumplimiento.

Finalmente cabe señalar, que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de acuerdo a lo señalado en el parágrafo IV del Art. segundo de la Ley 977, en el mes de mayo de cada gestión, realizará un acto público de distinción y reconocimiento a los establecimientos laborales del sector privado que hayan insertado laboralmente a personas con discapacidad, o, a personas a cargo de personas con discapacidad en porcentajes superiores a los establecidos, otorgando incentivos administrativos.

X
Moreno Baldivieso nuevamente premiados por Chambers and Partners.

Moreno Baldivieso nuevamente premiados por Chambers and Partners.

Moreno Baldivieso fue recientemente reconocida por Chambers and Partners como “Bolivian Client Service Law Firm of the Year”.

23 Noviembre, 2017

Moreno Baldivieso fue recientemente reconocida por Chambers and Partners como “Bolivian Client Service Law Firm of the Year”Este nuevo galardón es fruto de la excelencia en la prestación de nuestros servicios, confirmado por el extraordinario feedback brindado por nuestros clientes, a quienes agradecemos sinceramente la confianza depositada. El haber recibido este reconocimiento entregado por primera vez a una firma de Bolivia, nos llena de profundo orgullo y satisfacción.

X
Nueva Reglamentación sobre Consultas Tributarias.

Nueva Reglamentación sobre Consultas Tributarias.

El Servicio de Impuestos Nacionales aprobó recientemente una nueva Resolución Normativa de Directorio, por la cual reglamenta los procedimientos para la realización de las consultas tributarias y las consultas con carácter informativo.

17 Noviembre, 2017

Paul Aramayo

Los artículos 115 al 120 del Código Tributario Boliviano, facultan al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a responder consultas de manera vinculante, sobre casos concretos consultados, en tanto y en cuanto quien la realice tenga interés directo y personal sobre la aplicación y el alcance de una disposición normativa tributaria confusa y/o controvertible, enfocada a situaciones de hecho particulares. 

En este contexto, el SIN en fecha 29 de septiembre de 2017 aprobó la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 101700000019, norma que tiene por objeto principal establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para la atención de consultas tributarias formuladas en sujeción al Código Tributario Boliviano, abrogando la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0002-04 de 16 de enero de 2004, que se encargaba de reglamentar este tema anteriormente.

La citada nueva RND, define los términos “controvertible” y “confuso” a efectos de aplicación de la misma, de la siguiente manera:

  • Controvertible, referente a la casuística originada cuando subsisten dos normas de igual jerarquía que regulan un mismo aspecto tributario con criterios contrarios o incoherentes entre sí.
  • Confuso, haciendo referencia a la falta de orden o claridad en la norma, o vacíos normativos en los cuales no es posible la aplicación del artículo 8 del Código Tributario Boliviano.

 Asimismo, la RND establece la diferencia entre los siguientes dos tipos de consultas:

  • Consulta Tributaria, la cual, de ser admitida, en cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la RND, tienen efecto vinculante.
  • Consultas con Carácter Informativo, las cuales no tienen efecto vinculante para la Administración Tributaria, siendo únicamente criterios orientadores o informativos, cuando no se cumpla con los requisitos de los artículos mencionados con anterioridad; además de las consultas presentadas por colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales y empresariales, sindicales o de carácter gremial, que conciernan a la generalidad de sus miembros o asociados.

En este sentido, los hechos y situaciones a ser consultadas mediante el procedimiento de Consulta Tributaria, no deben ser parte de procesos de verificación o fiscalización, ni deben estar cursando impugnación en la vía administrativa o judicial, ni encontrarse en plazo para la interposición de dichos recursos. Su admisibilidad o inadmisibilidad deberá darse a conocer en un plazo de 10 días hábiles, a partir del cual correrá el plazo de 30 días prorrogables para su respuesta, la misma que deberá ser emitida mediante Resolución Administrativa expresa.

Para las Consultas con Carácter Informativo, el plazo de respuesta es de 30 días prorrogable a partir de la recepción de la misma.

Ambas clases de consultas deben ser presentadas ante la Oficina Nacional de Impuestos Nacionales, la Gerencia de GRACO, Gerencia Distrital, o Agencia de la Jurisdicción de la Consultante. Asimismo, la notificación de la respuesta de ambas puede ser realizada a través del Buzón Tributario de la Oficina Virtual del SIN, o siguiendo el procedimiento del Código Tributario.

Con esta nueva norma -a criterio del SIN- estarían reglamentados los requisitos para la admisión de consultas tributarias presentadas por los contribuyentes, así como aclarado el procedimiento aplicable a las mismas, quedando en manos de los contribuyentes la utilización de esta eficaz herramienta legal en los casos confusos o contro

X
Medidas Cautelares en el Arbitraje: La Verosimilitud del Derecho.

Medidas Cautelares en el Arbitraje: La Verosimilitud del Derecho.

La eventual ejecución de una decisión arbitral puede ser resguardada a través de la adopción de medidas cautelares. Para su procedencia, es indispensable demostrar la verosimilitud del derecho.

17 Noviembre, 2017

René Claure Veizaga

Uno de los requisitos esenciales que apunta la doctrina para la procedencia de una medida cautelar, es la apariencia del derecho, también conocida como verosimilitud del derecho o credibilidad del derecho.

