Nuevo Modelo Jurídico Económico de la Minería en Bolivia
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CIL-NOV-DIC-2010 Tradicionalmente en el régimen de minería, desde el Código de Minería de 1920 se estableció como formas de otorgar derechos el régimen concesional. Este régimen consistía en un acto de administración de parte del Estado, por el cual otorgaba a una persona natural o jurídica los derechos de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los minerales en la forma más amplia e irrestricta, conforme a las tendencias que sobre modelo de Estado existían en ese momento, vale decir un Estado Liberal.
 
 
Es sabido que Bolivia desde los tiempos de la Colonia fue conocido como un país eminentemente minero, y que la explotación en esa época correspondía y pertenecía al Rey, no en vano existió el famoso dicho que los españoles explotaron tanto la riqueza del Cerro Rico de Potosí que alcanzaba a construir un puente de plata entre Potosí y España. Con el paso del tiempo, el régimen concesional fue perfeccionándose pero no cambió de contenido; sin embargo, marca una pauta muy importante la Sentencia Constitucional No. 032/2006 del Tribunal Constitucional de Bolivia, por la cual declaró inconstitucionales algunos de los artículos del Código de Minería, Ley No. 1777, por la cual se disponía que el Estado era propietario, domus, de las sustancias o yacimientos que se encontraban debajo de la superficie de la tierra, es decir en Bolivia nunca estuvo vigente el principio o el régimen de la accesión, es decir que el dueño de la superficie lo era de todo lo que se encontraba debajo hasta el centro de la tierra.
 
 
Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, se introdujo un cambio fundamental en el régimen y tratamiento de los recursos naturales, no sólo en el tema de minería sino también en el tema de los hidrocarburos. En efecto, los artículos 348 y 349 establecen que los recursos naturales, entres esos los minerales, son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función al interés colectivo. Significa que al Estado se le ratifica la calidad de propietario de todos los recursos naturales del país, y además la propia Constitución le confiere la facultad de otorgar derechos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
 
 
Lo medular del cambio de orientación jurídica del régimen contractual vigente hasta antes de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el 2009, y acorde con la Sentencia C o n s t i t u c i o n a l m e n c i o n a d a precedentemente, la Constitución Política del Estado en su artículo 370 dispone que el Estado será el que otorgue derechos mineros en toda la cadena productiva para cuyo efecto procederá a suscribir contratos mineros con personas individuales o colectivas, previo cumplimiento de las condiciones establecidas por Ley. Este artículo y además todo lo relacionado a minería y metalurgia a partir del artículo 369 hasta el artículo 372 establece la política minera que el país llevará a cabo como consecuencia del mandato constitucional. No se puede decir que estamos frente a una redefinición de de la política minera, más por el contrario, nos encontramos ante una situación que viene a modificar profundamente el régimen que existía anteriormente basado en la concesión, por el régimen o sistema contractual a implementarse, probablemente con la dictación y promulgación del nuevo Código de Minería. 
 
 
Es importante cómo se realizan los movimientos del tiempo por parte del Gobierno en la política de minería. Es el gobierno el primero que debe dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado, por lo cual en las disposiciones transitorias de la misma y muy especialmente en la disposición transitoria octava dispone que dentro del año de la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, las concesiones sobre recursos n a t u r a l e s , e l e c t r i c i d a d , telecomunicaciones y otros, deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico para lo cual se dispone la migración de las concesiones a un régimen jurídico, el mismo que no supondrá desconocimiento de los derechos adquiridos. Este nuevo régimen jurídico es el régimen contractual en concordancia directa con el artículo 370 de la Constitución.
 
 
Paralelamente a este mandato constitucional, el Gobierno emitió el Decreto Supremo No. 0726 de 6 de diciembre del presente año, por el cual en su único artículo dispone que las concesiones mineras, de recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos que tuvieran una vigencia anterior al 6 de diciembre se adecuan al ordenamiento constitucional vigente, disponiendo la transformación automática en Autorizaciones Transitorias Especiales - ATE mientras tanto se realice la migración de los contratos de acuerdo con la normativa sectorial a ser emitida, inmediatamente, también dispone que la transformación automática garantiza los derechos adquiridos con lo cual no se vulneran los derechos que pudieran haber sido adquiriros por personas naturales o jurídicas bajo el régimen concesional; huelga decir hasta mientas los derechos adquiridos mediante la concesión permanecen intactos e inermes hasta que se promulguen o el Gobierno de a conocer cuál será el régimen contractual a ser aplicado. 
 
 
No es necesario entrar en disquisiciones sobre si esta transformación automática en ATE es o no valedera, pero hubiera sido mucho mejor para la salud del sector y del ordenamiento jurídico en general que se hubiera tenido una categoría legal representada por una Ley y no por un Decreto Supremo como ocurre en la actualidad. El nuevo régimen bajo el sistema contractual a ser implementado en el sector de minería, del cual no tenemos conocimiento oficial hasta el momento, probablemente seguirá las directrices que se tienen en el sector petrolero bajo contratos de operación en los que también pudiera participar el Estado en proyectos grandes que pudieran ser implementados, bajo la modalidad probablemente de la conformación de sociedades de economía mixta previstas por el Código de Comercio. Volveremos a tratar sobre este tema con posterioridad.  
 
 
Dr. Ramiro Moreno Baldivieso 
 
 
 
  
 
 

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