El Derecho a la Tutela Judicial de los Ciudadanos
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CIL-FEBRERO-2011 La vida del hombre en sociedad se regula a través de la imposición de una regla, a la que al darle operatividad da origen a la norma jurídica, estableciendo de esta manera una conducta a observar que el tratadista Carnelutti la reconoce como un “precepto a cumplir”; este precepto recaerá sobre la conducta de los hombres sea individual o colectiva.
 
 
El cumplimiento del precepto, se traduce en su efectividad que puede ser espontánea (in natura) es decir, el acatamiento de la norma por impulso propio o, forzosa (a través de mecanismos sustitutivos) es decir mediante el desarrollo de un proceso. Ahora bien, la actuación de la norma bajo régimen estatal concentra a la Tutela Jurídica que por precepto constitucional, es una avocación exclusiva del Estado que se expresa en su función jurisdiccional, dando paso a la “Tutela Judicial”. Por tanto, se puede decir que la “Tutela Judicial” se configura en aquel derecho que permite a toda persona independientemente de su condición económica, social, cultural u otra, el acceso a los Tribunales y autoridades jurisdiccionales para formular sus pretensiones o, defenderse de ellas, el de obtener un fallo y, finalmente, que la resolución pronunciada se cumpla y sea ejecutada; consecuentemente, la “Tutela Judicial” se encuentra estrechamente relacionada con el “Acceso a la Justicia” y de allí el cumplimento de la premisa del Estado, el cumplimiento de la protección de los derechos de los ciudadanos.  
 
 
Es importante recalcar que, el Derecho a la “Tutela Judicial”, ha sido reconocida por las normas del Derecho Internacional, encontrándose plasmada en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Art. 14.1), en el Pacto de San José de Costa Rica (Art. 8.1); en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 10), también se encuentra citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha catalogado a la “Tutela Judicial” como un Derecho Fundamental de los ciudadanos y, por ello los Estados se encuentran obligados a cumplir con esta función esencial la protección de este Derecho Fundamental a favor de sus ciudadanos.
 
 
Para el caso de Bolivia, la norma suprema establece en el Art. 9º los fines y funciones esenciales del Estado que resumen como: constituir una sociedad justa y armoniosa; garantizar la seguridad y protección e igual dignidad de las personas, y garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados por la Constitución Política del Estado. El Art. 179 de la suprema norma, establece que la función judicial es única y que se encuentra a cargo del Estado ejercida por el Órgano Judicial y desarrollada a través de las Jurisdicciones: Ordinaria, Agroambiental, Indígena Originaria Campesina y las Jurisdicciones especializadas. 
 
 
Por lo tanto, el Estado es el protector de los Derechos de los ciudadanos que solo serán materializados a partir de que a estos alcancen la Tutela Jurisdiccional que solo será posible a través de un Acceso Efectivo a la Jurisdicción. Este importante mandato se encuentra establecido en la norma suprema en el Art. 115.I cuando refiere que: “… toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos…”. Este artículo se encuentra en el Capitulo de las Garantías Jurisdiccionales. Muchos tratadistas, han considerado que existe un estrecho vínculo entre la Tutela Judicial Efectiva y el Acceso a la Justicia, puesto que el primer paso que debe ejercitar los ciudadanos es el ACCESO A LA JUSTICIA -es decir, poner en movimiento el aparato judicial- para contar con la efectiva protección de los jueces y tribunales; sin embargo, para que este derecho sea efectivo es necesario que en el proceso se de cumplimiento a todas las garantías y derechos que conforman un DEBIDO PROCESO.
 
 
Al respecto Plácido Fernández manifiesta “de qué valdría el derecho de Acceso a la Justicia, si en el proceso no se respetan las garantías constitucionales?” El tratadista Eduardo Cifuentes Muñoz, al referirse al Acceso a la Justicia ha manifestado que el Derecho a la Tutela Judicial tiene naturaleza prestacional y lo que se busca es, que sea el Estado el responsable de desplegar la actividad judicial. Para José Cossio Díaz el Derecho de Acceso a la Justicia y por ende la Tutela Judicial, solo puede efectivizarse por las regulaciones establecidas por el Estado. El Estado Plurinacional conforme al mandato constitucional, ha promulgado la Ley 025 que regula la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Judicial; por tanto, en cumplimiento a sus fines y función esenciales y la avocación constitucional procura efectivizar el Acceso a la Justicia como un Derecho que tienen los ciudadanos. El Estado también provee la Tutela Judicial estableciendo en la citada norma, el ejercicio de la Función Judicial a través de tres jurisdicciones identificadas más las especializadas.
 
 
Sin embargo, ni el ACCESO A LA JUSTICIA, ni la TUTELA JUDICIAL pueden materializarse y ser efectivos sí el Estado no da cumplimiento a los derechos y garantías comprendidas en un DEBIDO PROCESO (Arts. 115 al 121 C.P.E), a partir del cual los ciudadanos podrán ejercer sus derechos y garantías reconocidas por la Constitución (Art. 13.1 la obligación del Estado de promover, proteger y respetar los derechos), de manera general y sin distinción alguna (Art. 14.1 el goce de los derechos sin distinción), y sin discriminación de ninguna clase (Art. 14.2 prohibición de toda forma de discriminación), finalmente asegurando el libre y eficaz ejercicio de los Derechos determinados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de Derechos Humanos.   
 
 
Dra. Sarah Mendoza 
 
 
 
 

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