Desde el punto de vista teórico, la verosimilitud o apariencia se podría encarar a partir de una doble perspectiva.

Primero, como un mero juicio sobre la apariencia de verdad de los hechos alegados, de algo que se presenta como un hecho o relato que ocurre normalmente en la realidad o con un grado de frecuencia relativamente alto.

En resumen, una situación que a los ojos y experiencia de los árbitros, se podría calificar como creíble, aunque eventualmente resulte no ser cierta. Verdad y apariencia no son palabras sinónimas.

En segundo lugar, la verosimilitud o apariencia del derecho puede enfocarse como un juicio o evaluación de probabilidad. Esta evaluación de probabilidad incluiría un análisis de la probabilidad que los hechos alegados sean ciertos (apariencia), que el derecho invocado sea atendible y finalmente, que la propia demanda tenga chances de éxito.

Bajo este segundo enfoque de la apariencia o verosimilitud del derecho, nos encontramos frente a un potencial conflicto de altísima relevancia en el arbitraje; en razón a que cuando un árbitro emite una opinión previa sobre el fondo del caso, prejuzgándolo, se coloca en riesgo de ser apartado del caso, al carecer de imparcialidad para dictar el futuro laudo.

Ahora bien, en la práctica, desde el punto de vista del abogado, la demostración de este requisito a los árbitros es una cuestión de persuasión. Se construye con un buen relato, creíble, pero también con buena prueba, primordialmente documental.

Asimismo, desde la óptica de los árbitros, la emisión de una decisión sobre la verosimilitud del derecho, debe contener una fundamentación suficiente, al igual que cualquier otra decisión de esta naturaleza; pero teniendo el cuidado necesario de no exteriorizar una opinión anticipada que ponga su imparcialidad en tela de juicio.

X
ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FIGURA DEL COMPLIANCE EN BOLIVIA.

ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FIGURA DEL COMPLIANCE EN BOLIVIA.

Aquellas empresas que aún no tienen previstas en sus estructuras programas o planes como el Compliance, se encuentran en una carrera contra el tiempo, para desarrollar políticas de diseño de mapas o inventarios de riesgos de cumplimiento

17 Noviembre, 2017

Juan José Cuevas Simons

Con el debate en curso que se tiene sobre el denominado Código del Sistema Penal en Bolivia, uno de los temas que se habría abordado entre legisladores y empresarios, viene a ser el denominado Compliance (cumplimiento normativo), que emerge de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país.

Pero, este término que parece novedoso en nuestro país, tiene sus orígenes en EEUU en la década de los 70 y 80, emergente de los grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a connotadas compañías, como el caso WATERGATE. Este hecho, implicó que se dicte la Foreign Corrupt Practices Act o sus siglas FCPA el año 1977.

¿Cuál es la situación de nuestras empresas frente a la implementación del Compliance?

El abordar la temática el Compliance resulta un reto para gran parte de nuestras empresas en Bolivia, es por ello que:

1.- Para aquellas que aún no tienen previstas en sus estructuras programas o planes como el Compliance, será una carrera contra el tiempo, para que se pongan manos a la obra, para buscar despachos de abogados o profesionales con experiencia en el desarrollo de este tipo de políticas que traten al menos, de diseñar mapas o inventarios de riesgos de cumplimiento, elementos de control interno, tales como los Códigos Éticos o de Conducta, el cumplimiento contractual, registros o licencias y en suma los riesgos que enfrenta la empresa, sus ejecutivos y las posibles sanciones a las que pueden ser pasibles. 

2.- De igual modo, para las empresas que ya cuentan con estos programas, la vigencia de una norma específica, será un llamado de atención para revisarlos y actualizarlos, para que no sean como en muchos casos un tema de simple cumplimiento de nomas o solo por formalidad, cabe recordar los últimos hechos delictivos acaecidos en el sistema financiero boliviano que son de conocimiento público.

¿Quíén es el Compliance officer?

Seguramente y como avanzan las cosas, muchas empresas que puedan cubrir los costos, podrán contar en breve con el denominado Compliance officer (Director de Cumplimiento Normativo), persona que deberá ejercer sus funciones con plena independencia, contar con los recursos suficientes y también tener la autoridad necesaria para desarrollar su actividad previsora de riesgos dentro de la empresa.

¿Las normas ISO y el Compliance?

En la misma línea del camino que empieza y nos queda por recorrer en cuanto al Compliance en Bolivia, no podemos dejar de lado, mencionar que otro reto a trazarse por muchas de nuestras empresas, será el poder contar con las certificaciones que según las actividades que realicen, ya fueron abordadas por la Organización Internacional de Normalización, con la publicación de normas como la ISO 19600 (Normas de Compliance) y también con la ISO 37001 (Normas Anti-Soborno).

Para concluir, esperamos que estas consideraciones puedan aportar y convertirse en un punto de partida, para que se siga ahondando sobre esta temática, que seguramente tomará mayor relevancia una vez que se apruebe y publique el Código del Sistema Penal en Bolivia, que nos permitirá emitir otros criterios emergentes de la redacción de los artículos que estén vinculados con el Compliance.

 

X
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, LA EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, LA EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO.

Javier Galeb Claure: La actualización jurídico normativa tendiente a establecer condiciones que resulten atractivas para la inversión extranjera resulta primordial, respetando las políticas de desarrollo económico y social del país.

