Aplicación de la Ley Sustantiva y Adjetiva en Cuanto al Tiempo
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CIL-MARZO-2010 Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

 

Durante los últimos meses han surgido importantes diferencias y criterios dispares relacionados con la aplicación de la ley en cuanto al tiempo. Estas discrepancias tendrían su origen en el tratamiento de diferentes Leyes internas a partir de la novedosa formulación de la irretroactividad de la Ley y sus excepciones establecida por el artículo 123 de la actual Constitución Política del Estado, el mismo que a diferencia del artículo 33 de la Norma Suprema abrogada, amplía el alcance del instituto jurídico de la retroactividad excepcional de la Ley en materia de corrupción.

 

La aplicabilidad en cuanto al tiempo de la ley de fondo o sustantiva y de la ley de forma o adjetiva, merece un tratamiento diferenciado. Así por ejemplo, la norma jurídica de fondo que se aplica a un determinado hecho o acto jurídico, debe ser aquella que se encuentre vigente a tiempo de surgir el hecho o acto jurídico particular que es objeto de análisis; mientras que por el contrario, la norma de forma o procesal a aplicarse en un determinado caso, será siempre aquella que esté en vigencia a momento de realizarse el acto procesal.

 

Para una mejor explicación de lo anterior, la Ley sustantiva puede ser concebida como aquella que define derechos u obligaciones y por ello no puede ser aplicada con carácter retroactivo, salvando en todo caso las excepciones expresamente marcadas por la Constitución en materia laboral, penal y de corrupción. Una aplicación retroactiva de la Ley de fondo podría dar lugar a un atentado en contra de los derechos adquiridos de las personas, los mismos que van más allá de ser meras expectativas y se constituyen en muchos casos en parte integrante del patrimonio de las personas individuales o colectivas.

 

Por su parte, la Ley adjetiva o de forma, se caracteriza por pertenecer al ámbito del derecho procesal, que a decir del profesor Alsina, en su Tratado teórico-práctico de derecho procesal, civil y comercial, es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio  omprende: la organización del Poder Judicial y las determinaciones de la competencia de los funcionarios que la integran y la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso.

 

Es decir que las diferencias entre normas adjetivas y sustantivas son claras, sin importar para su clasificación en unas u otras el Código en el que se encuentren, sino la sustancia y objeto propio de cada una de ellas. La finalidad que cumplen las normas adjetivas se subordina enteramente al sentido y alcance que tienen las normas sustantivas, sirviendo las primeras como instrumentos o herramientas para la realización o validez efectiva de estas últimas, tal cual reza nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 91, el cual determina expresamente que al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva.

 

A tiempo de pronunciarse respecto de los Recursos aplicables en materia Tributaria, el Tribunal Constitucional de nuestro país, pronunció la Sentencia Constitucional No. 0386/2004-R de 17 de marzo de 2004, la misma que coincidentemente con lo expresado anteriormente señala que la ley adjetiva susceptible de aplicación es la vigente a tiempo de manifestarse el acto procesal in concreto, mientras que la ley sustantiva que rige un determinado acto o hecho jurídico es la vigente a tiempo de producirse el mismo, para lo cual, el mencionado Tribunal acudió a los siguientes aforismos jurídicos que resumen sintéticamente lo comentado anteriormente en este breve artículo: la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, pudiendo reemplazarse esta última expresión latina por cualquier hecho o acto jurídico gobernado por alguna ley de carácter material o sustantivo, que, cual señalamos en líneas anteriores, se caracteriza por establecer derechos u obligaciones jurídicamente exigibles por los sujetos de derecho.

 

Dr. René Claure Veizaga

 
 

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