Acción de Protección de Privacidad en el Nuevo Ordenamiento Constitucional
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CIL-MARZO-2010 Dentro del ordenamiento jurídico de todo Estado de Derecho los recursos constitucionales son de vital importancia para garantizar los derechos de sus ciudadanos. Es así que las “acciones de defensa” a las que se refiere el texto constitucional vigente, en su Primera Parte, Capítulo Segundo, nos remiten a aquellos mecanismos de resguardo de los derechos establecidos por dicha norma suprema. Dentro de esos mecanismos, tenemos a la Acción de Protección de Privacidad, que fue incorporada a nuestra legislación constitucional en la Constitución del año 2004, con el nombre con el cual se la conoce en la mayoría de las legislaciones del mundo, es decir la del “Habeas Data”.

 

Este recurso puede conceptualizarse a decir del autor nacional José Antonio Rivera Santibáñez, como “…una garantía constitucional de carácter procesal para la protección de los datos personales, aquellos que forman parte del núcleo esencial del derecho a la privacidad o a la intimidad de una persona, frente a la obtención, almacenamiento y distribución ilegal, indebida o inadecuada por entidades u organizaciones pública o privadas.

 

Esta garantía constitucional otorga a la persona, sea natural o jurídica, la potestad y facultad, el derecho a acudir a la jurisdicción constitucional para demandar a los bancos de datos y archivos de entidades públicas o privadas con el fin de que permitan el conocimiento, la actualización, la rectificación o supresión de las informaciones o datos referidos a ella, que hubiesen obtenido, almacenado y distribuido”.

 

Muchos son los países que han incorporado el Habeas Data a su legislación y varios lo han hecho en su texto constitucional, la garantía del derecho a la intimidad de sus ciudadanos y disposiciones claras para el tratamiento de datos personales. En Ibero América tenemos varios ejemplos. La Constitución Colombiana en el artículo 15 señala: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay lo hacen incorporando la figura del Habeas Data en sus Constituciones, aun cuando con alcances diferentes.

 

Así, mientras en Brasil se permite a la persona obtener datos de registros gubernamentales o privados, ampliando esa capacidad a la posibilidad de demandar su rectificación, en Paraguay se amplio el derecho no solo a la rectificación sino también a la destrucción del registro y a inquirir la información del uso y finalidad de los datos registrados. En el Perú, se permite requerir información de cualquier entidad pública, excepción de las que se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional y se garantiza “que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal o familiar”. La Ley 26301 que regula en este país  el procedimiento de aplicación del “Habeas Data” no habla de la supresión del registro y se refiere a la publicación de  na rectificación previamente solicitada y presentada por el demandante, al iniciarse la acción.

 

Portugal y España entre otros países europeos, mantienen vigentes leyes especiales que regulan la defensa de los derechos que estamos tratando. Este ultimo país, por ejemplo tiene aprobada una Ley Orgánica de Regulación del tratamiento de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), la cual de acuerdo a lo que ordena su Constitución, limitara el uso de la informática para proteger el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

 

Mediante esta ley, se regulan claramente los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere a la protección de datos y crea la Agencia de Protección de datos, la cual se encarga de controlar el cumplimiento de la Norma y recibir las reclamaciones de los ciudadanos. La Comunidad Europea por su parte ha aprobado una Directiva que en su Art. 1.1 señala: “los Estados miembros garantizaran, con arreglo a las disposiciones de la presente directiva, la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, del derecho a la intimidad en lo que respecta al tratamiento de derechos personales”.

 

De ello podemos inferir que el recurso constitucional que nos ocupa merece el reconocimiento de la mayoría de las legislaciones en el mundo por la importancia que reviste actualmente la protección de los datos personales, dado el crecimiento acelerado de la tecnología que permite almacenar dichos datos en medios magnéticos, electrónicos e informáticos, los cuales pueden ser usados muchas veces en perjuicio de las personas, afectando su derecho a la intimidad, a su privacidad y a su honra y reputación, tal como lo refleja el artículo 130 numeral I de la Constitución vigente. La finalidad del recurso será por tanto la de evitar el abuso informático, sin embargo el abuso no necesariamente deberá ser un requisito previo para la existencia, pues este podrá interponerse también para preservar la confidencialidad y la reserva de ciertos datos inherentes a la dignidad, el honor, la privacidad, etc.

 

Por todo lo expresado, el recurso como tal puede ser de amplio uso para proteger los derechos inherentes a la personalidad y que se hallen mellados o amenazados por la informática y el manejo que se tiene de los datos personales a través de ella, sin embargo aun no es muy utilizada, esto quizás por su relativa reciente introducción a nuestra legislación constitucional, es así que apenas cuatro acciones de este tipo fueron tramitadas en el Distrito Judicial de La Paz (Distrito que tiene una de las mayores cargas procesales del país), en la Gestión 2009, esto de acuerdo al informe anual presentado.

 

De todas maneras este último aspecto no resta importancia a la acción de protección privacidad, que se constituye en una garantía muy importante para precautelar derechos que en el pasado no se hallaban debidamente protegidos.

 

Dr. Jorge Oporto Navajas

 
 

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