La Formación de los Tratados Internacionales
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CIL-AGOSTO-2009 En el ámbito del Derecho Internacional Público, la génesis y fuente primigenia de las obligaciones que se establecen entre los diferentes Estados del mundo se encuentra en los Tratados Internacionales, que también pueden ser denominados equivalentemente como Convenios, Convenciones, Acuerdos, Pactos, etc., dependiendo dicha denominación del objeto sobre el cual versan cada uno de ellos, sea en materia de Derechos Humanos, medio ambiente, cooperación económica, protección de inversiones, paz y amistad, cooperación judicial, arbitraje, tributación, etc.

En cualquiera de los casos, el proceso de elaboración de todo Tratado es siempre complejo, y por lo general, comprende el cumplimiento de una serie de etapas sucesivas que permiten su perfeccionamiento formal.

 

Entre dichas etapas encontramos en primer término a la negociación de los términos y estipulaciones que serán parte integrante del Tratado, y seguidamente, si éstas negociaciones son conducidas exitosamente se pasará a la firma del mismo, para lo cual es requisito primordial que los personeros que actúen en calidad de suscriptores, ostenten plena capacidad y atribuciones de parte del Estado que representan, puesto que es una condición esencial de validez de los Tratados que quienes los suscriben o firman, se encuentren legalmente autorizados para dicho efecto.

 

Una vez vencidas las fases de negociación y suscripción, corresponde al Poder u Órgano Legislativo de cada Estado Parte, que proceda a considerar el texto del Tratado, pudiendo ratificarlo, rechazarlo, observarlo o finalmente suspender su tratamiento sin fijar una fecha concreta para ello. Sin embargo, en esta fase también puede ocurrir, especialmente por motivos históricos que a nadie resultan desconocidos, que el Tratado se llegue a ratificar por un Órgano distinto del Órgano competente señalado por la Constitución de cada Estado, falencia ésta que en el Derecho Internacional Público se conoce como ratificación imperfecta, siendo éste un tema largamente discutido en la doctrina que se divide radicalmente entre posturas que reclaman la validez del tratado con base en la responsabilidad que toca a cada Estado, y otras opiniones jurídicas que por el contrario indican que el Tratado ratificado de esa manera estaría viciado de nulidad.

 

Posteriormente a la etapa de ratificación, y al igual que ocurre con toda otra Ley, el Presidente del Estado es el encargado de promulgar la Ley de Ratificación, dando lugar a que posteriormente los Estados Parte procedan al canje de los respectivos instrumentos ratificatorios quedando de esa forma constancia documental y fehaciente del perfeccionamiento del Tratado.

 

La Ley Ratificatoria es publicada en el Órgano Oficial de Difusión de cada Estado, que en Bolivia resulta ser la Gaceta Oficial, creada mediante Ley de 17 de diciembre de 1956, misma que por lo usual omite la publicación in extenso el texto del Tratado ratificado, que también, y dependiendo del caso, puede ser registrado en la Organización de Naciones Unidas.

 

Asimismo, en nuestro país, la Constitución establece también como mecanismo de ratificación de un Tratado el referendo popular, cuando se trata de cuestiones limítrofes, integración monetaria, integración económica estructural, cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales, en el marco de procesos de integración, o finalmente cuando así lo soliciten el cinco por ciento de ciudadanos registrados en el padrón electoral o el treinta y cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Legislativa.

 

Finalmente, es importante remarcar que el Artículo 258 de la Constitución Política del Estado prevé la aprobación de una Ley que regulará el proceso de celebración de Tratados Internacionales, debiendo ser ésta una de las más importantes tareas a ser encarada con la mayor responsabilidad por parte de los Legisladores, quienes deberán tomar en consideración la normativa internacional como así también la vasta experiencia consuetudinaria que rige actualmente en el Derecho Internacional Público.

 

René Claure Veizaga

 
 

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