El Bono de Antigüedad y el “Servucto”
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CIL-FEBRERO-2011 El bono de antigüedad consiste en una remuneraron de carácter adicional al sueldo o salario que se encuentra supeditado al tiempo de servicios prestado por el trabajador. El artículo 60 el Decreto Supremo No. 21060 estableció la escala única aplicable del bono de antigüedad a todos los sectores labores, haciéndose efectivo el pago de este concepto a aquellos trabajadores que hubieran cumplido un mínimo de dos años ininterrumpidos de trabajo a favor de un empleador. 
 
 
Asimismo, se tiene que en función a la “racionalización” del bono de antigüedad, se dispuso que para los trabajadores de los sectores Público y Privado la escala del Bono de Antigüedad, se calculara sobre el salario mínimo nacional mensual. Posteriormente, el poder Ejecutivo dispuso la ampliación de la base de cálculo del Bono de Antigüedad, de un salario mínimo a dos salarios mínimos nacionales para los trabajadores de las empresas productivas del sector público y privado. Posteriormente, el Decreto Supremo No. 23474 de 20 de abril de 1993, señaló que el cálculo para el bono de antigüedad debe efectuarse sobre tres salarios mínimos nacionales para los trabajadores de las empresas productivas del sector público o privado, respetándose los acuerdos establecidos en convenios de partes sobre esta materia.
 
 
Finalmente, y para efectos de aplicación sobre el sector público, el artículo 11 del Decreto Supremo No. 24067 de 10 de julio de 1995, dispuso que "El cálculo del Bono de Antigüedad de las empresas públicas productoras de bienes o proveedoras de servicios se efectuará sobre tres salarios mínimos nacionales y de acuerdo a la escala prevista en el Decreto Supremo 21060…” Con relación a la aplicación del bono de antigüedad al sector privado, si bien las disposiciones legales sobre este tema no determinan ni definen cuales son las características propias y las diferencias entre “empresa productivas” y “empresa no productivas”, en la practica se ha logrado diferenciar unas de las otras en un sentido amplio y general, en función a la producción o no de un bien, mercadería o producto físico, y en todo caso, empresa productiva (llámese fábrica, industria, manufactura, etc.) se entiende por aquella involucrada en el proceso de creación y/o transformación de bienes materiales y por tanto, empresas no productivas estarían referidas a las entidades prestadoras de servicios intangibles de cualquier naturaleza, con o sin fines de lucro.
 
 
A raíz de ello, se ha diferenciado de manera general el pago del bono de antigüedad en razón a la productividad o no de la empresa, es decir, si la empresa realiza actividades productivas, el bono de antigüedad debe ser calculado en base a tres salarios mínimos, de lo contrario, si se trata de una empresa prestadora de servicios, el citado concepto debe ser calculado en base a un salario mínimo. Empero, sobre el tema en cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación, - seguramente en aplicación analógica con lo dispuesto por citado el artículo 11 del Decreto Supremo No. 24067-, ha determinado una nueva jurisprudencia mediante la cual define por empresa productiva “a toda empresa que produce utilidades y ganancias, mediante el aparato productivo que se encuentra constituido por todos los medios e instrumentos con que cuenta una economía para producir bienes y servicios cuyo resultado son los productos (manufacturas) y los "servuctos", de acuerdo al aporte de la moderna ciencia de la Administración, referida a la gradual desaparición de la frontera entre producto físico y servicio intangible” Concluyendo en todo caso, que el hecho de que la empresa logre obtener “utilidades, consiguientemente, se encuentra sujeta a la normativa del Decreto Supremo No. 23474 de 20 de abril de 1993”, es decir, que es procedente el cálculo del bono de antigüedad tomando en cuenta tres salarios mínimos nacionales. (Auto Supremo Nº 207 de 18 de junio 2.008; Auto Supremo Nº 468 de 22 de diciembre de 2.008 y Auto Supremo Nº 93 de 17 de marzo 2.009 todos de la Sala Social y Administrativa Segunda). 
 
 
Para entender el concepto de “servucto”, podemos citar a Dionisio Escarabajal quien señala que “es un servicio que se intenta definir y materializar como un producto o, a la inversa, un producto al que se le agregan un conjunto de servicios para mejorarlo”. Asimismo, Claudio De Simony, manifiesta que “El término servucción para los servicios, vendría a ser lo mismo que el de producción a los productos. Es decir es el proceso por el cual se genera un servicio. Lo primero que hay que diferenciar entre estos procesos, es que la producción de un bien siempre se genera en una instancia anterior al consumo del mismo. Se fabrica un auto, un televisor o cualquier otro bien, y luego se lo consume. En los servicios, la generación del servicio (la servucción del mismo) se produce en el mismo momento en que se es consumido, es decir durante el consumo. Por ejemplo: Un corte de cabello se realiza a partir que uno ingresa a la peluquería.” 
 
 
No está del todo claro si este nuevo concepto de “servucto” se halla planamente aceptado y reconocido dentro del ámbito de la moderna ciencia de la administración, sin embargo, lo que queda claro es la latente contingencia económica-empresarial que la nueva línea jurisprudencia puede generar en caso de mantenerse, en el entendido de que aquellas entidades privadas que se consideren como “no productivas” (prestadoras de servicios intangibles), y que efectuaron y continúan efectuando el calculo del bono de antigüedad sobre un salario mínimo nacional sin considerar para ello la obtención o producción de utilidades y ganancias, a futuro podrían ser pasibles a fiscalizaciones y/o reclamaciones administrativas o judiciales en función al “errado” calculo en que habrían incurrido.
 
 
Corresponderá a las autoridades pertinentes emitir las disposiciones legales que regulen de formar clara, precisa e inequívoca la aplicación de la base del cálculo del Bono de Antigüedad sin que exista posibilidad de generar diversas y antagónicas interpretaciones, o en su caso, se debe proceder a uniformar la jurisprudencia existente sobre el tema analizado.  
 
 
Dr. Natalio Zegarra Ribera 
 
 

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