El Amparo Constitucional en los Arbitrajes de Bolivia
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CIL-JULIO-2010 El arbitraje tiene la ventaja de llevarse a cabo en única instancia. El único remedio jurídico habilitado legalmente en la Ley 1770 para impugnar el laudo arbitral definitivo, y no interlocutorio, es el llamado Recurso de Anulación. Dicho recurso procede únicamente con la existencia de cualquiera de las nueve causales establecidas en el articulo 63, no pudiendo fundamentar su pretensión sobre otros motivos, debiendo observar obligatoriamente las causales tasada en nuestra Ley No. 1770, Ley de Arbitraje y Conciliación (en adelante LAC).
 
 
Sin embargo, cuando la parte recurrente acude a la compulsa (Art. 65 LAC), y el juez competente rechaza el Recurso de Anulación, si el recurrente verdaderamente siente que se ha vulnerado la garantía al debido proceso (Art. 115 C.P.E.) durante el proceso arbitral, entonces, en ese caso, la parte agraviada sí podrá interponer un amparo constitucional. No obstante, debe entenderse que el amparo esta dirigido contra la resolución de la autoridad judicial competente que rechazó el recurso de anulación y no contra el tribunal arbitral.
 
 
El artículo 63-III de la Ley 1770 tiene como causal de anulación la imposibilidad para ejercer el derecho a la defensa, que implica a su vez toda vulneración al debido proceso como garantía constitucional, por lo tanto, la parte agraviada tendrá derecho a interponer el recurso de anulación del laudo fundamentando su pretensión en la causal citada, por tanto, es deber del juez de partido de turno en lo civil del correspondiente Distrito Judicial (Art. 64-II LAC), quien lo sustanciará conforme el Código Adjetivo Civil, debiendo analizar cuidadosamente los hechos que generaron la vulneración a la garantía constitucional del debido proceso y evitar la indefensión del agraviado.
 
 
Dado que estamos ante derechos y garantías constitucionales, y puesto que su inobservancia atentaría contra la seguridad jurídica y por ende el orden publico nacional, es vital poder gozar de una tutela constitucional que nos garantice el derecho a la defensa y debido proceso. Por lo tanto, nos animamos a afirmar que la vía de amparo, si bien no procede durante el proceso arbitral, esta habilitada y consagrada por la Lex Suprema, y procederá contra toda resolución judicial en general y en particular “contra toda sentencia que resuelva la pretensión de anulación del laudo.” (REMON Jesús, Anulación del Laudo, Parte I - El marco general y algunos problemas, ponencia preparada para el II Congreso Internacional del Club Español del Arbitraje, Madrid, junio 2007, p. 121.)
 
 
Lo que debe quedar claro es que los árbitros no pertenecen al poder público, por lo tanto sus actos no son susceptibles de ser revisados por el amparo constitucional. No olvidemos que los árbitros son particulares nombrados por las partes para que decidan sobre la suerte de sus derechos, por lo tanto, son terceros privados que no pertenecen al poder publico estatal, no son autoridades judiciales, sino, jueces privados que revisten de una jurisdicción arbitral de forma temporal, su juicio cae sobre derechos disponibles que solo afectan a las partes.
 
 
El amparo procede contra los órganos estatales. El juicio de amparo procede contra toda autoridad estatal responsable por los actos realizados, los cuales hayan ocasionado una vulneración a las garantías constitucionales de las partes. Por ultimo, cabe resaltar un elemento característico de toda autoridad estatal del cual carece el tribunal arbitral: imperium.
 
 
En ese sentido, tenemos el Recurso de Anulación del laudo arbitral que, como única vía de impugnación del laudo, es utilizada justamente para revisar la forma en que fue dictado el laudo y así prever que también se hayan respetado los derechos de las partes. Por lo tanto si comparamos la aplicación del Recurso de Anulación con el Amparo Constitucional, vemos que ambos están destinadas a revisar lo mismo: la validez formal del arbitraje.
 
 
Existen autores que discrepan con la idea de habilitar la vía de amparo en el arbitraje; El jurista peruano Carlos Cueva Morales asevera que ”estando ya prevista la existencia del Recurso de Anulación destinada a verificar la validez de un arbitraje, no cabe admitir una vía judicial paralela -la acción de amparo- para cuestionar un laudo por las mismas razones”.
 
 
En ese sentido, el Dr. Gualtiero Martín Marchesini señala que ”los árbitros tienen como función inclaudicable e inalienable la apreciación de los hechos y la aplicación regular del derecho y el laudo que dicten en esas condiciones será inapelable. Los únicos recursos ordinarios admisibles en el arbitraje son el de aclaratoria que se interpone ante los mismos árbitros dictantes del laudo y nulidad que se interpone ante los árbitros para que resuelva el Superior.”.
 
 
Nosotros, en particular, creemos que sí necesariamente debe existir un órgano superior que controle y garantice nuestros derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, y como explicamos anteriormente, el amparo procede únicamente contra las sentencias judiciales pronunciadas sobre la anulación del laudo y no contra los árbitros y el laudo arbitral ya que para ello la Ley 1770 ha habilitado el recurso de anulación. Sin embargo, es cierto que el amparo es interpuesto contra los árbitros mismos. 
 
 
Ésta intromisión del recurso de amparo (ahora Acción de Amparo) se ve bastante en los procedimientos arbitrales llevados a cabo en nuestro país, el cual es interpuesto por distintas razones. Como precedente y para dar un claro ejemplo en ese sentido, podemos apreciar lo expresado en la Sentencia Constitucional 1892/2004-R. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario, es decir, en Bolivia existe una tendencia errada de interponer la Acción de Amparo Constitucional contra los árbitros mismos (S.C. 1892/2004- R), generando -desafortunadamente- una extremada intromisión jurisdiccional sobre la institución arbitral.
 
 
Debemos recalcar y aseverar que el Amparo Constitucional constituye una acción extraordinaria que no encuentra su ámbito de aplicación en la vía arbitral, por consiguiente, en aras de mantener la eficacia y respetar los principios del arbitraje, que a su vez imprime ventajas importantes, es menester concientizarse de que el sometimiento al arbitraje es voluntario, y si las partes quieren o pretenden tener a su alcance las impugnaciones ordinarias y/o extraordinarias, pues deberán dejar de lado el convenio arbitral y litigar en los estrados judiciales. 
 
 
Dr. Brian Haderspock
 
 

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