17 Noviembre, 2017

Javier Galeb Claure

En fecha 13 de octubre del presente año, se celebró el Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia organizado por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), desarrollándose dicho evento en la ciudad de Santa Cruz. En el marco del indicado Encuentro, se contó con la participación expositiva del Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera quien destacó que de un tiempo a esta parte, el Estado ha venido a constituirse en la principal fuente de inversiones, llegando a alcanzar hasta un ochenta por ciento (80%) del Producto Interno Bruto (PIB) inclusive.

A pesar de resaltar que Bolivia es el país que estaría teniendo el mayor crecimiento en la región y que el Estado financia hasta un setenta y ocho por ciento (78%) de sus proyectos productivos, así como proyectos en educación y salud con recursos propios, comunicó acto seguido, la merma de la inversión extranjera directa de USD. 2.122 M registrada el año 2014 hasta la cifra de USD. 1.180 M registrada en 2016, aspecto que si bien no significó la disminución de la capacidad de consumo de los bolivianos, impide o cuando menos perjudica el desarrollo de la producción de valor agregado.

Es evidente que dentro de un modelo económico primario como es el que caracteriza al modelo vigente en Bolivia, si bien se fomenta el consumo, es por demás importante contar con inversión extranjera, en especial en sectores dinámicos, como el agropecuario y el de la ganadería, más aun tratándose de economías en desarrollo como la boliviana. De importancia resulta destacar también, que si bien hay interés de parte del Estado en procurar inversión extranjera directa, tal como se refleja en la Ley de Promoción de Inversiones, promulgada en fecha 4 de abril de 2014, en apariencia, no se estaría haciendo lo suficiente para lograr dicho cometido y se hace imperiosa una nueva respuesta jurídica que se adecúe a la realidad actual de la economía.

El Estado Boliviano viene normando la relación entre los inversionistas y el Estado, de tal manera que esta se caracterice por la independencia, respeto mutuo y equidad, en el marco de la soberanía y dignidad del país, en un contexto de seguridad jurídica, conforme al principio de Respeto Mutuo y Equidad previsto en el artículo 3, inciso c de la Ley de Promoción de Inversiones, no obstante, dentro de ese equilibrio, se hace necesaria la modificación, o en su defecto la actualización de las medidas destinadas a incentivar la inversión, aspecto que exige una respuesta jurídica, que se traduzca en normativa complementaria a la Ley de Promoción de Inversiones, o en una nueva disposición de fomento a la inversión de acuerdo al contexto económico actual.

En opinión del investigador en ciencias económicas Germán Molina, la inversión extranjera es fundamental para permitir a los países obtener capitales frescos, así como el acceso a la tecnología, en este sentido, es primordial la actualización jurídico normativa tendiente a establecer condiciones que resulten atractivas para la inversión extranjera, respetando las políticas de desarrollo económico y social del país.

X
Tratados Bilaterales de Inversión en Bolivia.

Tratados Bilaterales de Inversión en Bolivia.

La denuncia de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversión por parte de Bolivia, genera la necesidad de encontrar mecanismos efectivos que resguarden las inversiones extranjeras, revitalizando los incentivos actualmente existentes.

17 Noviembre, 2017

Andrea Nemer Sabag

Con el transcurso del tiempo y la evolución de las Leyes y Normas de Derecho Privado y Derecho Internacional Privado en el mundo, el tratamiento de las inversiones extranjeras se ha visto favorecido, toda vez que muchos años atrás dichas inversiones no contaban con protección especial de ningún tipo, en desmedro de su resguardo legal efectivo.

Posteriormente, se establece que los inversores extranjeros podrían llevar sus reclamos ante tribunales nacionales, que en su mayoría mostraban reservas en el trato frente a una inversión extranjera, lo que significaba que los procesos en su mayoría, resultaran negativos para los intereses de los inversores.

Por esta razón, en un primer momento, los Estados deciden establecer un método que sea más efectivo en cuanto a la protección de sus inversiones en otros Estados, y como consecuencia se implementa la protección de carácter diplomático.

Dicha protección diplomática implicaba ponerla en práctica de forma pacífica y voluntaria, o mediante el empleo de la fuerza militar. Sin embargo, con la intención de preservar las buenas relaciones entre los Estados, estos optan por la forma pacífica, y, después de numerosos intentos de establecer reglas específicas para el tratamiento de las inversiones en Estados extranjeros, finalmente los Estados comienzan a suscribir Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI’s).

¿Por qué se suscriben Tratados Bilaterales de Inversión?

Los TBI’s se firman entre dos Estados, con el fin de promover y proteger las inversiones de nacionales de un Estado en el territorio del otro Estado. En este sentido, el motivo principal que impulsaría la firma de los TBI’s, obedece a que los inversores extranjeros requieren protección sobre sus inversiones en Estados ajenos, y en los cuales las leyes son diferentes a las de su propio país.

Ahora bien, al mencionar que el inversor extranjero necesita protección nos referimos a acciones o conductas específicas que lo respalden frente a actos que el Estado donde se encuentre su inversión pueda desplegar en perjuicio de sus intereses, y a su vez a condiciones y medios adecuados para la resolución de controversias, medios imparciales que le permitan tener seguridad al momento de decidir realizar una inversión en un Estado extranjero.

