El Desahucio por Fallecimiento del Trabajador Dentro del Anteproyecto del Código del Trabajo

CIL-MARZO-2010 Dentro de nuestra economía jurídica laboral, podemos señalar de manera general que el desahucio se constituye en una indemnización, cuyo pago se halla obligado el empleador a cumplir a favor del trabajador, en el caso de que se hubiere omitido extender el correspondiente preaviso de retiro de la fuente de trabajo.

 

En otras palabras, jurisprudencial y doctrinalmente el desahucio es la sanción que se impone al empleador por el incumplimiento del preaviso de retiro al trabajador, o dicho de otro modo, el incumplimiento del preaviso por parte del empleador deriva en el pago del desahucio, cuya finalidad es cubrir el tiempo considerado como prudencial para que el trabajador busque una nueva fuente laboral a efectos de tener una subsistencia digna. A tal efecto, el Art. 12 de la Ley General del Trabajo dispone que este aviso de retiro del trabajador debe ser emitido por el empleador con un plazo de noventa días (tres meses) de anticipación a la fecha del retiro.

 

En este sentido, se puede concluir que la intervención de la parte patronal para que se genere el pago del desahucio, es de forma directa, toda vez que es a raíz de la decisión unilateral del empleador de retirar a su empleado de su fuente de trabajo sin que medie causal justificada y sin otorgarle el preaviso lo que origina legalmente el pago del desahucio.

 

Sin embargo de ello, durante la practica procesal se ha evidenciado una serie de erróneas interpretaciones con relación al contenido del Art. 9 del Decreto Supremo 1260 de 5 de julio de 1948, el cual de forma expresa señala que "el abandono del trabajo por causa de muerte no producida por accidente de trabajo ni motivada por enfermedad profesional, se reputa como retiro forzoso para los efectos de la Ley de 8 de diciembre de 1942", entendiendo equivocadamente algunos administradores de justicia que al reputarse como “retiro forzoso” se reconoce a favor del a favor de los herederos el derecho a recibir la indemnización por los años de servicio que prestó el trabajador fallecido por una causa ajena a su trabajo, mas el pago del desahucio.

 

Sin embargo, este errada interpretación ha sido cabalmente corregida mediante lineamientos jurisprudenciales a través de reiterados Autos Supremos emitidos por la E. Corte Suprema de Justicia de la Nación (A.S. Nº 43 de 30 de marzo de 2006; A.S. Nº 523 de 31 de julio de 2.006) cuando señalan que “debe entenderse que el "retiro forzoso" al que hace alusión el Art. 9 del DS 1260, es para efectos del pago de la indemnización por tiempo de servicios y no así para el pago del desahucio regulado por el Art. 12 de la L.G.T., conforme fue el criterio del legislador boliviano al reconocer, en el art. 1 del citado D.S. 1260, el derecho de los herederos del trabajador fallecido de recibir, únicamente, el pago de la indemnización por el tiempo de servicios prestados por el ex trabajador y no así el pago del desahucio” y en “consecuencia, si se produce el fallecimiento de un trabajador por causas imputables o no a éste, conviene precisar que el empleador no incurre en incumplimiento del aludido preaviso, por lo tanto, es lógico concluir que no está obligado al pago del desahucio”.

 

Por lo precedentemente señalado se puede concluir que, si la finalidad del desahucio es la de cubrir el tiempo considerado como prudencial (90 días) para que el trabajador busque una nueva fuente laboral a efectos de tener una subsistencia digna, esta finalidad lógicamente no puede ser aplicada a una trabajador fallecido por que este no requiere tiempo para buscar una nueva fuente laboral, ni mucho menos a sus herederos en razón a que dicho derecho es de carácter personalísimo y por que a tiempo de materializarse la desvinculación del trabajador, el empleador no ha tenido ninguna intervención.

 

Al presente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tiene como propuesta un  Anteproyecto de Código de Trabajo que puede ser obtenido en la pagina web de dicha cartera de Estado, documento que habría sido remitido a diferentes organizaciones gremiales de índole laboral, para su correspondiente revisión y consideración para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dentro de este Anteproyecto, que seguramente será minuciosamente observado por distintos sectores sociales, se ha podido detectar sobre el caso que nos ocupa (desahucio y fallecimiento del trabajador), que el documento adolece de notarias carencias doctrinales, y en consecuencia, contiene erróneos artículos que contradicen de forma categórica las lógicas conclusiones y finalidades legales con relación al pago del desahucio.

 

En principio es necesario puntualizar, que este nuevo anteproyecto del Código de Trabajo, no establece la facultad del empleador de emitir el preaviso de retiro, debido seguramente al principio de inamovilidad y estabilidad laboral determinado en el Art. 120, salvo extrañamente en el caso de la “Trabajadora o Trabajador Asalariado del Hogar” tal cual lo prevé el Art. 83 de dicho Anteproyecto, entendiéndose en consecuencia que únicamente se podría emitir el preaviso de retiro a las trabajadoras del hogar y no así a otras trabajadoras que no tenga ese calidad.

 

Por otro lado, con relación a la rescisión del contrato de trabajo, el numeral V del Art, 198.- (Resolución y Rescisión del Contrato) establece que “en caso de rescisión del contrato se pagaran los beneficios sociales incluyendo el desahucio cuando esta sea atribuible al empleador”, para seguidamente el numeral VI determinar que “No se pagará el desahucio cuando la causal de rescisión sea atribuible a la trabajadora o al trabajador”

 

Al parecer, estos parámetros para que se genere el derecho a percibir el pago del desahucio, así como la finalidad doctrinal misma que acarrea este concepto (omisión de preaviso y cubrir el tiempo considerado como prudencial (90 días) para que el trabajador busque una nueva fuente laboral a efectos de tener una subsistencia digna), no han sido considerados dentro del mismo Anteproyecto, toda vez que de forma por demás incongruente, el Art. 209º (PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES POR MUERTE DE LA TRABAJADORA O DEL TRABAJADOR) establece en su inc. a) que “en caso de muerte de la trabajadora o del trabajador, que no sea a consecuencia de accidente de trabajo sus herederos tendrán derecho a recibir la indemnización correspondiente a sus años de servicios así como al desahucio”, lo cual significa que el empleador (en caso de aprobarse íntegramente este artículo por la Asamblea Legislativa Plurinacional) deberá cancelar a los herederos del trabajador fallecido el desahucio sin que la desvinculación del trabajador sea atribuible a su persona, en contravención a lo dispuesto por el mencionado numeral V del Art. 198, lo cual, asimismo, significaría desnaturalizar la finalidad que implica el pago de este derecho laboral. Corresponderá al Ministerio de Trabajo justificar, cual es el objetivo y la finalidad actual dentro del Anteproyecto de establecer el pago del desahucio como efecto de la fallecimiento del trabajador cuando, la doctrina laboral ha determinado coherentemente los fundamentos legales y de índole social que motivan el pago de este concepto y que se hallan expuestos de forma resumida líneas arriba.

 

En tal sentido, y para efectos de lo dispuesto por el Art. Artículo 49. I. de la Constitución Política del  stado, será pues obligación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tomar en cuenta debidamente los alcances, objeto, efectos y finalidad del derecho denominado desahucio a tiempo de que en su caso, este Anteproyecto del Código del Trabajo sea considerado en dicho Órgano Legislativo del Estado.

 

Dr. Natalio Zegarra

 
 

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