Clasificación de las normas constitucionales y su ineficacia ante la falta de desarrollo legislativo
Imprimir

CIL-FEBRERO-2010 Con la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, la eficacia y aplicación de sus preceptos es una cuestión trascendental y altamente compleja, respecto a la cual adquiere particular relevancia tener presente la clasificación de las normas constitucionales

de acuerdo a su capacidad de aplicarse o no directamente y por ende de requerir o no un desarrollo legislativo.

 

Para tal fin, es ilustrativa la Sentencia Constitucional No. 032/2006 emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia en fecha 10 de mayo de 2006, en la cual siguiendo al constitucionalista argentino Néstor Pedro Sagüez y partiendo de la premisa básica que no todas las reglas constitucionales tienen idéntico vigor formal; se clasifica a las normas constitucionales de la siguiente forma:

 

a) Cláusulas declarativas, que son las que efectúan declaraciones casi siempre genéricas y que no se agotan con el simple acto de la declaración, pues tales cláusulas tienen como fin, cuando menos, de invalidar una norma inferior que las contradiga, además que significan pautas para el comportamiento jurídico del legislador, ya que éste debe someterse al hecho ideológico constitucional, marcado a menudo por esas normas constitucionales declarativas. Del mismo modo, son útiles para interpretar el resto de las normas constitucionales y la normativa infraconstitucional.

 

b) Cláusulas programáticas, aquellas no operativas, también llamadas de efecto diferido, que para cobrar eficacia plena requieren el dictado de otra norma, de inferior jerarquía u ordinaria, que las reglamente o instrumente.

 

c) Cláusulas Operativas, son autoaplicativas: se efectivizan sin necesidad de una norma complementaria o inferior que las regule o implemente para entrar en funcionamiento y a su vez se clasifican en:

 

i. Normas permisivas, que facultan a los particulares o a la autoridad pública, a realizar, o no, determinadas conductas.

 

ii. Normas preceptivas, son las que imponen a los particulares o agentes públicos, determinados comportamientos (…) que no precisan de desarrollo legislativo.

 

iii. Normas prohibitivas, son las que impiden realizar determinados actos a la autoridad pública o a los particulares, es decir que enuncian deberes de omisión.

 

Por su parte y en el mismo sentido que el enunciado precedentemente, Gustavo Zagrebelsky1 establece la siguiente distinción:

 

1. Normas Constitucionales de Eficacia Directa.- Cuando la estructura de la norma constitucional es suficientemente completa para poder servir de regla en casos concretos.

 

2. Normas Constitucionales de Eficacia Indirecta.- Cuando la estructura de la norma constitucional no es lo suficientemente completa, de manera que pueda servir como regla de casos concretos, su operatividad requiere de una posterior intervención normativa por parte de las fuentes subordinadas, en esta categoría se encuentran las siguientes:

 

a. Las Normas Constitucionales de Eficacia Diferida.- Los casos de normas de organización que necesitan una disciplina normativa posterior a la establecida en la Constitución.

 

b. Las Normas Constitucionales de Principio.- Necesitan de una posterior actividad de concreción que relacione el principio con los casos específicos.

 

c. Las Normas Constitucionales Programáticas.- Cada programa implica la asunción de un cierto criterio como principio de acción, pero éstas se refieren esencialmente a aspectos políticos – sociales.De acuerdo a las clasificaciones expuestas y desde un punto de vista teórico; con la reciente instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional se inicia la etapa fundamental de desarrollo de las claúsulas de efecto diferido es decir de aquellos preceptos constitucionales que para desplegar correctamente su eficacia jurídica, requieren imprescindiblemente de un adecuado desarrollo legislativo que impida una “pérdida de su valor normativo” 2 y un desvanecimiento de los fines y valores superiores consagrados en la norma suprema.

 

Esta tarea, implica que las normas infraconstitucionales de desarrollo sean promulgadas en un período de tiempo razonable y que existiendo no contengan una regulación deficiente que, al no contemplar un aspecto determinado, obstruyan la vigencia de la Constitución.

 

Para asegurar el citado desarrollo legislativo, en el Derecho Procesal Constitucional se ha consolidado una institución relativamente nueva en la esfera del control de constitucionalidad, cual es el Recurso de Inconstitucionalidad por Omisión, el mismo que no ha sido contemplado en nuestra Constitución Política del Estado, seguramente ante la preponderancia del debate y los intereses políticos sobre lo jurídico, que imperó en la Asamblea Constituyente que redactó y aprobó en detalle la vigente “Carta Magna”, durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de diciembre de 2007 así como en las sesiones congresales de octubre de 2008 en las que el Poder Constituido “ajustó” el trabajo del Poder Constituyente.

 

Ahora bien, no obstante de no haber avanzado en la configuración de un recurso autónomo para impugnar la inconstitucionalidad por las omisiones normativas cuyos efectos no sean simplemente una llamada de atención y/o recomendación al órgano legislativo; es de esperar que el Tribunal Constitucional Plurinacional mantenga y desarrolle la línea jurisprudencial del antiguo y respetado Tribunal Constitucional, que mediante la vía jurisprudencial reconoció su potestad de ejercitar el control de constitucionalidad de las omisiones legislativas pero con efectos limitados y solo para el caso de omisiones legislativas parciales; lo cual entendemos se tendrá que modular dentro del marco de la Acción de Inconstitucionalidad o en su caso de la Acción de Amparo Constitucional, puesto que la Acción de Cumplimiento que se contempla en la nueva Constitución pareciera que solamente sería aplicable ante la inacción del Ejecutivo o de otro Poder Público, es decir que no estaría dirigida a la omisión normativa sino a la omisión aplicativa -por aquellos que les compete hacerlo- de una norma preceptiva.

 

1- ZAGREBELSKY, Gustavo; “La Constitución y sus normas”. Citado por RANGEL HERNÁNDEZ, Laura, en “La Acción de Inconstitucionalidad por omisión legislativa en la Constitución Mexicana”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Págs. 5 y 6.

2- CABALLERO SIERRA, Gaspar; ANZOLA GIL, Marcela; Teoría Constitucional; 1995, Ed. Temis S.A., Santa Fé de Bogotá Colombia, Pág. 390.

 

Dr. René Cuéllar Miranda

 
 

Inicio | Antecedentes | Areas de práctica | Nuestros Profesionales | Oficinas | Publicaciones | Contacto
Todos los derechos reservados Moreno Baldivieso © 2009, Bolivia
Diseño y desarrollo web BzDesigners.com