Asimismo, cada Estado, como persona de derecho público, busca generar un ambiente apropiado para atraer inversiones extranjeras, que tienen incidencia en el desarrollo económico, extremo que lleva a los Estados a garantizar la seguridad para las inversiones a través de los TBI’s, incentivando a aquellos inversores extranjeros con el fin de promover su propia economía.

Bolivia y los TBI’s:

La protección de las inversiones extranjeras, pactada en los TBI’s firmados por Bolivia, establece obligaciones de dar, hacer y no hacer. Asimismo, incluían cláusulas de resolución de controversias que constituyen un compromiso válido para ambos Estados suscribientes, el cual solo puede quedar sin efecto mediante la denuncia del TBI y el cumplimiento de las condiciones previstas en el mismo.

Dicho esto, se entiende que para que ambos Estados estén conformes, se debe suscribir un acuerdo equilibrado, que no permita que el Estado receptor tome medias abusivas en contra del inversor extranjero.

A la fecha, los veintidós TBI’s suscritos por Bolivia, se encuentran denunciados en virtud a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (“CPE”), Disposición Transitoria Novena, que establecía un plazo de 4 años (ya vencido) para renegociar estos acuerdos, con el fin de que los mismos se adecuaran a la Ley de Promoción de Inversiones.

El objeto de la Disposición Transitoria Novena de la CPE sería claro, y su propósito consistiría en que los acuerdos de protección de inversión se encuadren dentro de los alcances y lineamientos de la Ley de Promoción de Inversiones; sin embargo, en el fondo, su finalidad no sería eliminar del todo la protección a la inversión extranjera.

Bajo ese entendimiento, una medida que podría resultar potencialmente adecuada para cumplir lo establecido por la CPE, sería la elaboración de un modelo de acuerdo, basado en dicha ley, que permita modificar o negociar nuevos TBI’; sin llegar al extremo de eliminar la protección a los inversores extranjeros; por cuanto además cabe resaltar que los TBI’s denunciados también protegerían a los inversores nacionales en el extranjero.

Modificar un TBI, vale decir, renegociarlo, debiera implicar que Bolivia establezca términos y condiciones que se adecuen a nuestras Leyes, y que determinen claramente cuestiones básicas como por ejemplo: ¿Qué se entiende por inversión?, ¿a quiénes se considera inversores extranjeros?, ¿a qué y a quiénes se les otorga la protección en virtud a un TBI? Asimismo, delimitar conceptos que prevengan posibles prácticas irregulares por parte del inversor dentro de territorio boliviano; delimitar adecuadamente el elemento subjetivo de protección y asegurarse de que la inversión realmente provenga del Estado con el que se ha suscrito el TBI.

Por otra parte también debiera ser necesario, al momento de redactar un TBI a ser suscrito por Bolivia, especificar que las inversiones que sean realizadas en el territorio boliviano deberán contribuir al desarrollo económico del país. Es más, en algunos casos y dependiendo de las particularidades de la inversión, se podría considerar incluir plazos de duración determinados, que posteriormente podrían ser ampliados de acuerdo al análisis realizado.

En base a lo expuesto, se puede concluir que Bolivia debiera buscar la forma de adecuar o suscribir nuevos TBI’s, de manera que los mismos sean consistentes con la CPE y la legislación local. Sin embargo, a efectos de promover y atraer inversiones extranjeras, que revitalizan el movimiento económico de nuestro país, resulta imprescindible evaluar y reflexionar sobre el modelo de protección que se brindará a los inversionistas extranjeros, sin descartar la idea de conceder protección individualizada a cada caso, con base en términos contractuales diseñados específicamente.

 

X
Enriquecedor intercambio de experiencias en arbitrajes relacionados a la industria de la construcción.

Enriquecedor intercambio de experiencias en arbitrajes relacionados a la industria de la construcción.

El 27 de octubre en Santa Cruz, Moreno Baldivieso, Mayer Brown y el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO compartieron sus experiencias en arbitrajes nacionales e internacionales, relacionados a la industria de la construcción.

8 Noviembre, 2017

El pasado 27 de octubre, Moreno Baldivieso, Mayer Brown y el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO compartieron sus experiencias en arbitrajes nacionales e internacionales, relacionados específicamente a la industria de la construcción. Este evento exclusivo se realizó en el rooftop lounge del Hotel Hampton de Santa Cruz de la Sierra y contó con la participación de veinte de las más renombradas empresas constructoras que operan actualmente en Bolivia. Desde Moreno Baldivieso, agradecemos sinceramente a Mayer Brown, el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO así como a todos y cada uno de los asistentes que hicieron posible que tengamos un intercambio tan enriquecedor y práctico.

X
Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.

Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.

La Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica a Personas con Discapacidad, promueve y garantiza fuentes de trabajo a favor de personas que tengan alguna discapacidad y que tengan familiares con discapacidad grave y muy grave.

9 Octubre, 2017


La Ley 977, promulgada en fecha 26 de septiembre de 2017, tiene como objeto establecer la inserción laboral en los sectores públicos y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave.

De igual manera, mediante esta norma legal se crea un Bono Mensual  para las personas con discapacidad grave y muy grave, del cual se favorecerían únicamente aquellas personas que no se encuentren beneficiadas con la inserción laboral determinada en la norma. El pago de este bono será de responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Municipales.

La inserción laboral obligatoria significa que todas las instituciones del sector público que comprenden los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al 4% de su personal.
Asimismo, implica que todas las empresas o establecimientos laborales del sector privado que desarrollan cualquier actividad en el territorio nacional, tienen la misma obligación precedentemente señalada, con la única diferencia que el porcentaje debe ser no menor al 2% de su personal.

Por otro lado, se dispone que las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que inserten laboralmente en porcentajes superiores a los establecidos en la norma, obtendrán distinciones y reconocimientos a establecerse en la norma reglamentaria.

De igual manera, el Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan las causales que justifiquen su desvinculación.

Finalmente, es obligación de las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, brindar accesibilidad al personal con discapacidad y realizar los reportes trimestrales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social conforme a reglamentación.

 

X

Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.

La Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica a Personas con Discapacidad, promueve y garantiza fuentes de trabajo a favor de personas que tengan alguna discapacidad y que tengan familiares con discapacidad grave y muy grave.

9 Octubre, 2017


La Ley 977, promulgada en fecha 26 de septiembre de 2017, tiene como objeto establecer la inserción laboral en los sectores públicos y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave.

De igual manera, mediante esta norma legal se crea un Bono Mensual  para las personas con discapacidad grave y muy grave, del cual se favorecerían únicamente aquellas personas que no se encuentren beneficiadas con la inserción laboral determinada en la norma. El pago de este bono será de responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Municipales.

La inserción laboral obligatoria significa que todas las instituciones del sector público que comprenden los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al 4% de su personal.
Asimismo, implica que todas las empresas o establecimientos laborales del sector privado que desarrollan cualquier actividad en el territorio nacional, tienen la misma obligación precedentemente señalada, con la única diferencia que el porcentaje debe ser no menor al 2% de su personal.

Por otro lado, se dispone que las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que inserten laboralmente en porcentajes superiores a los establecidos en la norma, obtendrán distinciones y reconocimientos a establecerse en la norma reglamentaria.

De igual manera, el Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan las causales que justifiquen su desvinculación.

Finalmente, es obligación de las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, brindar accesibilidad al personal con discapacidad y realizar los reportes trimestrales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social conforme a reglamentación.

 

X
Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.

Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.

The Legal 500, directorio de abogados internacional, distinguió a Moreno Baldivieso como la firma líder del mercado legal Boliviano.

13 Septiembre, 2017

Moreno Baldivieso ha sido recientemente rankeada por octavo año consecutivo como la firma líder del mercado legal boliviano.

Con ocasión de este reconocimiento, agradecemos sinceramente a nuestro equipo, colegas, clientes y a todos quienes nos han brindado su continua confianza, haciendo posible que la prestigiosa publicación de The Legal 500 sitúe a Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia.

Hoy por hoy, The Legal 500 es en uno de los directorios internacionales de abogados más reconocidos a nivel mundial. Su trabajo consiste en investigar y evaluar de manera independiente la práctica y desempeño de firmas de abogados en más de 100 jurisdicciones. Durante sus 29 años de trayectoria, The Legal 500 ha logrado construir una sólida reputación que le permite preciarse de ser una guía para contactar a los mejores abogados.

En el caso particular de Bolivia, la edición 2017 de The Legal 500 coloca a Moreno Baldivieso en la cúspide de las siguientes áreas de práctica sujetas a calificación: 

 

  • Banca y Finanzas: Banda 1.
  • Corporativo, Fusiones y Adquisiciones: Banda 1.
  • Resolución de Disputas: Banda 1.
  • Energía y Recursos Naturales: Banda 1.
  • Propiedad Intelectual: Banda 1.
  • Laboral y Empleo: Banda 1.
  • Inmobiliario: Banda 1.

En términos comparativos, Moreno Baldivieso es la única firma legal de Bolivia que ha alcanzado una ponderación tan alta en las distintas categorías evaluadas por The Legal 500.

Este nuevo reconocimiento nos anima a seguir comprometidos con la excelencia y calidad en la prestación de nuestros servicios legales. Desde Moreno Baldivieso, hacemos extensiva nuestra gratitud a todos nuestros clientes, sin quienes todo nuestro esfuerzo no tendría sentido.

Para mayor referencia sobre el ranking de Moreno Baldivieso en The Legal 500, favor visitar el siguiente enlace: http://www.legal500.com/firms/50861/offices/51754

X

Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.

The Legal 500, directorio de abogados internacional, distinguió a Moreno Baldivieso como la firma líder del mercado legal Boliviano.

13 Septiembre, 2017

Moreno Baldivieso ha sido recientemente rankeada por octavo año consecutivo como la firma líder del mercado legal boliviano.

Con ocasión de este reconocimiento, agradecemos sinceramente a nuestro equipo, colegas, clientes y a todos quienes nos han brindado su continua confianza, haciendo posible que la prestigiosa publicación de The Legal 500 sitúe a Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia.

Hoy por hoy, The Legal 500 es en uno de los directorios internacionales de abogados más reconocidos a nivel mundial. Su trabajo consiste en investigar y evaluar de manera independiente la práctica y desempeño de firmas de abogados en más de 100 jurisdicciones. Durante sus 29 años de trayectoria, The Legal 500 ha logrado construir una sólida reputación que le permite preciarse de ser una guía para contactar a los mejores abogados.

En el caso particular de Bolivia, la edición 2017 de The Legal 500 coloca a Moreno Baldivieso en la cúspide de las siguientes áreas de práctica sujetas a calificación: 

  • Banca y Finanzas: Banda 1.
  • Corporativo, Fusiones y Adquisiciones: Banda 1.
  • Resolución de Disputas: Banda 1.
  • Energía y Recursos Naturales: Banda 1.
  • Propiedad Intelectual: Banda 1.
  • Laboral y Empleo: Banda 1.
  • Inmobiliario: Banda 1.

En términos comparativos, Moreno Baldivieso es la única firma legal de Bolivia que ha alcanzado una ponderación tan alta en las distintas categorías evaluadas por The Legal 500.

Este nuevo reconocimiento nos anima a seguir comprometidos con la excelencia y calidad en la prestación de nuestros servicios legales. Desde Moreno Baldivieso, hacemos extensiva nuestra gratitud a todos nuestros clientes, sin quienes todo nuestro esfuerzo no tendría sentido.

Para mayor referencia sobre el ranking de Moreno Baldivieso en The Legal 500, favor visitar el siguiente enlace: http://www.legal500.com/firms/50861/offices/51754

X
La Autoridad de Fiscalización de Empresas aprobó un Nuevo Reglamento de Sanciones

La Autoridad de Fiscalización de Empresas aprobó un Nuevo Reglamento de Sanciones

El pasado 19 de julio de 2017, la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP aprobó un nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables.

14 Agosto, 2017

El pasado 19 de julio de 2017, la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP aprobó un nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables. En sus 63 artículos, se establecen principios generales, procedimientos, se detallan requisitos y conductas que deben ser cumplidas así como actos y prácticas que las empresas deben evitar.

Bajo el nuevo Reglamento, las acciones y omisiones que podrían ser consideradas como infracciones son múltiples, en tanto que las potenciales sanciones que se impondrían podrían llegar a ser una carga pesada para el sector empresarial, ya que dichas sanciones se encuentran asociadas primordialmente a la utilidad bruta de la empresa o, ante la ausencia de utilidad, al capital de la misma.

La vigencia del Reglamento citado, representa una clara alerta que convoca a las empresas a atender de manera diligente y preventiva las diversas formalidades comerciales y contables que les son aplicables bajo la normativa en actual vigor.

El Reglamento comentado puede ser consultado en: http://www.autoridadempresas.gob.bo/direccion-tecnica-de-fiscalizacion-y-verificacion-de-cumplimiento-de-obligaciones-comerciales/resoluciones

X
Bolivia avanza hacia la Convención de la Apostilla

Bolivia avanza hacia la Convención de la Apostilla

Con la Ley No. 967, Bolivia autorizó su adhesión a la Convención de la Apostilla que suprime la Exigencia de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

14 Agosto, 2017

Bolivia ha dado un paso trascendental que se hizo esperar por más de 52 años. Con la promulgación de la Ley No. 967, de 2 de agosto de 2017, Bolivia autorizó su adhesión a la Convención de la Apostilla de 5 de octubre de 1961 que Suprime la Exigencia de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

El propósito central de dicha Convención es eliminar los morosos y costosos requisitos de legalización consular o diplomática de documentos públicos emitidos en un país, para su ulterior validez y eficacia en un Estado extranjero. La tediosa exigencia de legalización es sustituida por un mecanismo mucho más expedito consistente en la fijación de una Apostilla en el documento público que surtirá efectos en el extranjero.

Sin embargo, la supresión de la exigencia de la legalización consular o diplomática, recién dejará sentir sus beneficios en Bolivia dentro de un lapso aproximado de ocho (8) meses, en razón a que los restantes 113 Estados que forman parte de la Convención de la Apostilla, tienen un plazo de seis (6) meses para oponerse a la adhesión de Bolivia, luego de cuyo vencimiento existe un plazo adicional de dos (2) meses para que la Convención de la Apostilla entre en vigor para Bolivia y para los Estados que no se hubiesen opuesto a su adhesión.

Para mayor referencia, del status de la Convención de la Apostilla y los Estados miembros de dicha Convención puede consultar: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Asimismo, el texto de la Convención puede ser encontrado en: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=41

X

“STARTUPS”: EL ASESORAMIENTO LEGAL, UN ESLABÓN IMPRESCINDIBLE.

Cuando hacemos referencia a una “Startup”, se viene a la mente empresas exitosas nacidas en el Silicon Valley como Facebook, UBER, AIRBNB o PINTEREST, que en la actualidad son empresas globales valuadas en miles de millones de dólares.

5 Julio, 2017

Cuando hacemos referencia a una “Startup”, se viene a la mente empresas exitosas nacidas en el Silicon Valley como Facebook, UBER, AIRBNB o PINTEREST, que en la actualidad son empresas globales valuadas en miles de millones de dólares. Aunque su definición es aun imprecisa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su último informe relacionado a este tema, hace referencia a empresas emergentes (creación no mayor a dos años), con un alto potencial de crecimiento y necesidad de financiamiento, cuyo objetivo es desarrollar productos o servicios con carácter innovador y tecnológico orientados a un mercado global.

En los últimos años, Latinoamérica ha visto un crecimiento acelerado en la creación y desarrollo de este tipo de emprendimientos. De acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y Capital Privado, solo en el año 2015 y el primer semestre del 2016, se habría invertido 812 millones de dólares y la proyección para los próximos años sería alentadora, para un modelo de negocio que hasta hace poco era desconocido en la región. La importancia de este fenómeno, ha impulsado a los gobiernos a desarrollar cambios a su normativa legal para facilitar la constitución de sociedades comerciales, dinamizar el acceso a financiamiento en etapas iniciales, y regular las diferentes modalidades de inversión en estos emprendimientos.

El sector legal no ha sido inerte a este fenómeno. Los despachos de abogados, estamos adaptando nuestros servicios para atender a una demanda creciente, en un sector globalizado que comprende etapas complejas y una pluralidad de actores. Empero, un error común entre los emprendedores, es relegar la inversión en asesoramiento legal a las etapas finales o ante el inevitable surgimiento de un problema. La experiencia nos demuestra, que invertir en este servicio en etapas iniciales, reporta la mayor creación de valor para un emprendimiento, previendo la protección de los socios e intangibles, determinando la viabilidad del negocio desde un punto de vista impositivo y regulatorio, mitigando los riesgos en el ámbito contractual, y facilitando el acceso financiamiento, la inclusión de nuevos socios capitalistas o la posterior venta de la empresa.

En la etapa inicial, una Startup reagrupa usualmente a varias personas con un objetivo común. En esta lógica, el primer paso natural una vez consolidado el producto o servicio, será la elección de un tipo societario flexible, que delimite el objeto del emprendimiento y la responsabilidad de los socios, así como sus derechos y obligaciones en los Estatutos. Adicionalmente, los acuerdos privados denominados como “Acuerdo de Socios”, podrán regular la entrada y salida de los socios fundacionales y los futuros socios inversionistas (fondos de capital de riesgo o inversionistas ángeles), el control en la toma de decisiones, las medidas para evitar la dilución de los socios y las participaciones máximas (“lock-up”), la utilización de dividendos, cláusulas de no competencia y confidencialidad en caso de salidas de la sociedad y el derecho de arrastre (“drag along”) o de acompañamientos (“tag along”) para la protección de los socios en caso de venta del proyecto.

De forma paralela, un elemento relevante para la creación de un Startup, es sin duda la planificación tributaria. Para determinar la viabilidad del negocio, es necesario conocer con antelación las características fiscales del país donde se producirá el producto o servicio: ¿Cuáles son los impuestos aplicables?, ¿Rige el principio de renta mundial o el de fuente?, ¿Ha suscrito este país tratados para evitar doble tributación? ¿Existe libre circulación
y convertibilidad de divisas? ¿Cómo se regulan los precios de transferencia? ¿Cuál es la tasa aplicable a la repatriación de dividendos o envío de remesas al extranjero? En la misma lógica, el ámbito regulatorio es un aspecto importante para determinar la viabilidad del negocio. Los sectores donde la innovación emerge, son en general sectores regulados. En consecuencia, la comercialización de determinados productos o servicios,
podría estar condicionado a la aprobación de una autoridad regulatoria, la obtención de una licencia específica e incluso a la nacionalidad de los socios. El caso de UBER o AIRBNB ilustra de manera elocuente esta temática. Mientras que en algunos países sus servicios son legales, en otros, estos son consideradores ilegales.
Del mismo modo, otro elemento legal a tomar en cuenta, es la protección de los intangibles. La creación de una Startup conlleva explícitamente una innovación, por lo tanto, la protección de los secretos industriales y comerciales (“know-how”), propiedad industrial e intelectual, resulta un elemento esencial en la creación de valor de una empresa.

La misma, debe realizarse desde una óptica interna (suscripción de contratos de trabajo con clausulas de confidencialidad y no competencia) y externa (suscripción de acuerdos de confidencialidad (“NDA”) con potenciales inversionistas, registro del nombre de dominio y de los derechos de propiedad industrial e intelectual en los registros públicos correspondientes).

Por otro lado, un aspecto no menos relevante, es el tema contractual. Las reglas claras y por escrito, son la manera idónea de mitigar riesgos legales para una empresa incipiente.

Para este fin, es posible estandarizar contratos de trabajos y de consultoría así como contratos comerciales con clientes y proveedores. Si la Startup ofrece sus productos o servicios vía internet, el asesoramiento legal implicará también la redacción del aviso legal sobre políticas de privacidad, uso y protección de datos personales y los términos y condiciones para la contratación del producto o servicio.

Finalmente, es imprescindible regular contractualmente las relaciones comerciales que emergen entre los actores que intervienen en las diferentes etapas de vida de una Startup. Los términos “crowfunding”, inversionistas ángeles, fondos de capital de riesgo, “private equity”, incubadoras y aceleradoras, que hasta hace poco eran desconocidos, hacen alusión a los diferentes actores de este negocio. En este sentido, una Startup debe asesorarse adecuadamente, para suscribir contratos que le beneficien y que permitan no sólo su consolidación en el mercado, sino también la monetización de las inversiones en beneficio de los socios.

X
Chambers and Partners nomina nuevamente a Moreno Baldivieso

Chambers and Partners nomina nuevamente a Moreno Baldivieso

La prestigiosa guía de Abogados Chambers and Partners, nominó por 9na vez consecutiva a Moreno Baldivieso como candidato a ser nombrado como "Bolivian Law Firm of the Year".

5 Julio, 2017
X

EFICACIA Y VALIDEZ DE LA FIRMA DIGITAL EN BOLIVIA

Bolivia avanza hacia la denominada era digital. En virtud de la Ley 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, promulgada el 8 de agosto de 2011, se reconoce la validez legal de la firma digital, promoviendo su utilización.

28 Abril, 2017

La firma digital se conceptualiza como el conjunto de datos electrónicos ligados a un documento digital, que identifica únicamente a su titular, es susceptible de verificación, y está vinculada a los datos de dicho documento, de manera que cualquier modificación de los mismos pondría en evidencia su alteración. El objetivo principal de la firma digital es otorgar plena validez jurídica a cualquier tipo de documento que se envíe o acto que se celebre por medios electrónicos; en procura de agilizar el procesamiento de trámites, ya sea en instituciones públicas o privadas.

El uso de la firma digital se sujeta a las siguientes características principales:
a. Autenticidad: Se puede verificar la identidad del emisor de un documento digital; es decir, se tiene la certeza de que tanto el documento digital como la firma corresponden al signatario.
b. Integridad: Garantiza que el documento digital que cuenta con una firma digital no ha sido modificado durante el transcurso de envío del emisor al destinatario.
c. No repudio: Garantiza que el signatario no podrá negar la autoría y el contenido de un documento o correo electrónico firmados digitalmente.

En nuestro país, la “Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia – ADSIB”, creada en virtud al Decreto Supremo No. 26553, de 19 de marzo de 2002, es la Entidad Certificadora Pública en Bolivia, vale decir, es la entidad a través de la cual se obtiene el Certificado para el uso de la firma digital. El certificado digital otorgado por la ADSIB faculta al propietario para firmar documentos digitalmente y autentica su identidad dotándole de plena validez legal; garantizando a su vez la integridad del documento firmado de esa manera. Dicha certificación es otorgada a su titular por un periodo de un año, durante el cual puede firmar digitalmente la cantidad de documentos que desee.

Un certificado digital serviría para respaldar los siguientes actos en el ámbito de la normativa vigente:
a. El acto jurídico realizado por personas naturales o jurídicas, en documento digital y aprobado por las partes a través de firma digital, celebrado por medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico.
b. El mensaje electrónico de datos.
c. La firma digital.

Los tipos de certificado digital, de acuerdo a la persona que requiera el uso de la firma digital son los siguientes:
a. Persona natural: Firma de documentos, protección de correo electrónico, autenticación en sitio web, firma de código informático.
b. Persona jurídica: En representación de una persona jurídica: firma de documentos, protección de correo electrónico, autenticación en sitio web, firma de código informático.
c. Cargo público: Como servidor público: firma de documentos, protección de correo electrónico, autenticación en sitio web, firma de código informático.

A continuación puntualizamos las principales funciones y ventajas que bridaría el uso de la firma digital, tanto para Sociedades Comerciales, como para personas naturales:
• Firmar contratos con empresas o personas, sin la necesidad de desplazarse o estar presente físicamente.
• Realizar trámites con la administración pública de manera más eficaz.
• Contar con una mayor capacidad de seguimiento del usuario sobre el estado de sus trámites.
• Agilizar la gestión de procesos y asegurar la gestión documental.
• Permitir el proceso de firma de múltiples documentos de forma más eficiente y rápida.

A manera de conclusión, señalamos que actualmente la Aduana Nacional de Bolivia es la única institución en Bolivia que cuenta con la certificación para el uso de la firma digital; sin embargo, diversas instituciones tanto públicas como privadas, ya se encuentran realizando las gestiones para obtener la certificación e ingresar a la era digital en sus procedimientos o trámites más comunes, siempre y cuando éstos no requieran la presencia física del usuario.

Oficinas

Oficina
La Paz

T : +591 2 2791554
Dirección Av. Sanchez Bustamante esq. Calle 16, Calacoto
Torre Pacifico, Piso 8
Dirección postal Av. Sanchez Bustamante esq. Calle 16, Calacoto
Torre Pacifico, Piso 8
La Paz - Bolivia

Oficina
Santa Cruz

T : +591 3 3353515
F : +591 3 3353516
Dirección Calle Saavedra esq. Calle Cochabamba
Torre Empresarial CAINCO
Piso 15
Dirección postal Calle Saavedra Esq. Calle Cochabamba
Torre Empresarial CAINCO
Piso 15
Santa Cruz - Bolivia

Oficina
Cochabamba

T : +591 4 4532688
F : +591 4 4532688
Dirección Avenida Oquendo esq. Ramón Rivero Nro. 1080
Edificio Los Tiempos Torre II Piso 10
Dirección postal Avenida Oquendo esq. Ramón Rivero Nro. 1080
Edificio Los Tiempos Torre II Piso 10
Cochabamba - Bolivia

Oficina
Tarija

T : +591 4 6633303
F : +591 4 6633303
Dirección Calle Bolivar esq. Ingavi
(Loma de San Juan)
Dirección postal Calle Bolivar esq. Ingavi
(Loma de San Juan)
Tarija - Bolivia

Contacto

Puede contactarse con nosotros directamente en:

MORENO BALDIVIESO

 Av. Sánchez Bustamante # 977

Torre Pacífico, Piso 8

T +591 2 2791554

morenob@emba.com.bo

O mediante el siguiente formulario: